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Ana Escobar Pabón, designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

 

Un total de 652 confinados han sido excarcelados desde noviembre del pasado año hasta el presente, beneficiados por la Ley 87 de 2020 que le extendió a los reclusos —sin diferenciar el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados— mayores bonificaciones por buena conducta, confirmó la designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.

La funcionaria informó a EL VOCERO que el 2 de noviembre del pasado año fueron excarcelados 452 reos y hasta ahora ya suman 652 los que han salido a la libre comunidad.

Detalló que de la cantidad total de confinados puestos en libertad, 24 son mujeres y los restantes varones. No se informó cuántos más podrían cualificar o están bajo evaluación y próximos a salir.

“Los técnicos de récords penales revisan las liquidaciones de sentencia de la población correccional y ellos están trabajando para ver si algún caso que estaba con una sentencia de ley especial —ya sea combinada con otra sentencia de otro delito o puramente un caso de una ley especial— es de aplicabilidad a esta bonificación y si es así, entonces se procedería a trabajarlo y verificar si con esa bonificación sería excarcelado”, explicó.

La ley 87 de 2020 fue aprobada por la exgobernadora Wanda Vázquez el 4 de agosto. Sin embargo, cuando Vázquez fue secretaria de Justicia, la agencia se había opuesto a esta legislación.

El propósito del proyecto era incentivar la buena conducta de los confinados y que se cumplan las penas impuestas por los tribunales en menor tiempo. La discusión sobre el proyecto se dio al mismo tiempo en que voces legislativas y de Corrección observaban las gestiones en otras jurisdicciones donde se decidió excarcelar reclusos para reducir la población penal debido a la pandemia.

A través del portavoz de prensa, el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, expresó que la ley 87 fue una decisión de política pública que determinó el Ejecutivo y la Legislatura, y que “si hubiese alguna propuesta en la que soliciten opinión del Departamento de Justicia, entonces estaríamos en posición de emitirla”.

El estatuto excluye de las bonificaciones toda condena que apareje pena de reclusión de 99 años, toda pena que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, conforme a lo que establece el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal vigente.

“Esto no es una ley temporera. Es de aplicabilidad retroactiva para toda la población confinada y no solamente aplica a los que estaban ingresados en este momento o al momento en que comenzó la aprobación de la ley, sino que es de continuidad. Así que a todo confinado que ingrese bajo las circunstancias establecidas en esa ley se aplicará la bonificación que corresponda”, destacó Escobar Pabón.

Por su parte, la psicóloga social comunitaria Katherine Angueira, quien fue víctima de violación, afirmó que la legislación fue un acto “politiquero” por parte de senadores que buscaban votos, de cara a los pasados comicios generales.

“El resultado de este proyecto es que sigue bajando las penas y es un toallazo al criminal… los presos convictos bajo el Código de 2004 y del 2012 que ya tenían penas más bajas, se les volvió a bajar aún más las penas. El saldo final de esta ley es que se sigue tirando el toallazo de su vida a las personas convictas que están en los penales, que son personas que no han mostrado su capacidad de rehabilitación”, apuntó Angueira.

Expuso que si los fiscales no solicitan la reincidencia al momento de la sentencia, no se reconoce esta conducta al momento de transigir los casos.

“Y pasa por desaparecido y se invisibiliza la conducta cuando se pasa a transigir los casos en los que muchas veces los fiscales, se escudan detrás del concepto en derecho conocido como economía procesal y no piden la reincidencia, y en las transacciones, prefieren transigir los casos antes de enfrentar un juicio porque enfrentar un juicio implica tanto trabajo adicional”, mantuvo.

Angueira afirmó que el propósito de esta ley va en contra del deber ministerial del gobierno de velar por la seguridad del pueblo. “En la medida en que se sigue devolviendo a la libre comunidad personas convictas de delitos de violencia contra la gente, esas personas que no son rehabilitadas, y que encima, Corrección no tiene programas efectivos de rehabilitación que cambien la conducta de violencia, esas personas regresarán a la libre comunidad a reincidir”, enfatizó.

Defiende la rehabilitación

La portavoz de la organización Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, indicó que favorece la medida que tuvo el efecto de liberar estos 652 reos.

“Hay gente que piensa que todos los problemas sociales del País se resuelven metiendo la gente presa, cuando de los países más adelantados del mundo como Holanda y Finlandia están cerrando sus instituciones y no le ponen más de 20 años de cárcel a nadie y trabajan con programas para que no necesariamente conlleven cárcel, porque la gente puede pagar lo que le ha hecho a la sociedad de otra forma”, señaló Rivera Watterson.

La portavoz cree que el enfoque debe ser de justicia “restaurativa” y observó que el propósito de la reclusión en las instituciones penales es la rehabilitación.

“En Puerto Rico el 65% de los confinados son personas adictas a drogas y muchos no deben estar presos, sino tomando tratamientos, por eso aquí hay que hacer justicia penal y revisar todas esas leyes para que no todo el mundo tenga que cumplir cárcel, sino buscar otros medios para ayudar a esas personas para que puedan rehabilitarse y sean útiles a la sociedad”, señaló.

Rivera Watterson indicó que hace unos años en Puerto Rico había sobre 12 mil confinados y que se han cerrado ocho instituciones penales. Ahora hay 7,150 confinados y auguró que también se reducirá.