Luis Raúl Torres

El representante popular Luis Raúl Torres. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La Cámara de Representantes dio paso a una resolución conjunta que tendría el efecto de posponer la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa LUMA Energy hasta después del 15 de enero de 2022.

La Resolución Conjunta de la Cámara 88 (RCC88) pasaría ahora a la evaluación del Senado y posteriormente a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La delegación de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron la voz cantante en la oposición a la resolución, aunque por otro lado reconocen que es necesario que se evalúe el contrato para proteger a los empleados de la autoridad. Los demás partidos se expresaron a favor de la resolución cameral.

Los novoprogresistas Juan Oscar Morales y Víctor Parés insistieron en la necesidad de que se privatice la AEE por la situación económica que atraviesa la corporación pública. Ninguno se expresó a favor del contenido del contrato entre AEE y LUMA.

“De hecho cuando leen esta resolución el entre línea es que no creen en la privatización, pero no se atreven a exponerlo en la resolución. Debería decir que se oponen, pero no se atreven. Saben que afuera el país está cansado de los servicios deficientes que reciben por parte de la AEE”, expresó Morales.

Mientras que Parés insistió en que las leyes que regulan el proceso de privatización protegen a los empleados. “Empleado y empleada de la AEE que nos escucha, tu empleo aquí está garantizado. De hecho, la política pública que estableció la pasada administración estaba enfocada en ese empleo tuyo. La Ley 120 está aquí en blanco y negro”, expuso.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, estuvo a cargo de la presentación de la medida. “Esto tiene el propósito de que se le haga enmiendas al contrato de LUMA Energy y se protejan los intereses del pueblo. La Resolución Conjunta de la Cámara 88 establece que deben ser fundamentados y que se garantice una baja tarifaria y se evite el despilfarro de fondos públicos para favorecer intereses privados. También pide que se garantice por el escrito el empleo de los empleados de la AEE”, expresó.

Torres cuestionó si la empresa está preparada para enfrentar la cercana temporada de huracanes porque el contrato “requiere integrar a LUMA Energy el sistema de transmisión y distribución”.

“Por todos los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación resulta claro nuestra responsabilidad como legisladores de proteger los mejorares intereses del pueblo y que se requieran las enmiendas al menos porque desde mi punto de vista se debería cancelar. No obstante, al menos debemos abrir la puerta para que se enmiende el contrato y se protejan los derechos adquiridos de los trabajadores de la AEE”, agregó.

Apunta a los "responsables"

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, culpó a pasadas administraciones por la situación de la AEE.

“Creo que hay un consenso sobre la precariedad de la AEE y sus problemas presupuestarios, pero también hay que dejar meridianamente claro que eso ha sido consecuencia de la criminalización de la AEE y del servicio público. Los que han administrado este país durante la existencia de la AEE son los que lo han llevado a la quiebra. Han sido una partida de irresponsables con el país y venir a decir que está quebrada sin asumir la responsabilidad de que la convirtieron en un centro de empleos para beneficios de las campañas políticas”, expresó.

Márquez reconoció la investigación cameral sobre el contrato con LUMA. “Para que quede claro aquí se hizo una investigación bien amplia y aquí nadie tiene que venir a aclararnos nada porque los que participamos del proceso investigativo conocemos el contrato y la barbaridad que representa para los mejores intereses del país”, dijo.

Mientras que Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), consignó su voto en contra de la medida por tratarse de “una movida intermedia”.

“Sigue la campaña mediática para hacer creer que necesitamos la privatización. Aquí tenemos esa campaña en contra de la AEE y de sus trabajadores. Sin embargo, no se han procesado a los responsables del cartel del petróleo”, expresó.

La medida recibió enmiendas propuestas por el representante independentista Denis Márquez para crear un panel de ciudadanos compuesto por gremios, catedráticos, representantes y jefes de agencias que tendrán la responsabilidad de evaluar el contrato de LUMA y hacer sugerencias en un periodo de 180 días al gobernador y a la legislatura.

Otra de las enmiendas que se obliga a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), a la AEE, al Negociado de Energía de Puerto Rico y a LUMA, a someter ante la comisión cameral de Energía los documentos e información relacionados con el “perfeccionamiento” del contrato.

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Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.