Capitolio

El personal de la oficina del presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, le confirmó anoche a la comisionada residente Jenniffer González que el comité de conferencia para la reforma contributiva federal no logró llegar a un acuerdo sobre Puerto Rico, por lo que a la Isla le aplicará el mismo impuesto que a cualquier jurisdicción foránea.

Se trata de la tributación de 12.5% sobre los ingresos que se le atribuyen a bienes intangibles como marcas y patentes generados en el exterior, que disponía le versión del Senado federal y que prevaleció sobre el arbitrio de 20% en las compras de inventario y servicios por compañías relacionadas en Estados Unidos que disponía el proyecto de la Cámara federal.

“Significa que a Puerto Rico lo trataron igual que al resto de los países y esto nos va a llevar a otra pregunta: o decidimos convertirnos en estado o nos convertimos en una república. Creo que este proyecto definitivamente abrió esa puerta: que no puede haber un término medio”, comentó la comisionada tras enterarse de la noticia.

En comité de conferencia se eliminó también todo lenguaje que había sido aprobado por la Cámara federal con relación a Puerto Rico tanto para el reembolso del arbitrio del ron, para mantener la deducción del 9% del ingreso tributable que se deriva de actividades de producción (bajo la sección 199 del Código de Rentas Internas federal) y extender el crédito contributivo por el primer y segundo hijo a los residentes de Puerto Rico que cualifiquen.

“Si nosotros hubiéramos tenidos dos senadores no estuviéramos hablando de nada de esto, porque hubiéramos tenido el poder político para lograrlo. Me enfoqué en la Cámara y lamentablemente el Senado federal fue el que tomó estas decisiones”, mencionó González, con expresa frustración.

El presidente del Comité de Finanzas del Senado federal, Orrin Hatch, “siempre dijo que no quería hacer nada de Puerto Rico en este proyecto; él siempre dijo que a Puerto Rico lo iban a atender en un proyecto separado”, recordó González.

Precisamente, el presidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, Ricardo Álvarez Díaz, indicó a EL VOCERO que “el apetito preliminar es atender la situación de Puerto Rico como un caso aparte, no en este reforma”. Advirtió que esperar a que el Congreso actúe sobre la Isla antes de febrero -cuando entra en vigencia el nuevo código contributivo- creará incertidumbre y podrá potenciar la salida de las farmacéuticas.

Incluyen zonas de inversión

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, Kevin Brady, le confirmó también a la comisionada que en la reforma contributiva federal se incluirá lenguaje para establecer zonas de inversión en Puerto Rico, aunque el porcentaje de los incentivos aún le son desconocidos.

González había confesado horas antes, en entrevista con EL VOCERO, estar cabildeando para que ocurra un cambio jurisdiccional a doméstico dentro de un período de transición de diez años, cuando venza la designación de “zona”. Esto implicaría que las compañías tengan que pagar contribuciones sobre ingresos al Servicios de Rentas Internas federal con una tasa fija de hasta 20%, igual que los estados.

En cuanto al crédito que se establezca mediante las zonas de inversión o apoderamiento, González había propuesto un 40% a ser reembolsado por cada salario de empleados nuevos, pero dejó saber que aún no se había acordado un porcentaje.

Los industriales y otros representantes del sector privado habían sido claros de que este tipo de crédito es insuficiente para contrarrestar un impuesto nuevo a las corporaciones foráneas. Se discutía, por lo tanto, fijar una tasa diferenciada para Puerto Rico. La comisionada reveló recientemente a este diario que apoyaba una tasa de 5%, algo que también han escuchado hablar miembros del Frente por Puerto Rico en las oficinas congresionales visitadas.

“El gobernador no tiene ningún otro escenario que no sea la exención total… Yo tengo que buscar escenarios, que sean reales”, había expresado González, quien reconoció que ha planteado opciones distintas conforme avanzaban las discusiones con el liderato republicano. “He estado hablando un abanico de opciones a lo largo de este mes, dependiendo del proceso de negociación”, aceptó.

En cuanto a la actividad del domingo donde se anunció un supuesto consenso entre los oficiales elegidos del Partido Nuevo Progresista (PNP), González explicó que tanto el gobernador Ricardo Rosselló como ella hicieron una presentación a los alcaldes y legisladores. En su caso, habló de las alternativas que estaba manejando, mientras el mandatario se reiteró en la exclusión total. “Ambos coincidimos que un 20% es demoledor para la economía”, se limitó a mencionar.

Habla el sector privado

Álvarez Díaz informó a este diario que con el apoyo de la National Home Builders Association, a la cual están afiliados, habían estado impulsando que se adopte un ‘grandfather clause’, es decir que a las compañías que ya están aquí se les exima del impuesto y a las nuevas compañías se les dé una dispensa por diez años mediante la designación de las zonas de inversión.

Sostuvo que esto último se ha hecho anteriormente en el estado de Michigan.

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.