William Villafañe

Villafañe fue secretario de la Gobernación en el gobierno de Ricardo Rosselló.

Al menos cuatro de las 16 personas que el Partido Nuevo Progresista (PNP) certificó como candidatas a las dos vacantes que tiene en el Senado enfrentaron controversias de amplia discusión pública en este y otros cuatrienios desde sus respectivas posiciones como alcaldes, legisladores y en puestos de confianza del Ejecutivo.

Ayer todos acudieron a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a participar del sorteo de posiciones en las papeletas previo a la elección especial del PNP el 10 de noviembre para ocupar las dos vacantes de senador por acumulación y la silla de alcalde de Barranquitas.

Héctor Martínez —aspirante al Senado y quien enfrentó un largo proceso judicial en la esfera federal por soborno— reiteró a EL VOCERO que no tomará distancia de las controversias del pasado y del pleito legal que marcó su carrera política, y del cual finalmente salió airoso tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston.

“Es que yo no me tengo que distanciar de nada porque ya el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston —un tribunal de mayor jerarquía que cualquier otro y de forma unánime— desestimó la totalidad del cargo que quedaba pendiente y me exoneró de lo que injustamente me habían imputado”, dijo el exsenador a preguntas de este diario.

A principios de este año, la corte de Boston revocó el veredicto en contra de Martínez y del empresario Juan Bravo, encontrados culpables de corrupción por el Tribunal Federal. El fallo del juez boricua Juan Torruella mencionó que el gobierno federal no pudo probar más allá de duda razonable que el exsenador recibió al menos $10,000 en beneficios federales.

“Me parece que estuve bastante para que prevaleciera la verdad y la justicia y al fin y al cabo prevalecimos. Así que nada. No creo que tenga que distanciarme porque son unos hechos y están ahí”, abundó Martínez.

En su listado de prioridades legislativas —si llegara a resultar elegido en noviembre— están los proyectos legislativos de mayor acceso a la justicia. “Quiero que la inocencia y la culpabilidad de un ciudadano no esté enmarcada en el tamaño de su bolsillo y que el acceso a la justicia sea uno independientemente a los recursos económicos”, detalló. También dijo que legislará para evitar las muertes en las cárceles y agilizar los servicios del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Aferrado a la estadidad

Otro que también aspira al Senado es el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, quien renunció al cargo en mayo de 2018 tras revelarse un informe de la Comisión de Disciplina Judicial de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que hacía una serie de referidos al Departamento de Justicia relacionados a un chat en WhatsApp usado durante la campaña para la gobernación de Ricardo Rosselló, denominado “#TeamP3RCoffeeBreak”.

Del chat se desprendía que Villafañe —cuando aún era secretario general del PNP— le facilitó los contactos al entonces juez Rafael Ramos Sáenz para que coordinara con el equipo electoral del partido cómo resolver una controversia que tenía ante sí como presidente de la junta electoral local de Moca. Al presente, Ramos Sáenz cumple una sentencia de seis años en probatoria y Villafañe salió bien de la pesquisa del chat.

De cara a la elección especial, Villafañe ha manifestado su compromiso de continuar trabajando para lograr la admisión de Puerto Rico como estado federado. “Pondré mis conocimientos y capacidades al servicio de mi pueblo. Lucharé incansablemente hasta alcanzar la plena igualdad de derechos para todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico”, dijo.

Saca la cara por la mujer

Mientras, la exalcaldesa Glorimari Jaime enfrentó leves controversias en 2012 por la creación del programa “Guayama Digital” y para el cual se alegó que contrató una empresa —por la cantidad de $1.5 millones— sin que esta pasara el proceso de subasta. En ese entonces, Jaime justificó que el contrato era para el otorgamiento de unas 10,000 tabletas electrónicas en varias bibliotecas.

Sin embargo, la exalcaldesa Jaime se presentó ayer como una política llamada a representar a la mujer puertorriqueña en la Asamblea Legislativa. “Sabemos que en Puerto Rico solamente en el Senado hay cinco mujeres y vemos que el porciento de participación electiva de mujeres ha bajado y eso crea un desbalance en los intereses que se puedan desarrollar de proyectos que beneficien a las mujeres”, manifestó.

“A mí me conocen mucho por las ‘tablets’. Pues mira, yo trabajé con la tecnología y puse en las manos una herramienta que es esencial para que los niños de Guayama y de todo Puerto Rico se desarrollen en la educación”, agregó.

“Tengo un récord limpio”

El cuarto de los políticos conocidos que quiere regresar a la Legislatura es Javier García Cabán, quien en 2014 renunció al Partido Popular Democrático (PPD) debido a la inconformidad que sentía con la colectividad y la administración de Alejandro García Padilla, en la que no había una expresión contundente en torno al estatus político de la Isla.

“Estamos en unos tiempos bien difíciles. La gente busca compromisos y personas intachables. Nunca he sido señalado por el Departamento de Justicia ni de ninguna entidad ni fui obligado a dejar un puesto de confianza. Así que tengo un récord limpio y transparente”, afirmó.

Las dos vacantes que hay en el Senado surgieron tras las renuncias de Margarita Nolasco y Zoé Laboy Alvarado, quienes pasaron a ocupar posiciones en la rama Ejecutiva.