Secretario de Salud

Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

Japhet C. Rivera, exasistente del secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez, presentó una declaración jurada en la que alega que tuvo que dejar su empleo debido a represalias en su contra por denunciar presuntas irregularidades en el manejo de fondos en relación a contrataciones en la agencia.

De acuerdo a la declaración jurada, notarizada por el abogado José Rivera Ortiz, sus problemas iniciaron en febrero de 2017. El querellante alega que antes de esa fecha nunca había tenido señalamientos en su contra.

Parte de sus tareas era el manejo de fondos federales en la agencia.

Rivera alega que las represalias en su contra se produjeron después de que reportó actividades gubernamentales impropias y por negarse a obedecer directrices ilegales.

El documento indica que fue objeto de represalias por parte de Rodríguez, así como de la jefa de Personal, Mabel Cabeza, y por parte de Frances Ortiz, una de las integrantes del equipo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Previo a ofrecer información nunca recibí una notificación adversa por parte de mis superiores. No obstante, fui etiquetado como que no era parte del equipo, no era invitado a reuniones, y no era una persona de confianza para el equipo del secretario hasta mi salida del Departamento de Salud”, señala el documento.

El documento legal agrega que Ortiz era una ferviente cabildera de contratar a la compañía CSA, que estaba ofreciendo sus servicios para manejar un programa federal de fondos de Zika.

“No había la absoluta necesidad de sus servicios y lo que aparentaban ofrecer era utilizar la información que ya había sido colectada, para reemplazarla en un formato diferente”, indica el escrito.

Detalla que el contrato era por $80 mil, por una fase de tres meses. Y sobre $100 mil mensuales por su ejecución.

“Me rehusé procesar la documentación”, dice el documento.

Menciona que el 8 de marzo de 2017, Rodríguez lo llamó y le dijo que el gobernador le había pedido firmar el contrato “y yo solo me limité a preparar el papeleo”. “En ningún momento comprometí fondos para pagar por esto”, advierte.

Alega que a principios del verano de 2018, la Oficina del Gobernador envió a Alberto Velázquez para tratar de persuadir al Departamento de Salud a procesar el contrato para esa compañía.

“Esto generó un agitado intercambio entre Velázquez y yo, y concluyó cuando el doctor Rodríguez dijo que el contrato iba hacia adelante con o sin mí”, plantea el documento.

“En ese momento comencé a ver un cambio significativo en la forma en el trato hacia mi persona por parte del doctor Rodríguez”, agrega.

Comenta que durante el 2017 y a principios del 2018 fue franco sobre la forma en que el secretario se estaba desempeñando y que sus asesores no lo estaban ayudando.

Dejó de proveerle información al secretario tras advenir en conocimiento de que le daba información suya a Cabeza y una empleada identificada como Carmen Torres.

Además, alega que estas comenzaron a hacer cosas en su contra y que le parecía que había una componenda para perjudicarlo.

Mencionó que en una ocasión Cabeza le pidió que procesara un contrato a una persona identificada como Roberto González y que le contestó que no estaba en posición de administrar o supervisar el contrato.

Expuso que Rodríguez le dijo que él iba a firmar el contrato y que iba a ser el responsable del mismo. Sin embargo, el contrato llevaba su nombre y consignaba que el demandante era la persona responsable del mismo.

Se menciona que el portavoz de prensa, Eric Perlloni, trató de utilizar fondos suplementarios del CDC para darse un aumento. Según la declaración jurada, Perlloni argumentó que el manejar un nuevo contrato iba a incrementar sus tareas y pedía un diferencial de $50 mil para suplementar su salario de $90 mil. La cantidad fue reducida a $35 mil.

El demandante alega que rechazó someter esa cantidad por considerarla excesiva e ilegal y que como contratista no cualificaba para un diferencial. El 8 de agosto, le dijo al secretario que esto no se podía llevar a cabo legalmente y este respondió que cuál era el problema porque el CDC era quien estaba pagando.

“Esta actitud me llevó a creer que como era el dinero de otro, se podía hacer. Él reaccionó de forma negativa a mi consejo y decidió contactar el CDC, y el CDC le explicó lo mismo”, expresa el recurso legal.

