Gabriel Corchado

Gabriel Corchado es director interino de la agencia desde 2017. 

En la década pasada, la oficina a cargo de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que protegen a las personas con impedimentos ha perdido el 75% del presupuesto.

Lo que ahora se conoce como la Defensoría de Personas con Impedimentos perdió también más del 25% de los sobre 80 empleados públicos que tenía hace diez años.

La oficina recibe cerca de $2 millones al año en fondos federales, además del dinero del fondo general. Una evaluación del presupuesto de esta agencia en la última década revela que ha ido en picada, más significativamente desde que fue eliminada como procuraduría y quedó adscrita al ejecutivo como una defensoría.

En 2011 se le garantizaba a la entonces Procuraduría de Personas con Impedimento un presupuesto del fondo general de $4 millones. Para 2016, esa cantidad bajó a $3.6 millones. Ya en 2017—luego de implementarse la ley que cambió los rumbos de la agencia— la asignación presupuestaria fue de $1.5 millones y, desde entonces, se ha mantenido cercana a esa cantidad.

Gabriel Corchado es director interino de la agencia desde diciembre de 2017. La agencia está en sindicatura desde 2016.

Según explicó Corchado, la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) les asignó un síndico para velar por los fondos federales que recibe la oficina porque desde 2012 no sometían evidencia de los gastos.

“La oficina sigue corriendo, pero toda aprobación de presupuesto tiene que pasar por una aprobación”, explicó el funcionario, quien aseguró que ya están cumpliendo con el requerimiento de evidenciar los gastos.

Puntualizó que esperan por la firma del proyecto de ley que le devolvería la independencia a la agencia y que ya está en manos del gobernador Pedro Pierluisi.

Esperan, además, que Pierluisi designe la persona a dirigir la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, creada mediante ley en agosto de este año. El gobernador tiene hasta el 5 de noviembre para hacer este nombramiento.

Corchado se defendió de las críticas a la gestión de la agencia y sobre la falta de urgencia para radicar casos contra el gobierno por incumplir con las leyes vigentes.

El funcionario aseguró que están atendiendo todas las querellas y reiteró que trabajan con falta de recursos. Detalló que como director de la agencia realiza varias funciones y que oficinas que antes tenían diez empleados, ahora operan con uno.

Según los datos ofrecidos por la agencia, tienen 2,540 solicitudes de servicio.

Según Corchado, la mayoría de estas peticiones —2,386— son una solicitud de información o asistencia y no necesariamente un caso por incumplimiento de servicios.

“Todos estos casos están siendo atendidos”, aseguró Corchado. “Tan pronto llega una persona a nuestra oficina, se identifica si es una persona con impedimento, qué impedimento y qué servicio requiere. Hay algunos que lo que necesitan es información”, expresó al negar que haya querellas sin atender.

El caso judicial más reciente contra el gobierno se sometió contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por la falta de acceso para los votantes con discapacidad.

Gabriel Esterrich Lombay, coordinador de programas federales en la defensoría, informó que la CEE no cumplió con lo dispuesto en la ley federal ni en las primarias ni en la elección especial de delegados al Congreso de los Estados Unidos.

“De todos los eventos que hemos trabajado desde 2004 al presente, hubo mejoría poco a poco. Pero lo que pasó en 2020, si fue traumático para la población en general, para la población con impedimentos fue peor”, resaltó Esterrich Lombay.

“No hubo accesibilidad tecnológica. En 2016, teníamos el voto por teléfono, ya en 2020 no lo hubo. No había sistema braille y tuvimos que ir al tribunal para darle ese acceso a una persona ciega en Bayamón y fue la única manera en que logramos eso”, relató.

EL VOCERO solicitó a La Fortaleza una explicación sobre por qué no se ha designado un director en propiedad y no hubo respuesta al cierre de esta edición.