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Según Rosado Colomer, los primeros resultados podrían comenzar a llegar cerca de las 6:00 p.m. >Archivo / EL VOCERO

A 17 días para la elección especial donde serán seleccionados los delegados que cabildearán por la estadidad para Puerto Rico en Washington, la jueza federal Laura Taylor Swain tiene en su calendario de hoy el recurso legal que cuestiona la transferencia de fondos públicos para la celebración del evento electoral.

En el segundo día de vistas consecutivas en relación al caso de la quiebra del gobierno, un asunto será la demanda del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien cuestiona la transferencia de $1.8 millones que hizo el gobierno para celebrar la elección especial en la que se escogerán seis delegados que defenderán la estadidad para la Isla.

“Yo voy a estar allí con los abogados. El reclamo es que esto no es una controversia política, sino estrictamente fiscal”, sostuvo Hernández a EL VOCERO.

El martes, la jueza Swain denegó la moción del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la comisionada electoral de esa colectividad, Vanessa Santo Domingo Cruz, quienes pedían intervenir en el caso. La demanda de Hernández fue presentada el pasado 20 de abril en contra del gobernador Pedro Pierluisi y de la Junta de Control Fiscal, para impugnar el trámite presupuestario que se siguió para la elección especial que se efectuará el 16 de mayo.

Carmelo Ríos, secretario general del PNP, expresó ayer que la denegación se da porque el argumento del partido está cubierto con el gobernador. Defendió que la junta fiscal entienda que no puede entrar en asuntos de estatus político. Pierluisi no tiene programado asistir a la vista. Estará representado por sus abogados, confirmó anoche la secretaria de prensa, Sheila Angleró.

Hernández afirmó que lo “que estamos buscando es que se cumpla la ley federal y esta es una reasignación de fondos y no se pueden adjudicar los $1.8 millones”. Puntualizó que “aquí hay incumplimiento con la ley Promesa y la junta fiscal dice que es un asunto político y no fiscal, y esto hay que discutirlo”.

Mientras, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer —quien también es parte de los demandados—, aseguró ayer que están listos para la elección de delegados. Informó que ya se imprimieron 448,000 papeletas y que esperan la participación de entre 120,000 a 150,000 electores. Sostuvo que habilitarán 730 colegios de votación.

La Ley 167 de 2020 ordena la consulta para elegir cuatro representantes a la Cámara de Representantes federal y dos ante el Senado federal. Para las sillas hay diez aspirantes: la exlegisladora Melinda Romero; la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita’” Meléndez y la exsecretaria de Corrección, Zoraida Buxó. Están en carrera, además, Elizabeth Torres, Víctor Pérez, Jorge Iván Rodríguez, Roberto López, Roberto Lefranc Fortuño, Ricardo Marrero y Adriel Vélez.

Encaminado el evento

Al margen de la controversia por la reasignación de dinero sobrante para costear la elección y el cuestionamiento de Hernández, Rosado Colomer detalló que todo está programado y que los primeros resultados podrían comenzar a llegar cerca de las 6:00 p.m. del día de la votación, y que esperan tener un panorama más específico a eso de las 10:00 p.m. El proceso electoral se realizará entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

“El horario de votación es hasta las 5:00 p.m. Luego se abren los maletines, se organizan y hacen la tabulación y transmisión, que va a ser en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y no será como ocurre con los votos electrónicos, que la máquina envía a través de una señal de celular”, agregó el funcionario. “En los casos de escrutinio manual, hay que cerrar la escuela y dirigirse a la JIP para transmitir”, adelantó.

En cuanto al estimado de costos, considera que “lo más que podrá ser son $1.8 millones. Me parece que a base de cómo estamos corriendo el evento, podríamos tener economías significativas y podría bajar ese número”.

La ley que posibilita la elección de delegados respalda las gestiones de la comisionada residente Jenniffer González, quien impulsa en el Congreso el proyecto para que Puerto Rico sea admitido como estado de Estados Unidos.

La legislación —firmada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez— establece que luego de la elección del 16 de mayo los delegados “comenzarán sus labores en Washington D.C. a partir del 1ro de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024”.

El estatuto dispone que la delegación tendrá fondos asignados y que los delegados tendrán salarios “sufragados por los fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (Prfaa, por sus siglas en inglés).

Conteo manual

En aras de reducir el costo de la elección especial, Rosado Colomer determinó que no se utilizarán las máquinas de escrutinio electrónico. Explicó que se imprimió la papeleta por ambos lados para no utilizar el papel que exigen las máquinas de escrutinio.

“La mayor parte de los manuales y reglamentos no estaban aprobados —pendiente de atender la viabilidad del evento— y una vez nos asignaron los fondos todos los manuales se aprobaron, considerando el escrutinio manual. Eso es lo que provoca que no sea electrónico. Lo otro es que los centros de votación son poco más de la mitad de un evento regular”, detalló el titular del organismo electoral.

Rosado Colomer agregó que se enviaron 4,639 sobres para el voto por adelantado (viajero y ausente). En esta elección, el voto por adelantado presencial no será en los colegios, sino en las JIP, el 15 de mayo. Se informó que unos 1,000 electores solicitaron voto a domicilio y que esas papeletas se recogerán entre el 12 y el 15 de mayo.

La votación de los confinados será el 14 de mayo y se espera la participación de 9,000. El presidente de la CEE sostuvo que encaminaron gestiones con el Departamento de Salud para realizar la prueba de covid-19 a los funcionarios electorales que trabajen ese día en las cárceles y no tengan la vacuna contra el coronavirus.

Mientras que los funcionarios que trabajen en la elección el 16 de mayo deben hacerse la prueba cinco días después del evento, si no han completado el ciclo de vacunación contra el covid-19.