Man threatening a woman in the bedroom

Cuando las familias se sienten hoy a la mesa a conmemorar el Día de Acción de Gracias, habrá al menos 29 sillas vacías. En lo que va de año, en la Isla han sido asesinadas 28 mujeres y una menor de edad. De estas 29 féminas asesinadas, 11 han muerto a manos de sus parejas en incidentes de violencia doméstica.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evento que comenzó como un esfuerzo para recordar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas brutalmente asesinadas en 1960 por el entonces regente dominicano Rafael Trujillo.

Reconocen avances

Varias expertas coincidieron en que, en Puerto Rico, en términos de legislación y política pública, se han logrado avances significativos en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer.

El primero es la aprobación de la Ley 54 en 1989, que tipificó como delito las agresiones entre parejas y acuñó la violencia doméstica. En 2001 se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un cargo a 10 años que se supone, tenga como prioridad fiscalizar el cumplimiento de las políticas a favor de las mujeres.

Actualmente, la Isla está bajo un estado de emergencia por la violencia contra las mujeres, un esfuerzo logrado luego de meses de reclamos por grupos como la Colectiva Feminista y el Proyecto Matria. Uno de los resultados más evidentes de esta orden fue la creación del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

La orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi todavía tiene agendas pendientes, como la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas, a implementarse por el Departamento de Educación.

“La incorporación de la perspectiva de género en el currículo del Departamento de Educación es algo que tiene que suceder. PARE hizo un plan de trabajo y se sometió. Los lineamientos están. Falta la acción”, indicó Vilmarie Rivera Sierra, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

A su entender, tanto la Ley 54 como el estado de emergencia, son parte de los logros que ha tenido la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. En cuanto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, lamentó que se haya convertido en “un brazo más del gobierno”.

Al igual que lo han hecho portavoces de otras organizaciones, Rivera Sierra reclamó un cambio en la forma en la que opera esta oficina.

“Se ha convertido en un brazo más del gobierno. Ha perdido su independencia y su voz. Inicialmente, cada vez que había un asesinato, había un movimiento. Ahora, vemos a la procuradora (Lersy Boria) en un ‘media tour’, pero no está activa en sus planteamientos”, denunció.

“Hay cierto temor a llamar la atención a situaciones que el gobierno está haciendo mal. Se pasa la mano para no quedar mal y no comprometerse. Pero esta es una silla para fiscalizar al gobierno sin miedo”, afirmó la presidenta de la entidad.

Defiende labor de procuradora de las Mujeres

Boria, en tanto, recordó que el presupuesto de esta oficina ha recibido recortes significativos. Cuando fue creada hace más de 20 años, el presupuesto asignado era de $5 millones. Actualmente, opera con $2 millones. La procuradora defendió su gestión frente a esta oficina y aseguró que, a pesar de los recortes fiscales, han cumplido con asignar los fondos a todas las organizaciones.

“La oficina se ha mantenido asignando fondos que van directo al servicio a las víctimas de violencia”, aseguró Boria. “Siempre va a haber ese tipo de crítica de las personas que no trabajan directamente con la oficina. Esta es una oficina de enlace, que es lo que la gente tiene que comprender. La oficina lo que busca es ser portavoces y administradores de esos fondos para ese servicio directo a las víctimas”, explicó la funcionaria.

Cuando se le preguntó si ha cumplido con el rol fiscalizador de la agencia, contestó que “claro que sí”.

“Parte del presupuesto que hemos solicitado es precisamente para esas inspecciones de los protocolos de hostigamiento sexual en el trabajo, las inspecciones de salas de lactancia. Se han otorgado daños y perjuicios en los casos de hostigamiento. No hemos perdido ninguno”, afirmó.

“Yo invito a las personas que hablan de poca participación, que se unan para que vean todo lo que hacemos”, agregó la procuradora.

Modelo para otros países

Elithet Silva Martínez, trabajadora social y profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, reconoció la Ley 54 como una de las herramientas más significativas para prevenir la violencia contra las mujeres.

“Puerto Rico ha sido uno de los países latinoamericanos y caribeños que ha tenido políticas sociales de avanzada en pro de los derechos de las mujeres y las víctimas sobrevivientes de violencia de género. La Ley 54 continúa siendo un modelo para otros países. Me parece que tenemos que reconocer ese camino andado”, reconoció la trabajadora social.

“Sin embargo, el reto que tenemos ahora es que, luego de establecer esos espacios de lucha, siento que nos hemos detenido en ampliar lo que tiene que ver con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, expresó la profesora.

“Al declarar el estado de emergencia, el liderato se adjudica al Departamento de la Familia y no a la Procuradora de las Mujeres, y eso lo que hace es minimizar todo lo que se hacía desde esa oficina”, sentenció la educadora.

Silva Martínez, quien es codirectora de Siempre Vivas Metro, un proyecto que trabaja con prevención e intervención en casos de violencia de género, opinó que uno de los factores principales que se debe atender, es que haya coherencia en lo que establece la legislación y la implementación en las agencias y el gobierno.

“Tiene que haber coherencia con lo que establece la legislación y la implementación en todos los sistemas, en todas las agencias del gobierno, particularmente en el Departamento de Justicia, la Policía y lo que tiene que ver con tribunales y todos los servicios de bienestar social. Por otro lado, como nos hemos concentrado en remediar y apagar fuegos, no hemos podido dedicar tiempo y el esfuerzo que nos urge a hacer un trabajo de prevención”, alertó Silva Martínez.