Protesta contra el PAD

El punto de mayor división en el Plan de Ajuste de la Deuda es el recorte en las pensiones a los empleados públicos. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

En medio de la disputa pública con los presidentes legislativos por la inclusión de una serie de enmiendas al proyecto que viabilizará el pago de la deuda y que la Junta de Control Fiscal (JCF) asegura pondría en riesgo los acuerdos alcanzados hasta ahora con los acreedores, el ente sigue adelante con el trámite ordinario del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) con la presentación del documento de suplemento al plan.

El documento —de más de 500 páginas— forma parte del PAD y provee la base legal que regirá la creación de los fideicomisos que velarán por el cumplimiento del plan.

En el suplemento se proveen las instrucciones a seguir para crear los fideicomisos, autorizar la emisión de deuda, establecer las condiciones y el calendario de pagos y detallar las condiciones bajo las cuales se podrían enmendar estos acuerdos.

Junto al PAD, la puesta en vigor del documento de suplemento está condicionada a la evaluación de la jueza a cargo del caso de Título III (quiebra), Laura Taylor Swain, acción que podría consumarse el próximo mes cuando el tribunal tenga ante su consideración el plan.

No obstante, si la Legislatura no aprueba el proyecto que viabiliza el PAD o si la junta no avala el proyecto aprobado, la vista de confirmación del plan —pautada para el 8 de noviembre— no se podrá celebrar.

Una de las notas al calce del documento de suplemento reitera el rechazo de la junta fiscal a las dos versiones del Proyecto 1003 de la Cámara.

El pasado viernes, el ente fiscal envió una declaración contundente en la que advirtió que el costo de las enmiendas consideradas en ambas cámaras legislativas tornaría imposible la confirmación del PAD, lo que pondría a la junta en la obligación de retirarlo y comenzar desde cero.

“Las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. Al día de hoy desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos. Desconocemos si los acreedores aceptarán renegociar o solicitarán que se levante la moratoria en el pago de la deuda vigente en este momento, lo que obligaría al gobierno a pagar la totalidad de la deuda ahora”, reza la declaración publicada por la junta fiscal el pasado viernes.

El organismo regulador también advirtió que los acreedores mantienen el derecho de retirarse del acuerdo de apoyo al plan (RSA en inglés), lo que conllevaría un cargo de cancelación de $100,000 a ser pagado a los acreedores de inmediato.

Apertura a la negociación

Ayer en la mañana el integrante de la junta, Antonio Medina, advirtió en entrevista radial (WSKN) que las enmiendas presentadas no son compatibles con la visión del ente fiscal.

En el caso de la versión aprobada por el Senado, Medina enfatizó que las condiciones incluidas en el proyecto para confirmar el PAD aumentarían por miles de millones de dólares los costos relacionados al plan.

“Deja de ser efectiva la legislación para intercambiar los bonos. Y con este tipo de lenguaje no podemos trabajar”, apuntó Medina.

La versión del Senado del P de la C 1003 establece 10 condiciones adicionales para la aprobación de la medida que a su vez obligaría a la junta a enmendar el plan fiscal actual.

Esas condiciones incluyen la protección del 100% de las pensiones sin recortes, la asignación de $500 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), asegurar los fondos para el funcionamiento de los municipios y establecer como meta el acceso a seguro de salud al 100% de la población.

En cambio, la versión de la Cámara establece un fondo extraordinario que se nutriría de una asignación anual del Fondo General y que sería destinado principalmente al recogido y disposición de basura y escombros y a programas de reciclaje.

Aunque Medina se cantó optimista de que reanudarán negociaciones con la Legislatura en aras de aprobar una versión del P de la C 1003 que no introduzca gastos adicionales al plan fiscal certificado, las conversaciones se han detenido debido a que los presidentes del Senado y de la Cámara, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, respectivamente, se encuentran fuera del País.

Hernández regresa a la Isla antes del viernes, mientras que Dalmau llegará la próxima semana.Piden seguir el diálogo

Desde el lado del Ejecutivo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se mantiene evaluando las versiones del PAD y el documento suplementario que lo acompaña.

En declaraciones a EL VOCERO, la agencia insistió en que “los términos económicos incluidos en el plan de ajuste incluyen muchos aspectos positivos para Puerto Rico. No obstante, continuamos evaluando junto a nuestros asesores las versiones finales presentadas por la junta”.

Sin embargo, aunque entienden que ambas versiones del P de la C 1003 cumplen con el objetivo primordial de autorizar una emisión de bonos, la Aafaf aludió a que favorecieron la versión aprobada originalmente por la Cámara por entender que “proveía un mecanismo adecuado, aunque no perfecto, para poder salir de la quiebra y de la junta”.

En la medida que persista el tranque con el proyecto de ley, el proceso para la confirmación del PAD se mantiene paralizado y por tanto el tribunal de Título III no podrá comenzar el proceso de evaluación durante las vistas pautadas para principios de noviembre.

La Aafaf reconoce estas circunstancias e insiste en que las conversaciones entre la Legislatura, la junta fiscal y el Ejecutivo deben continuar con el fin de alcanzar un acuerdo de consenso entre las partes.

“Estamos trabajando para lograr esa meta y reconciliar las diferencias en el diseño aprobado del plan de ajuste, para de esta manera viabilizar la reestructuración de la deuda sin afectar los mejores intereses de todo Puerto Rico”, dijo la agencia a este medio.