energia renovable

La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) defendió las renegociaciones para los acuerdos de compra y operación de energía renovable (PPOA, siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y destacó que un nuevo atraso por parte de la Junta de Control Fiscal en la aprobación de los contratos envía un mensaje “nefasto que deteriora aún más la imagen y el entorno empresarial de la Isla”.

De igual forma, indicó que “dilata el cumplimiento con la ley de energía de Puerto Rico, además de que retrasa la transformación que tanto se busca”.

Según el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia, “la determinación de la JSF viene acompañada de un análisis a prima fascia defectuoso y viciado porque limita el análisis a una fracción de la vida útil de los proyectos en vez de considerar su duración total. Estas determinaciones son sumamente decepcionantes a la vez que la JSF conocía los parámetros de la renegociación de los contratos e, incluso, participaron en varias reuniones donde emitieron opiniones que influyeron en el proceso”.

“Este nuevo retraso proyecta, una vez más, la imagen de que Puerto Rico no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales. La opinión que emite la JSF en torno a la renegociación de estos contratos ignora la ley actual “Ley de Política Pública Energética de PR” aprobada en el 2019.

Se supone que estos contratos formen parte de los primeros pasos en la transformación. Su postura afecta de manera adversa la continuidad del proceso de reestructuración”, sentenció el director ejecutivo.

La reacción de APER surge a raíz de una misiva enviada a la AEE por parte de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en la cual se alega que los 16 contratos renegociados no son consistentes con el plan fiscal de la AEE en términos de la reducción total de precios de energía al detal.

Esto, mientras la JSF no consideró todos los parámetros necesarios para hacer este tipo de evaluación.

“A la APER le sorprende, que aun luego de años de retrasos e inversión privada en estos proyectos, finalmente se logra una convergencia de propósito y voluntad entre los dueños, la AEE, la Junta de Gobierno, y el NEPR, para lograr las metas establecidas por la política pública. Luego de reuniones y varios comunicados, se entendía que la JSF era parte de este movimiento. Pero en un momento en el cual se necesita inversión, diversificación de las fuentes energéticas, estabilidad de costos, y ejecución, la JSF establece nuevos cambios críticos que detienen y destruyen por completo el avance del proceso. Peor aún, los cambios requeridos no vienen acompañados de un análisis riguroso que nos permita entender y considerar la razón para estos requerimientos”, dijo el portavoz.

Recordó que “entre sus múltiples beneficios, los proyectos, en su gran mayoría, han sido desarrollados por puertorriqueños, para Puerto Rico. Considera el uso de talentos locales para su desarrollo y construcción. Los mismos requieren un itinerario de construcción que permita maximizar recursos locales, asegurar el desarrollo económico y la creación de empleos de aquí. Las determinaciones de la JSF aparentan excluir a nuestras empresas y talentos de la participación en el mercado de energía y de su potencial desarrollo para que puedan convertirse en participantes en la industria fuera de Puerto Rico”.

La APER denunció también cambios de postura por parte de la JSF en torno a parámetros que ya se habían discutido.

“La Junta había expresado su apoyo a los proyectos que tuvieran tarifas por debajo de los 10 centavos. También había indicado que la AEE debía permitir que otros proyectos más allá de los 16 tuviesen una oportunidad justa de negociar antes de descartarlos; no obstante, ahora establecen que debería de haber un límite de 150Mw. ¿A qué se deben estos cambios dramáticos de postura?”, cuestionó el director ejecutivo.

Herencia sostuvo que “la construcción de estas instalaciones renovables no impide futuros desarrollos; por el contrario, los apoya. El costo de no hacer nada puede ser grave y el tiempo corre. Requerimos del apoyo de la JSF en beneficio de la gente de Puerto Rico, no en su detrimento”.

Opinó que “posponer la inversión en soluciones tecnológicas, APER explicó que no tiene sentido debido a que eliminaría los beneficios actuales, pensando en posibles ahorros ínfimos y eficiencias en un futuro. “Si esta acción fuese una tendencia razonable, nadie compraría un teléfono inteligente o una computadora”, amplió. “Hay que movilizar la innovación. Los planes solo tienen valor cuando la ejecución los acompaña. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando para actuar?”.