Aguiló y Charbonier

Los representantes novoprogresistas María Milagros Charbonier y Gabriel Rodríguez Aguiló se mostraron a favor del proyecto. 

La Cámara de Representantes aprobó a viva voz un proyecto de ley que daría paso a que los empleados de las agencias de gobierno se nieguen a ofrecer un servicio a los ciudadanos por considerar que es contrario a sus creencias religiosas.

El Proyecto de la Cámara 2069 —que permite a los servidores públicos solicitar un acomodo razonable en circunstancias laborales en que se afecte su libertad religiosa— forma parte de un acuerdo pactado entre el Ejecutivo y la Legislatura. La Cámara introdujo algunas enmiendas a la medida.

El debate del proyecto comenzó con un turno de 40 minutos que consumió la presidenta de la Comisión de los Jurídico, María Milagros Charbonier, quien dijo que la libertad religiosa es un derecho inalienable. Opinó que silenciar o suprimir la fe de una persona “coarta al individuo y limita su potencial como persona, ciudadano y agente social”.

Señaló además que el proyecto no propicia la discriminación como plantearon algunas organizaciones que participaron de las vistas públicas de la medida. Igualmente, sostuvo que se han reportado casos donde se ha exigido un acomodo razonable en entidades de gobierno. “En Centro Médico un grupo de enfermeras no quería estar en la sala de abortos y la unión las defendió”, ejemplificó.

Las minorías del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresaron que votarían en contra de la medida.

El representante popular Luis Vega Ramos planteó que “hoy queremos legislar para garantizarle el derecho a algunos en nuestro país a odiar con impunidad. Repito, estamos legislando para garantizarle el derecho a algunos pocos en este país a odiar con impunidad desde posiciones del gobierno para darle servicios a la totalidad de la ciudadanía o de posiciones del comercio”.

En el hemiciclo cameral la discusión se extendió poco más de una hora y se establecieron reglas de debate.

En tanto, el representante independentista Denis Márquez comentó que hubo organizaciones a las que no se les permitió deponer en las vistas como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), la ACLU y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Márquez opinó que no hay razón para legislar un proyecto de esta índole y lo describió como una medida “peligrosa”. “Raya en la obsesión el legislar sobre asuntos religiosos porque una cosa es libertad de culto lo que dice la jurisprudencia y otra cosa es la interpretación que se le ha dado en múltiples ocasiones en este recinto”, indicó.

El proyecto contenía un informe positivo de la Comisión cameral de lo Jurídico.