Yesmin M. Valdivieso Galib

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La Oficina del Contralor de Puerto Rico refirió al Departamento de Justicia un informe de auditoría que revela que en el Municipio de San Juan pagó $281,731 por materiales no recibidos de puertas, ventanas y cerraduras y por trabajos no realizados en ocho escuelas de la Región Educativa de la Capital, bajo la administración de la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz.

Asimismo, informó que el ayuntamiento emitió cinco pagos a un contratista por $399,877 con "la firma falsa del superior de las Brigadas de Impacto en los conduces adjuntos a las facturas". 

La auditoría, que cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, refleja que se fraccionaron los trabajos de adquisición e instalación de puertas y ventanas en las escuelas Arturo Somohano y Manuel A. Pérez para enviar el requisito de celebrar subasta pública.

El Municipio pagó un total de $452,101 al contratista mediante ocho órdenes de compra.

El pasado 5 de marzo, este medio informó que en las escuelas de los residenciales Manuel A. Pérez y Luis Lloréns Torres, así como en la antigua iglesia y colegio La Milagrosa en Río Piedras y no se completaron la instalación de puertas y ventanas que se había iniciado en agosto de 2016.

"Contrario a la ley y reglamentación aplicable, el Municipio no formalizó contratos de obras y mejoras de 10 escuelas por las cuales desembolsó $1,138,139. Además, los auditores hallaron que cinco contratos y 12 enmiendas por $689,487, los firmó una persona que se identificaba como presidente y gerente de proyectos que no estaba anotada en el Registro de Licitadores del Municipio de San Juan como representante autorizado, ni en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales. Estas irregularidades ocasionaron que se aprobaran pagos indebidos, y restan credibilidad a los procesos de compra", reza el comunicado de prensa.

El informe de auditoría recomienda también al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que se asegure que el ayuntamiento cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.