Camara de Representantes, Sesion, Capitolio, Hemiciclo

En la foto el presidente de la Camara de Representantes, Rafael Tatito Hernández y Ángel Matos.

La Cámara de Representantes derrotó esta noche una resolución conjunta que asigna $750 millones del Fondo General a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para pagar parte del contrato con la empresa LUMA Energy.

El debate de la Resolución Conjunta de la Cámara 139- radicada por algunos representantes del Partido Popular Democrático (PPD)- inició pasadas las 6:00 p.m. en el pleno cameral y se extendió hasta las 8:40 de la noche. La medida había sido enviada a la Legislatura por la junta fiscal y luego los populares la radicaron con miras a considerarla en el pleno. De hecho, el organismo federal había dado hasta mañana para que los legisladores la evaluaran y amenazaron con que buscarían los fondos del presupuesto si estos incumplían con el plazo.

La votación fue de 43 votos en contra, cero votos a favor y dos legisladores abstenidos. La representante novoprogresista Lourdes Ramos y el representante popular Eladio “Layito” Cardona notificaron que se abstendrían de la votación porque fueron empleados de la AEE.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, explicó que la pieza fue avalada por la Comisión de Hacienda para “que se cuenten quiénes están con la junta y quiénes están amarrados con el abogado de la junta”, refiriéndose al gobernador Pedro Pierluisi.

“Pedro Pierluisi no deja ser el abogado de la junta y abraza el atropello de Natalie Jaresko”, afirmó. Indicó que “este es el dinero que no le ha llegado a la gente humilde en los últimos cuatro años y que se ha ido acumulando. No es el dinero para la deuda”, manifestó.

“Es un contrato malo, malo, malo y malo para Puerto Rico”, agregó.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa, quien estuvo a cargo de la presentación de la medida, explicó que como es “tanto dinero” decidieron que el pleno completo evaluara la medida.“Esa es la razón de esta resolución o decidimos utilizar ese dinero en asuntos más importantes y de mayor sensibilidad o se lo damos a un ente privado”, dijo.

“Esto es un aumento que no va a parecer en su factura y será medio escondido, pero en esencia es el dinero que hemos pagado por IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) o contribuciones sobre ingresos. Es nuestro dinero y es lo que quiero que entiendan”, agregó.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, propuso enmiendas en sala para que los $750 millones se utilizaran para pagar en su totalidad la deuda acumulada del sistema de retiro de los empleados de la AEE y capitalizar sobre ese sistema si existiera algún sobrante.

Sin embargo, la enmienda fue derrotada por la mayoría de los representantes que estuvieron presentes en la sesión. “Para este servidor la necesidad apremiante es atender el sistema de retiro”, afirmó Rodríguez Aguiló.

El representante independentista Denis Márquez dijo que de alguna forma u otra la junta fiscal va a imponer los $750 millones a nombre del plan fiscal.

“Hasta yo puedo proponer los $750 millones para remodelar El Morro o para ponerle escaleras eléctricas a El Yunque, pero ni eso podemos hacer”, expresó.

Se mostró poco esperanzado de la Cámara tenga éxito si lleva esta pugna a los tribunales sobre este tema. “Ojalá y lleven el caso (a los tribunales) y triunfen, pero lo va a decidir la misma jueza que siempre decide. Le voy a votar en contra, pero voy a insistir en una cosa. Hace tiempo que están para enfrentar a la junta y provocar un verdadero proceso de descolonización. Retar es no aceptar ni una sola de sus imposiciones”, dijo.

El representante y expresidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, expresó que votaría en contra de la medida y mencionó que “tenemos esta situación por la condición colonial”. “Si de verdad quieren combatir a la junta nunca debieron radicar esta medida ni traer la excusa de llevarla al pleno para que se discuta. No se debió haber radicado, se debió quedar en el archivo”, señaló.

José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también consignó su voto en contra de la medida.

“Estamos en contra de esta resolución. Me parece que no es un asunto de partidos, de estatus, de ser conservadores o liberales. Es un asunto de país y de reconocimiento de lo problemático de este contrato”, expuso.

Con la derrota de esta resolución conjunta, el asunto de los $750 millones quedaría hasta ahí y procedería ver el próximo paso que daría la junta fiscal.

El portavoz de prensa de la junta, Edward Zayas, comentó ayer a EL VOCERO que “lo que te puedo decir ahora es que la junta continuará el proceso dispuesto para la certificación del presupuesto según Promesa”.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.