Natalie Jaresko

La directora ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal, Natalie Jaresko, le hizo varias aclaraciones a la gobernadora Wanda Vázquezl, sobre las contrataciones en el gobierno. 

A las indagaciones activas que realizan diferentes entidades investigativas -locales y federales- sobre las compras y contrataciones en el Departamento de Salud, la Junta Federal de Control Fiscal también le advirtió a la gobernadora Wanda Vázquez que son “nulos” e “inválidos” los contratos firmados para la compra de pruebas rápidas en medio de la emergencia por el coronavirus (Covid-19).

Con esa declaración, enviada mediante carta ayer tarde a La Fortaleza, el ente regulador de las finanzas públicas de Puerto Rico, a través de su directora ejecutiva Natalie Jaresko, le ordenó a la Primera Ejecutiva cancelar de inmediato, los contratos vigentes de compras. El domingo en la noche el gobierno dijo que había cancelado el contrato y esperaba por el desembolso de $19 millones que se habían adelantado por las pruebas, lo cual se devolvió.

En su carta, Jaresko fue más directa y le hizo saber a la gobernadora que ni siquiera el estado de emergencia declarado para enfrentar la pandemia del Covid-19 puede ser utilizado para eludir los lineamientos en el manejo de contratos y la autorización de la junta fiscal.

“El hecho de que la Junta de Supervisión permitió el uso del fondo de emergencia sin aprobación previa, no significa que las compras realizadas en respuesta a la emergencia con esos fondos se pueden hacer sin cumplir con el debido proceso correspondiente”, sostuvo Jaresko, y estableció que el gobierno está obligado a recibir aprobación para cualquier contratación mayor a los $10 millones.

Se trata de un nuevo enfrentamiento entre la junta fiscal y el gobierno, a dos semanas desde que el presidente de la entidad, José Carrión, y Jaresko, participaron con Vázquez en el anuncio de ayudas cercanas a los $1,000 millones para enfrentar la crisis económica por el coronavirus.

“Los acuerdos en cuestión parecen no cumplir con Promesa y los procesos por los cuales fueron adquiridos (los productos) no parecen ser consistentes con los controles internos, la eficiencia y los puntos de referencia de responsabilidad fiscal que deben guiar la adquisición de productos y servicios por parte del gobierno durante el estado de emergencia”, amplió Jaresko, y puntualizó que es “inaceptable”.

También llamó la atención a que “un análisis legal de los acuerdos en cuestión puede concluir que los mismos son nulos y sin efecto desde el inicio”.

Desde principios de año, la junta fiscal había autorizado al gobierno local usar hasta el 15 de abril los fondos de la Reserva de Emergencia, para atender la situación del Covid-19 en la Isla, sin aprobación previa.

La advertencia directa de la junta fiscal al gobierno surgió a menos de 24 horas desde que trascendió la posibilidad de irregularidades en la compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, a un costo de $38 millones, las cuales no contaban con el aval de la Administración de Alimentos y Drogas federal (FDA, por sus siglas en inglés). Las empresas señaladas anteriormente no se dedicaban a la venta de productos de salud.

En la noche del domingo, la gobernadora afirmó en conferencia de prensa, que la ahora cuestionada compra de pruebas rápidas fue realizada el Departamento de Salud, y distinguió que “no tenía por qué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios y la secretaria interina (en referencia a los extitulares Rafael Rodríguez Mercado y Concepción Quiñones de Longo)”. 

A su vez, la mandataria aseguró entonces que no tiene “ninguna relación” con el Grupo Lemus y con las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC, a través de las cuales el gobierno intentó comprar las pruebas rápidas. Grupo Lemus es una firma de consultoría.

Desmiente participación en contrato de compra

EL VOCERO contactó ayer a la exsecretaria de Salud, Quiñones de Longo, y desmintió participación alguna en los contratos para comprar las pruebas rápidas de Covid-19.

“No tuve nada que ver. Eso sucedió después que yo salí de la agencia”, expresó Quiñones de Longo, al señalar que no tenía información al respecto y que se enteró de la situación con los contratos de compra por la prensa. Añadió que hasta el último día que estuvo como secretaria interina no se le presentó un contrato u orden de compra por ese monto. "Sí, hubo unos contratos que gestionó Fortaleza para pruebas rápidas. Eso ya es público", agregó.  

Federales piden información 

Mientras toda esta información trasciende, las autoridades federales continúan investigando al Departamento de Salud. Al menos tres agencias federales mantienen investigaciones activas. Se trata del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General y la FDA. 

Precisamente, fuentes de EL VOCERO aseguran que Quiñones de Longo fue entrevistada la semana pasada por agentes del FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal. 

Sin embargo, al ser cuestionada por este medio al respecto, la exfuncionaria solo respondió: “prefiero no hablar de eso por favor”. No obstante, confirmó que la habían contactado de la Legislatura. Esto en referencia a la investigación que realiza la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. 

Asimismo, Quiñones de Longo indicó que prefería no opinar sobre si la fallida compra de un millón de pruebas rápidas atrasa el proceso para detectar el coronavirus en la Isla, sobre todo cuando se espera que hacía la primera semana de mayo se registre el pico de contagio en Puerto Rico. 

“La compra de las pruebas ha sido bien difícil por la competencia que hay en el mercado y no es porque el departamento no haya hecho gestiones. Yo verdaderamente como ya no estoy allí, pues no sé lo que están haciendo. El doctor Lorenzo González (secretario de Salud) yo entiendo que ha contestado las preguntas. Yo no intervengo en nada”, contestó. 

El secretario de Salud, González, había dicho que la contratación de compra con Apex General Contractors era para recibir las pruebas el 31 de marzo.