Medicamento

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, anticipó que ese cuerpo bajaría a discusión a finales de este mes un proyecto de administración que busca fiscalizar las empresas manufactureras de medicinas y que enmienda la Ley 7 de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados de 2019.

La pieza legislativa fue tema de una vista pública ayer en las comisiones camerales de Salud y de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. La reducción de los costos de los medicamentos fue una de las promesas que hizo el gobernador Ricardo Rosselló en abril durante su mensaje de situación del estado del País. El último día para aprobación de medidas en la Asamblea Legislativa es el 25 de junio.

La ponencia que generó mayor controversia fue la de la Asociación de Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, por sus siglas en inglés), entidad que agrupa 14 compañías biofarmacéuticas, la cual enumeró al menos cuatro razones por las cuales se opone al Proyecto de Cámara 2073. Entre estas, menciona que la medida no reduce los costos de los medicamentos recetados al paciente porque pasa por alto la necesidad de regular los manejadores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés).

“Los requisitos de este proyecto pasan por alto el importante papel que desempeñan estas entidades en el establecimiento de precios y cobertura de medicamentos. Por ejemplo, los manejadores de beneficio de farmacia, que dictan los términos de la cobertura de los medicamentos y la cantidad que un paciente paga en última instancia, utilizan su control sobre los medicamentos a los que pueden acceder los pacientes para obtener descuentos y rebajas sustanciales de parte de las compañías que los producen”, lee la ponencia firmada por Rafael Castro, vicepresidente de operaciones de la PIA.

Planteó, además, que la medida representa un riesgo para al proceso de acceso a los medicamentos “innovadores”. “Gran parte de la información que el proyecto requiere que se divulgue se considera información corporativa confidencial y protegida; y esta información cae bajo las protecciones federales para secretos comerciales e incluye información competitiva sustancial”, dijo Castro.

La entidad no precisó por qué la legislación viola los criterios de secretismo de los negocios o manufactureras. La comisión cameral concedió cinco días para que la PIA provea dicha información.

Otro grupo que se opuso al lenguaje de la medida, pero no a la finalidad de la misma, fue la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Coopharma). Mientras que Michael Reyes, asesor legal del Departamento de Salud, comentó que “esta legislación lo que promueve es darle transparencia al pueblo”.

Al concluir la vista, Morales mencionó que no celebraría más vistas públicas y que la finalidad del proyecto es “tener un portal donde las personas puedan entrar a ver cuáles son los medicamentos más vendidos y cuál es el precio”.

“Lamento que PIA haya venido aquí hoy (ayer) a decirle al País que ellos quieren regular la cadena, pero que no se toque a las farmacéuticas porque estamos bien regulados y porque violas el secreto de negocio. Lamento que no hayan venido aquí con otra actitud y no entiendo cuál es el miedo de que nosotros coloquemos en un portal cuáles son los costos de los medicamentos”, sostuvo el legislador.

Morales defendió el proyecto al decir que en Estados Unidos también se está legislando para controlar el aumento en los precios de los medicamentos.

Estancada una medida de las PBM

Otra pieza legislativa que pretende regular las PBM sigue estancada en un comité de conferencia de la Cámara y el Senado desde el pasado 16 de enero. El proyecto senatorial 218 establece las regulaciones de las PBM y las cataloga como una de las causantes del aumento desmedida en los precios de los medicamentos.

Según el portal del trámite legislativo, esta medida quedó atascada en un comité de conferencia luego de que el Senado no concurriera con las enmiendas que se introdujeron en la Cámara. El tranque, según Morales, consiste en que el proyecto original definía que el Departamento de Salud sería el ente regulador de las PBM y la versión cameral concede ese poder a la Oficina del Comisionado de Seguros.

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