María Milagros Charbonier

La representante María Milagros Charbonier.

Un total de 50 organizaciones de derechos humanos, colegios profesionales, colectivos de trabajo, entidades religiosas e individuos rechazaron hoy la “agenda de desigualdad y discrimen” que impulsa la Cámara de Representantes, esto tras la aprobación del proyecto de libertad religiosa.

“La Cámara de Representantes se ha convertido en un bastión del sector religioso más conservador del País y está dando la espalda a otras denominaciones y grupos humanistas que sí creen en la equidad y rechazan el discrimen que se promueve desde ambos proyectos (libertad religiosa y terapias de conversión)”, sostuvo Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE y directora ejecutiva de Proyecto Matria.

Con la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la Cámara aprobó esta tarde la medida que daría paso a que los empleados de las agencias de gobierno se nieguen a ofrecer un servicio a los ciudadanos por considerar que es contrario a sus creencias religiosas.

“Debemos denunciar que en la Cámara se amañó el proceso de vistas públicas para invisibilizar la oposición a los proyectos y dar espacio a solo un puñado de grupos de odio que llevan años tratando de imponer sus creencias al país entero”, señaló Pagán Jiménez.

CABE, y sus organizaciones aliadas, hicieron un llamado al Senado para votar en contra del proyecto. Según el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, las vistas públicas que presidió la senadora Zoé Laboy sobre el proyecto “demostraron que tenemos razón al hablar de los peligros del proyecto de libertad religiosa y al hablar de un sólido consenso en contra del mismo”.

“Insistimos en que el estado de derecho actual ya protege la libertad religiosa. Sin embargo, el PC2069 crea un sistema que privilegia ciertas creencias religiosas y las incorpora a nuestro estado de derecho de manera ilegal e inconstitucional. Es por eso que tanto personas cristianas, como musulmanas, judías, ateas, espiritistas y yorubas se han opuesto al mismo y se unieron a entidades y grupos profesionales, de derechos humanos y académicos para detenerlo”, explicó Burgos Pérez.

El activista de derechos humanos y portavoz de Puerto Rico Para Tod@s, Pedro Julio Serrano, se unió al rechazo de la aprobación de la medida.

"El Proyecto de la Cámara 2069, presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, es un atentado contra la máxima de nuestra Constitución que establece que cada ser humano tiene que ser tratado igual. La libertad de culto ya está protegida por nuestra Carta Magna y no necesita esta legislación adicional. Este proyecto intenta legalizar el discrimen, la violencia y el odio en contra de la gente LGBTTIQ. Le corresponde al Senado detener esta afrenta a nuestra humanidad compartida", aseveró Serrano.