Román

“Devastador”. Así catalogan los presidentes de los gremios de alcaldes el escenario que se avecina tras la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, que los exime del pago al plan de salud del gobierno y al sistema de retiro “Pay as you Go”. 

La referida ley y 23 resoluciones conjuntas para asignación de fondos a los municipios fueron declaradas inaplicables y dejadas sin efecto por Swain -quien preside el caso de quiebra de la Isla-, según el documento de 33 páginas que se dio a conocer ayer. 

Ante la determinación que se da en medio de la crisis por la pandemia de Covid-19, José “Joe” Román y Carlos Molina, presidentes de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes, respectivamente, manifestaron a EL VOCERO su inconformidad. 

“Esto es parte de las injusticias del gobierno estatal, que inició cuando aprobó una ley para quitarles a los municipios recursos económicos para pagar las pensiones que los empleados habían pagado al retiro del gobierno de Puerto Rico”, manifestó Román. Denunció que dicha legislación se produjo en el marco de incapacidad para legislar, porque desde el principio debió estar avalada por la Junta Federal de Control Fiscal o cumplir con los parámetros federales de aprobación. 

Sin embargo, Román destacó que la decisión de Swain es muy lamentable porque pone a todos los municipios en una posición de precariedad extrema, en los que describió como “un momento histórico”. “Venimos de lidiar con los rezagos de María (el huracán), con los terremotos y ahora con la crisis de la pandemia (de Covid-19), que ha generado muchos gastos en los gobiernos municipales y falta de recursos. Pronto estaremos trabajando con el tema del impacto de los huracanes. Y cuando debemos estar pensando principalmente en salvar vidas, pretenden quitarnos los pocos recursos que vamos a tener para poder enfrentar cualquier crisis adicional”, acotó el alcalde de San Lorenzo. 

“Todos están preocupados”

Molina, por su parte, dijo que ha estado en conversación con sus compañeros alcaldes y que solicitaron una reunión de emergencia con la junta fiscal para llegar a un acuerdo inmediato. 

“Todos están preocupados. Estamos en medio de una crisis y en momento en que la economía del País está paralizada porque no se está generando impuestos de ningún tipo, ni IVU ni patentes o arbitrios de construcción”. 

Ambos ejecutivos municipales coincidieron en que “el reversazo de la ley crea crisis en el País”. 

“Aun con la Ley 29 vigente estábamos buscando alternativas, porque las operaciones en los municipios colapsaron y hay cientos de miles de desempleados de la empresa privada. Son momentos donde tenemos que buscar alternativas para que el País pueda operar. No buscar tirar más gente a la calle”, destacó Molina. 

Abundó que de no concretarse la reunión solicitada, el siguiente paso será apelar la determinación del tribunal. Sin embargo, ambos líderes se mantienen esperanzados en que lograrán un acuerdo. 

“Esperemos que la junta pueda aprobar la reunión lo antes posible y que podamos buscar una alternativa salomónica a esta situación, para que el País pueda seguir corriendo y podamos continuar los municipios dando el servicio que damos al País. No se puede perder de perspectiva que esto se trata de la operación de todos los municipios de Puerto Rico y de empleados, padres de familia que quedarían en la calle si no se buscan más opciones. Es mucho lo que está en juego”, sostuvo el también alcalde de Arecibo. 

No obstante, Román opinó que “la ley Promesa otorga facultades a la junta fiscal que van por encima de cualquier determinación legislativa local. No veo que hayan muchas oportunidades en los tribunales, sino que debe ser una alternativa a nivel del Ejecutivo, que permitan disponer de recursos en otra dirección para cumplir con esa responsabilidad”. “Nos han tocado tiempos muy difíciles para los alcaldes. Esto es cuesta arriba de verdad. De no lograrse una reunión (con la junta fiscal), lo que se avecina como país son cierres de municipios y despidos y no es lo que debe pasar. No quiero suponer ni adelantarme al futuro. Solo quiero pensar que encontraremos una alternativa justa y razonable a esta situación”, concluyó Molina. 

PIP emplaza a PNP y PPD

De otro lado, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez le exigió al liderato de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) “no seguir arrodillados”.

“Hoy Puerto Rico enfrenta una nueva humillación colonial. Lo que demuestra esta determinación es que el alto costo que se paga por el colonialismo es la pobreza extrema. Esta determinación es una muestra más de que en Puerto Rico no existe un régimen democrático, sino un orden violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, que impone como resultado de un régimen de subordinación política una junta de control fiscal”, dijo.

“Mi llamado al liderato popular y del PNP es que, en lugar de continuar con su actitud de sometimiento, se pongan de pie y reclamen, como deben reclamar todos los pueblos del mundo, el respeto a la soberanía nacional”, sentenció el también candidato a la gobernación por el PIP.