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>Brandon Cruz González / EL VOCERO

Representantes de mayoría y de minoría anunciaron por separado, la radicación de resoluciones legislativas para investigar el alegado fraude electrónico que le costó $2.6 millones a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, por sus siglas en inglés).

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara, Félix Lassalle Toro, indicó que radicará una resolución para investigar el asunto y que espera citar a una vista ejecutiva a ingenieros de redes de seguridad, funcionarios de las agencias de seguridad pública y a ejecutivos de compañías de tecnología.

Esto, según Lassalle, servirá para delinear estrategias que prevengan ‘hackeos’ de los sistemas cibernéticos del gobierno.

“... estaremos realizando una investigación profunda de lo que acaba de suceder en Pridco y Retiro para, no solo fijar responsabilidad a quienes fallaron, sino también para asegurarnos que esto no vuelva a pasar. El pueblo tiene derecho a saber, de forma trasparente, todo lo ocurrido en este asunto”, afirmó Lassalle.

El representante novoprogresista dijo que espera que el DSP y las autoridades federales encuentren a los culpables de esta penetración ilegal a los sistemas del gobierno.

"La pesquisa, la cual será rápida y detallada, tendrá un elemento novel y es la confección de un plan de acción entre la empresa privada y el gobierno para intervenir con este tipo de delito, el cual está en auge ante el crecimiento de la Internet y las redes sociales", agregó.

De otro lado, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, también indicó que radicaría una medida relacionada con el desfalco en Pridco.

“De entrada resulta preocupante y alarmante que se efectúen desembolsos millonarios de dinero público sin que se cuente con una verificación y constatación que permita filtrar transacciones dudosas. Resulta inverosímil que se transfieran $2.6 millones de dólares por que alguien lo pide en un correo electrónico bajo la excusa de que hubo un cambio de cuenta. El cambio de cuentas para realizar desembolsos de “remesas” como fue denunciado en la querella ante la Policía, es un trámite que requiere múltiples aprobaciones que no se resuelven con un correo electrónico. Es realmente absurdo e insostenible que la explicación sea tan somera y vaga”, denunció.

Cruz Burgos insistió en que la explicación de funcionarios de gobierno y la expuesta en la querella ante el Negociado de la Policía es "vaga" y que ante esto es medular una investigación de la Legislatura.

"La información que surge públicamente es que otras dependencias gubernamentales también han sido objeto de esta práctica fraudulenta y algunas pueden haber hecho otros desembolsos de fondos públicos. Por lo que hemos presentado una medida para que se investigue esta y otras transacciones que se han dado de la misma naturaleza en el gobierno”, afirmó.

Las resoluciones investigativas tendrían que ser radicadas y posteriormente aprobadas durante la sesión de la Cámara de Representantes.