Diversidad funcional

El personal de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) ofreció la semana pasada un taller de accesibilidad de personas con impedimentos para trabajadores de municipio de Guaynabo. 

Nota del Editor: Esta es la segunda entrega de la serie “Camino de impedimentos” y que ilustra lo que representa vivir en Puerto Rico con diversidad funcional.

Para la mayoría de las personas, buscar información sobre los servicios del gobierno es un trámite que no toma más de dos o tres clics en la pantalla del celular. La historia es muy distinta para las personas con impedimentos visuales porque el gobierno aún no cumple con la ley aprobada en 2003 que obliga a que se garantice a esta población el acceso a la información.

Gran parte de las páginas de internet de las agencias públicas no cuentan con la configuración que le permitiría a una persona ciega o con problemas visuales obtener información sobre los servicios públicos.

Enrique Völckers Nin, principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (Prits) y encargado de trabajar con estas páginas web, identificó dos páginas del gobierno que sí cuentan con servicio para personas ciegas: la de La Fortaleza y la de la agencia que él dirige.

Aseguró que hay otras que cuentan con el servicio, pero no precisó cuáles. Una de las agencias que no tiene este servicio en su página es la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

“Tengo que hacer el análisis de cuántas agencias están cumpliendo. Había una división de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) que se encargaba de vigilar por este cumplimiento. Cuando se crea Prits, eso pasa a una división de portales y esos son los que están trabajando para rehacer estas plataformas. Hicimos una alianza con la defensoría y se está trabajando con un comité asesor de accesibilidad digital. Tuvimos una primera reunión y estamos coordinando una segunda”, adelantó Völckers Nin.

Ismael Figueroa trabaja en la defensoría como oficial de relaciones con la comunidad. Sostuvo que para las personas ciegas como él, la falta de accesibilidad a la información de las agencias y sus servicios es uno de los principales problemas para los ciegos y las personas con problemas visuales.

“Estamos en un momento en que la tecnología ha cambiado mucho y todos los servicios están accesibles en línea. Necesitamos que sean accesibles y fáciles de usar, que permitan los ‘voice over’ de los teléfonos celulares porque muchas veces las páginas les ponen cuadritos y adornos bien lindos y cuando los ciegos pulsamos, lo que nos dice es que hay una imagen”, relató. “Lo que decimos los ciegos es que lo pongas, pero ponle un enlace de manera tal que esté impreso y el teléfono pueda leerlo. Si me envías un documento en PDF el ‘voice over’ del celular lo que va a decir es que hay una imagen. Hay maneras de cumplir para que ese texto llegue a las personas”, apuntó.

El gobierno podría tomar otras medidas, indicó, como asegurar que los semáforos y los elevadores tengan la opción de voz para avisar a las personas que no pueden ver.

“No toda la población ciega sabe braille. Hay personas mayores que han perdido la capacidad de leer braille. Algunos han aprendido y otros no”, declaró.

En 2003 se aprobó la Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos (Ley 229). Esa ley se enmendó en 2016 y 2019 para aclarar el alcance y las responsabilidades de cada agencia en el cumplimiento con esta legislación.

Se le preguntó a Völckers Nin para cuándo esperan completar al menos el cambio en la página de la defensoría para garantizar que las personas con impedimentos visuales puedan tener la información sobre esta agencia.

“Es una de las páginas que estamos ahora mismo desarrollando con otros 18 portales como DTOP, Seguridad Pública, Ombudsman, Instituto de Cultura y Recursos Naturales y la misma página de pr.gov. Tenemos un grupo de 18 portales que estamos trabajando para poder hacer ese lanzamiento de esa estructura”, contestó el funcionario. “Antes de que acabe el año calendario esperamos hacer el lanzamiento de estos nuevos portales. Tenemos 18 en construcción y hay como siete u ocho listos. Esto va a ocurrir dentro del próximo mes y medio”, adelantó.

Señala incumplimiento

Juan José Troche es abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y trabaja con el programa SAL por los sordos. Denunció que el incumplimiento con esta ley es un riesgo para la población que más podría beneficiarse de tener acceso a estas páginas y realizar trámites desde sus celulares o computadoras.

“Como no está la reglamentación adecuada, no se implementa la política pública correctamente y eso hace que la legislación no se pueda cumplir a cabalidad”, expresó. “Hace falta accesibilidad para las personas ciegas, para las personas sordas, que la información esté en lenguaje de señas, acceso para las personas que necesitan una letra más grande. Esos otros formatos y otros programas existen, pero obviamente no están cumpliendo con eso”, puntualizó.

El gobierno, agregó, no cumple con su responsabilidad con solo poner intérpretes de lenguaje de señas en las conferencias de prensa.

“Tienen que ir más allá. Hay que lograr que la información pública esté accesible. Que los sordos sepan cuándo llega la obligación de rendir planillas, que puedan acceder a información contributiva, a SURI. Lo que se pide es ni más ni menos, que seamos tratados igual y que se le dé el servicio como a cualquier otro ciudadano”, manifestó Troche.

Invisibilizados en las comunicaciones

La profesora Maribel Báez Lebrón, catedrática de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-Río Piedras), escribió su tesis doctoral sobre la inclusión de las personas con discapacidades en la cobertura mediática de los despidos bajo la Ley 7 de 2009. Encontró que de 486 reportajes publicados en un periódico de circulación general, 12 hablaban de discapacidad o diversidad funcional.

“La prensa, de alguna manera, dejó ausente un grupo que me parece que es esencial en el proceso de la crisis económica y que ese grupo de personas con diversidad funcional va a aumentar y que aumentarían también sus problemas psicosociales”, expresó.

Destacó que los medios tienen poca o ninguna representación de este sector.

“Y esto no es porque esta población no se prepare o no estén educados, es que no son considerados porque hay una falta de sensibilidad y desconocimiento”, apuntó.

“La diversidad funcional es una característica que no determina quiénes somos. El hecho de que tengan una diversidad funcional no quiere decir que no pueden aportar. Hay una mala interpretación de que la diversidad funcional es incapacidad laboral”, abundó Báez Lebrón.

Agregó que “hay un estigma porque los visualizan como personas que no son capaces de aportar y no es así. Lo que necesitamos es darles la oportunidad, integrar sus voces y sus opiniones”.