Jaresko

Al cabo de cuatro años de extensas negociaciones y más de $830 millones invertidos en el proceso de reestructuración, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, afirmó que está esperanzado en que este año se concrete la aprobación de un plan de ajuste (POA, por sus siglas en inglés) para la deuda con los acreedores garantizados.

Marrero aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi está colaborando con la Junta de Control Fiscal para que se pueda acordar un plan de ajuste a la deuda constitucional de $35,000 millones —la más cuantiosa— “que sea responsable, razonable, que sea pagable y que sea sustentable”.

El primer mandatario sostuvo ayer una reunión con los integrantes de la junta fiscal donde se discutió el proceso de mediación que la junta está realizando con los bonistas de deuda garantizada para alcanzar el tercer POA. Hasta La Fortaleza llegó la directora ejecutiva, Natalie Jaresko; el presidente del ente, David Skeel, y los integrantes Justin Peterson y John Nixon. Betty Rosa, Andrew Biggs, Arthur González y Antonio Medina estuvieron presentes de manera virtual.

“Fue una reunión productiva… Conversamos sobre el proceso de mediación que es confidencial y reiteré que de la única manera que voy a apoyar un plan de ajuste de la deuda es que el pago sea uno manejable desde el punto de vista fiscal, que sea una cantidad de deuda que podamos pagar y que no vayamos a incumplir”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

El gobernador enfatizó que está colaborando con la junta, pero que apoyará un plan que no vislumbre más recortes a las pensiones de los retirados, al presupuesto de los municipios, a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que tampoco dificulte la inversión en el servicio público. “Volví a establecer las prioridades del gobierno y los cuatro asuntos que son medulares para el gobierno”, enfatizó Pierluisi.

En febrero del pasado año el organismo regulador radicó un POA que procuraba reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, pero la crisis generada por la pandemia hizo que el plan resultara muy oneroso. La junta se vio obligada a entrar en negociaciones por tercera ocasión y tiene hasta el próximo 10 de febrero para someter ante el tribunal el nuevo POA o su bosquejo.

Marrero declaró que “fue una excelente reunión” y que confía en que pronto se podrá llegar a un acuerdo que permitirá la salida de la quiebra “que ha costado tanto sufrimiento y tantos recursos al pueblo”.

“Lo que se prevé es que para este mismo año nosotros podamos llegar a un proceso de confirmación de este plan de ajuste —en caso de que se llegue al acuerdo— para entonces ya comenzar a pagar la deuda en el gobierno central y comenzar lo que sería la terminación de las labores de la junta fiscal”, agregó el ejecutivo.

Habla de ahorros

A la fecha, se han pagado sobre $830 millones en honorarios de abogados relacionados al proceso de reestructuración bajo el Título III de Promesa, aun cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el gasto total del proceso de reestructuración de la deuda ascendería a $350 millones desde 2017 hasta 2022.

Marrero admitió que la cifra invertida es “sumamente alta”, pero resaltó que ha resultado en ahorros millonarios al gobierno, pues ha permitido la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y parte de las obligaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Estamos hablando de la quiebra más grande y compleja de Estados Unidos. Son sobre 30 créditos los que se están reestructurando y sobre $100,000 millones cuando tomamos en cuenta las pensiones. Aunque no me alegra reconocer que se ha gastado tanto, en estos procesos hay que contar con los mejores abogados”, agregó el funcionario.

La junta fiscal también admitió en declaraciones escritas que los gastos incurridos en el proceso de reestructuración para que Puerto Rico salga de la quiebra son sustanciales, pero considera que son inevitables porque la deuda de la Isla es “grande, insostenible y extraordinariamente compleja”.

“Los gastos legales incurridos son una fracción de los ahorros que se han logrado y se lograrán en el futuro mediante una reducción sustancial de los pagos del servicio de la deuda. De hecho, los gastos incurridos hasta el momento son menos de 1% de los ahorros que la junta generó para Puerto Rico mediante las reestructuraciones de deuda completadas”, aseguró el ente.

Pide prórroga

Marrero también explicó que aunque el gobierno debía entregar el presupuesto para el próximo año fiscal 2021-2022 en o antes del 29 de enero, los integrantes del ente fiscal le concedieron al gobernador la extensión que solicitó —hasta el 2 de febrero— porque la junta tiene una vista pública en la fecha inicial.

Según aseguró, el presupuesto sometido debe estar en alrededor de $9,900 millones para el Fondo General y en alrededor de $3,800 para los fondos especiales.

Adelantó que, además, incluirán recursos para la declaración de emergencia contra la violencia de género y para la auditoría de la deuda.