Christian Sobrino Junta
 

La Junta Federal de Control Fiscal aprobó ayer por unanimidad el nombramiento de Noel Zamot como oficial de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al tiempo que creó un protocolo para que todo contrato del gobierno de Puerto Rico que sobrepase los $10 millones tenga que ser sometido para revisión y autorización.

La determinación surgió posterior a las presiones del Congreso de Estados Unidos para que se investigue un contrato de hasta $300 millones otorgado a la compañía Whitefish sin un proceso competitivo. Esa empresa tiene poca experiencia en labores de energía eléctrica y supuestas conexiones de alta esfera en la administración de Donald Trump, según reportes de la presa estadounidense.

La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, aseguró que no hubo pedidos específicos de parte del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Rob Bishop, en la reunión que sostuvieron, sino que más bien le refirió preguntas acerca del rol que habían asumido durante la emergencia por el huracán María.

Desde que se declaró un estado de emergencia por el paso de dos huracanes (Irma y María) en un lapso de dos semanas, el gobierno ha firmado cerca de 1,600 contratos, informó el representante del gobernador ante la junta fiscal, Christian Sobrino, aunque no precisó la cuantía de estos.

Sobrino protestó la elaboración de este mecanismo al asegurar que debía realizarse de modo colaborativo sin intervenir directamente en las relaciones contractuales del gobierno ni servir de intermediario en la relación con el gobierno federal. Además, presentó una moción también para que la junta jure que no intervendrá a favor de algún contratista en particular. Esa moción se dejó sobre la mesa para revisión del asesor legal del ente federal, Jaime El Koury.

Aflora la lucha de poderes

Por otro lado, Zamot comenzará a asumir el control del plan de transformación de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, tan pronto tenga el visto bueno de la jueza del distrito federal, Laura Taylor Swain, ante quien se presentó una moción urgente en el caso de quiebra del gobierno.

“La moción, que esta junta ha presentado, es explícita en que él tendrá la oficina del director ejecutivo de la AEE”, criticó con indignación el representante del gobernador ante la junta.

Refutó, además, que “la junta tenga el poder de remover no tan solo a Ricardo Ramos como director ejecutivo, sino tal vez hasta al gobernador en La Fortaleza, si se entendiera que eso fuera necesario”. Advirtió que los poderes utilizados por el ente territorial pudieran proveer incluso para remover a cualquier juez o legislador de su cargo, lo que definitivamente alteraría el balance constitucional.

Tras sus reclamos, la junta se limitó a secundar las palabras de uno de sus integrantes, el exjuez Arthur González, de que en última instancia será el tribunal de quiebras el que decidirá el alcance de los poderes de la junta para nombrar a Zamot en la AEE.

Por su parte, Zamot se expresó comprometido con atraer capital, desarrollar proyectos para modernizar la infraestructura eléctrica y regular ese mercado.

Detallan plan de transformación

El plan de transformación, que la junta había trabajado con el gobierno de Puerto Rico y la AEE como parte del proceso de Título III, incluye la descentralización de la red eléctrica en un período de 23 años. “Puerto Rico tiene una estrategia desarrollada con diversos tipos de energía, el uso de renovables y redes regionales para 2040. El gobernador también tiene unas prioridades de recuperación”, mencionó Zamot.

Reconoció, sin embargo, que el plan de reforma de la AEE necesita cambios tras el azote devastador de María.

Pide ayuda a APPA

Luego de dar por terminado el contrato con Whitefish Energy Holdings, el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, envió el lunes una carta a la Asociación Americana de Energía Pública (APPA, en inglés) para solicitar brigadas para restablecer el sistema eléctrico tras el azote de María. La solicitud a APPA se hizo, sin embargo, como un requisito de parte del gobierno de Nueva York.

Ramos solicitó brigadas también a Edison Company, con sede en Nueva York, y hará lo propio con el estado de Florida, informó Sobrino.

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.