Relata que el pasado 2 de octubre fue con Rodríguez a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en la cual se les pidió que aceptaran un programa piloto para un nuevo “software” para manejar fondos públicos. El demandante explicó que no iba a solicitar ser parte del programa piloto debido a que ya había identificado otro programa de “software” con más capacidades y sin ningún costo al gobierno de Puerto Rico.

Menciona que el programa había sido propuesto por Luis Arocho. “Se me interrumpió y se me dijo que el CEO, Luis Arocho y el gobernador habían aprobado la adquisición”, indica el escrito.

Mientras, el secretario de Salud, quien se mostró distraído durante la reunión, dijo que se continuará con el proyecto.

Afirma que en múltiples ocasiones le aconsejó a Rodríguez a no participar en el proyecto piloto. Posteriormente, se le informó que el programa se iba a llevar a cabo y que se le necesitaba en una próxima reunión. Asegura que no participó en la reunión, ya que se había ido temprano del trabajo por un dolor de cabeza y porque le iba a costar al gobierno $11 millones en un año.

El demandante presentó su renuncia porque se rehusaba a participar en unos actos que no estaban acorde con las necesidades del Departamento.

Expone que aunque el secretario le aceptó la renuncia, le envió una carta en la que le notificaba que “tenía que dejarlo ir”.

Mantiene que como fue expuesto a una componenda en su contra, iba a ser sometido a una posición en la que no iba a poder prevalecer o sobrevivir legalmente ante su negativa de participar en transacciones ilegales.

En su carta de renuncia, Rivera dijo que había respaldado al gobernador, pero que este pareció haber perdido el enfoque, y que agendas personales y políticas ser convirtieron en la prioridad.

Mencionó que a la epidemióloga del estado, Carmen Deseda, se le paga $8 mil mensuales y que solo trabaja pocas horas a la semana y que esta le ha aumentado el sueldo a sus allegados, algunos de los cuales han llegado a $125 mil.

El demandante solicita ser reinstalado en su puesto y que se le pague el salario que dejó de devengar durante el tiempo que estuvo fuera de la agencia. Asimismo, pide ser nombrado como jefe de Personal o subsecretario de administración, que eran los roles que desempeñó anteriormente.

Solicita además un aumento de salario, basado en sus funciones y recibir de forma “inmediata” un entrenamiento sobre las protecciones de la Ley de “whistle-blower”, y por las represalias en su contra.

De igual forma, pide una investigación sobre acciones tomadas en el Departamento.

En reacción, el secretario de Salud afirmó que "lo único que les puedo asegurar es que bajo mi administración todo se ha hecho bajo el marco de la ley y no ha habido contrato alguno, ni estatal, ni federal, que no cumpla con sus respectivos requerimientos en ley y estipulaciones".

La agencia suministró una misiva del Departamento de Asuntos del Veterano en Washington, con fecha del 19 de mayo de 2015 en la que se le removió de su puesto como director de Iliana Health Care System, debido a que Rivera proveyó información que indujo a un administrador investigativo de esa agencia federal y por fallar en hacer un pago a tiempo de la tarjeta de crédito del gobierno.

Reacciona CSA

En declaraciones escritas, la compañía CSA aseguró que "nunca ha tenido señalamientos ni situaciones que empañen la excelente labor profesional de CSA, ni mucho menos a afectar a individuos o compañías para lograr la acreditación de proyectos o contratos".

"Los servicios profesionales que ofrece la empresa son en ingeniería, gerencia de proyectos y manejo de fondos federales con la mayor ética, compromiso y transparencia que nos ha caracterizado por más de 60 años en y fuera de Puerto Rico", agregó.

La compañía con experiencia local e internacional reconoció que ha presentado propuestas a varias agencias del gobierno.

"En el caso del Departamento de Salud, CSA presentó una propuesta para ayudar a manejar los fondos federales de Zika, allá para el primer semestre del año 2017, el cual CSA como firma reconocida nacionalmente en gerencia de programas, está altamente cualificada", detalló.

Sin embargo, afirmaron que el Departamento de Salud no llegó a contratar la compañía para estos trabajos. Por tal razón, negaron que la aparente salida de Rivera de la agencia en octubre de 2018 guardara relación con el ofrecimiento de servicios de CSA.

"CSA niega vehementemente ninguna vinculación de nuestra empresa y sus servicios con situaciones laborales internas del Departamento de Salud de Puerto Rico", concluyó la compañía.