Close-up of hands of an elderly man holding onto a cane
En Puerto Rico operan alrededor de 1,300 hogares de cuidado prolongado para personas mayores de 60 años o con dificultades mentales. >Suministrada

A la lista de sectores económicos del país con problemas para reclutar empleados durante la pandemia del covid-19, se suman los centros de cuidado de personas de edad avanzada. Ante esa dificultad, algunos se han visto forzados a cerrar y otros han tenido que limitar el ingreso de pacientes mayores para poder mantener sus servicios.

Los testimonios que rindieron algunos dueños de centros de cuidado prolongado a EL VOCERO apuntan a que la falta de cuidadores y enfermeros está en su punto más “crítico” e impacta mayormente a los centros de la zona metropolitana y los cascos urbanos. El Departamento de la Familia, que concede las licencias de operación a estos centros, está consciente de la situación y ha hecho recomendaciones, pero reconocen que no es suficiente.

La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración atribuye la falta de interés de los empleados a las ayudas que reciben por la pandemia como el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA por siglas en inglés), que se termina el 4 de septiembre y el aumento en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). En un principio, prevaleció el temor de los empleados a contagiarse con el covid-19.

“Aquí (en los centros de cuidado) no podemos cerrar, estamos 24 horas y los residentes no tienen otra cosa. Ellos necesitan que les asistan, los alimenten y les den atención. Esta industria no puede parar como otras”, manifestó Juanita Aponte, presidenta de la asociación, que representa a sobre 1,100 de los 1,300 centros de cuido prolongado que operan en Puerto Rico.

De acuerdo con los datos más recientes del Censo, en la Isla la población de personas mayores de 60 años supera las 892,571 y se estima que alrededor de 30,000 viven en centros de cuidado. El sector, según Aponte, genera más de 15,000 empleos directos e indirectos.

“Tenemos la dificultad de que hay empleados a los que se les ha hecho mucho más atractivo quedarse recibiendo los beneficios del desempleo”, sostuvo Aponte, quien además es dueña de un hogar en Río Piedras.

Informó que los bonos de reclutamiento, bonos de verano, premios por empleado del mes, regalos de cenas y cupones no han sido suficientes para retener a los cuidadores y enfermeros, indicó. “Estamos contando los días, los minutos y los segundos para que llegue septiembre y estas ayudas (por la pandemia) se limiten y podamos contar con el capital humano suficiente. Las agencias reguladoras tienen que entender que no siempre vamos a poder cumplir con la cantidad mínima de personas por turnos”, precisó.

Juanita Aponte Morales

Juanita Aponte Morales es la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración. >Archivo/ EL VOCERO

Explicó que los interesados en las ofertas de empleo suelen llamar y pasar por el proceso, pero cuando llega el día del comienzo de trabajo no se reportan. “Hay mucha demanda de servicio ahora mismo, pero los hogares no quieren expandir sus operaciones por la terrible situación que hay con el recurso humano y nosotros somos una industria de servicio”, sostuvo.

Aponte indicó que en los últimos meses, al menos, cuatro centros de cuidado prolongado tuvieron que cerrar. “Es bien triste, pero es que las personas no pueden más porque no consiguen empleados, el personal no es suficiente, los dueños no tienen tiempo para descansar y la gente se va. Entonces, uno solo no se puede quedar corriendo una institución. La situación es bien crítica y si no vemos acción creo que la situación va a continuar y hay muchos que no pueden esperar hasta septiembre”, afirmó.

Una situación similar narró Daisy Andrew Ruiz, dueña de un hogar en la urbanización San Gerardo en Cupey con capacidad para 30 personas, pero debido a la falta de personal trabaja con una matrícula de 17 residentes.

“Esto ha sido fatal desde que dijeron covid-19. Las enfermeras graduadas renunciaron por miedo a contagiarse, aunque nunca nos dio el virus. Luego, llegaron las ayudas que vinieron a dañar el servicio. Hay personas que no quieren venir a trabajar ni siquiera aumentándoles el salario mínimo”, señaló.

Actualmente, tienen una lista de espera de alrededor de 18 personas que solicitaron ser admitidas en el centro. “Me llaman entre tres o cuatro veces al día para buscar espacio, pero no puedo. Si no tengo gente no puedo llenar la matrícula para no afectar el servicio. Prefiero no más admisiones y mantener la calidad del servicio”, indicó Andrew Ruiz.

“El trabajo es duro”

La labor de un cuidador de anciano en Puerto Rico no ha sido profesionalizada, por lo que puede ejercerla una persona graduada de escuela superior, pero se les exige una capacitación mínima.

“El trabajo es duro porque asistir a un adulto mayor es complejo porque ellos mismos se incomodan, se tornan agresivos y está la naturaleza del deterioro cognitivo que sufren con el envejecimiento”, dijo Aponte.

Female home carer supporting old woman to stand up from the armchair at care home
En los hogares de cuido algunos empleados renunciaron al inicio de la pandemia del covid-19 por temor a contagiarse con el virus. >Suministrada

En algunas ocasiones la tarea requiere de esfuerzo físico para darles movilidad a las personas que cuidan y de largas horas de atención.

La paga a un cuidador comienza con el salario mínimo de $7.25 la hora, pero luego aumenta según van adquiriendo experiencia.

Para operar bajo la ley los centros requieren de licencias del Departamento de la Familia. La cantidad de personal es una de las variables al momento de expedir la misma, confirmó a EL VOCERO Llelidza Santiago, directora de la Oficina de Licenciamiento de esa agencia. Además, Santiago reconoció la crisis en los centros de cuidado y afirmó que “es una preocupación compartida”.

“Me han traído esa preocupación de esa dificultad que tienen en el reclutamiento. Nosotros entendiendo esa preocupación tratamos de buscar alternativas en conjunto”, señaló la funcionaria. Indicó que le recomienda a los hogares que impongan turnos de 12 horas y que no sigan ingresando nuevas personas.

“Algunos de ellos no han encontrado alternativas y han tenido que cerrar operaciones. Es algo que lamentamos porque sabemos la necesidad del servicio, pero es una decisión que no podemos cuestionar porque son ellos los que están manejando la decisión directamente”, abundó.

Descartan aumento en tarifas

La funcionaria no precisó si hay una inclinación en el gobierno de concederles algún incentivo. “Sería algo que se podría evaluar. En nuestra oficina nosotros licenciamos y no tengo los recursos para incentivar, pero sería una excelente alternativa”, indicó Santiago.

Según Aponte, desde el comienzo de la pandemia al sector no se les ha otorgado incentivos como pasó con los enfermeros, los hospitales y otros profesionales de la salud. Opinó que pasarles el costo de la falta de personal a los residentes de edad avanzada no es una opción.

“Traducirlo en un alza en las tarifas (a los ancianos) tampoco es razonable porque muchas veces ellos dependen de su seguro social o de un familiar que también es un adulto mayor con limitaciones económicas”, expresó.

Si los dueños de centros de cuidado prolongado aumentan las tarifas también se verían afectados aquellos adultos mayores que no tienen familiares y son subvencionados por el Departamento de la Familia. “Se podría crear un problema en el propio gobierno porque no podrían con el alza en las tarifas. Entonces, qué pasaría con ese adulto mayor que está bajo custodia de Familia”, dijo Aponte.

Las tarifas de los centros de cuidado prolongado no son reguladas, aunque se ha intentado mediante legislación. “Nosotros no hemos sido incentivados como industria en esta pandemia. Hemos sido bien golpeados. Está bien si no nos dieron incentivos, pero sí ha sido crítico continuar operando por la falta de capital humano”, puntualizó.

Andrew Ruiz, en tanto, coincidió en que no se le debe pasar el costo a los ancianos. “Si entienden que hay que subir el salario mínimo pues el gobierno debe darnos una ayuda para poder sustentar y pagarles. Tengo viejitos que llevan conmigo nueve años y nos pagan $1,300, pero cómo yo le aumento si económicamente no tienen”, cuestionó. 

EL VOCERO buscó comentarios de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, que también maneja cuidos para personas, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Gerente de Asignaciones