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El contrato con LUMA pone en manos privadas el sistema de transmisión y distribución energética de la AEE. >Archivo/EL VOCERO

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, considera la creación de un comité para evaluar el contrato de privatización con LUMA Energy como la primera promesa incumplida del gobernador Pedro Pierluisi.

Figueroa Jaramillo recordó que una de las promesas de campaña del ahora mandatario fue que este contrato debía renegociarse para atender los reclamos de los trabajadores. Desde temprano ayer colgó en sus redes sociales informes de prensa en los que el entonces candidato a la gobernación hacía un llamado a renegociar el contrato que pone en manos privadas el sistema de transmisión y distribución energética de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es lamentable que el gobernador, en sus primeros 100 días, haya incumplido su primera promesa. El gobernador, desde las primarias y todo el tiempo, habló de enmendar el contrato y renegociar el contrato. Ahora decir que va a fiscalizar el contrato no es lo mismo”, expresó el líder gremial.

Cuestionó, además, que los designados a ocupar una silla en el comité creado por Pierluisi formaron parte de la negociación del contrato de privatización con LUMA.

“Si no quieres hacer nada, nombra un comité. Creo que la reacción del gobernador, más allá de que empezó a incumplir su promesa, es en reacción a dos investigaciones que harán la Cámara y el Senado sobre este contrato”, afirmó Figueroa Jaramillo.

“LUMA está entrevistando empleados, pero la gente no se quiere ir para LUMA porque tienen que empezar desde cero. La ley dice que el gobierno tiene ahora que relocalizarlos. El problema lo va a tener el gobierno”, puntualizó.

‘No’ al aumento en la factura

Pierluisi anunció ayer en comunicado de prensa la creación de un comité timón para fiscalizar el contrato firmado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) con LUMA. Luego, en conferencia de prensa, reiteró que una de sus prioridades es garantizar que no se aumente la factura de la luz, a pesar de que el contrato permite a la empresa privatizadora aumentar la factura luego de una autorización del Negociado de Energía.

“Es importante que todos esos puntos sean atendidos y que —si no se cumple con alguno de ellos— se hagan las recomendaciones necesarias para enmendarlo, si fuera necesario”, informó Pierluisi en declaraciones escritas.

“Estoy a favor de la transformación energética y de que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico resiliente y confiable. Y, al mismo tiempo, tenemos que salvaguardar los derechos laborales de nuestros servidores públicos y asegurarnos de que mejore el servicio energético y su costo sea justo y razonable”, añadió.

Figueroa Jaramillo explicó que el contrato no permite que se den ninguna de las condiciones presentadas por el primer ejecutivo al crear el comité.

El grupo evaluador está compuesto por el secretario de Estado, Larry Seilhamer; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el director ejecutivo de la AAPP, el director ejecutivo de la AEE, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el secretario del Departamento del Trabajo y el secretario del Departamento de la Vivienda.

Seilhamer niega conflicto

El secretario de Estado rechazó que su designación como miembro de este comité represente conflicto de interés luego de que como senador haya impulsado la reforma energética y aprobado los proyectos que prepararon el camino para la firma del contrato con LUMA.

Seilhamer insistió en que el contrato se firmó por el gobierno luego de una extensa negociación. Aseguró que conversó con los directivos del Negociado de Energía para garantizar que no hay duplicidad de funciones entre el trabajo que se supone realice este negociado y el nuevo comité.

Señaló, además, que se aprobó legislación para garantizar los empleos de los unionados.

“Digo todo esto porque lo que diga el contrato bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la ley y eso es uno de los puntos que el gobernador quiere salvaguardar: que se cumpla con garantizar todos los empleos conforme decidan, si es ir a LUMA o quedarse con el gobierno”, indicó Seilhamer.

¿Hay posibilidad de cancelar el contrato?, se le preguntó.

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“Sería bien prematuro y especulativo decir que se puede contemplar una cancelación del contrato. Uno de los objetivos de la orden (de Pierluisi) es que las métricas de desempeño se puedan ver y que se cumplan. En la eventualidad de que no cumpla, el comité hará unas recomendaciones”, contestó. “No tenemos la facultad de cancelar el contrato, sino de velar que haya cumplimiento con las métricas de cumplimiento. Las facultades de multar y sancionar son del negociado, no del comité”, advirtió.

Sobre sus funciones como secretario de Estado y miembro de este y otros comités, afirmó que es la carga de trabajo que esperaba y que redistribuirá las tareas en Estado para poder cumplir.

Complacida la empresa

Mientras, la empresa LUMA Energy recibió “con agrado” la orden ejecutiva de Pierluisi, según indicó en comunicado de prensa.

“Nos complace que el gobernador Pierluisi haya conformado este grupo de trabajo para asegurar que se cumpla el principal objetivo del acuerdo: la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico centrado en los clientes, confiable, sostenible y económico”, dijo Wayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de la empresa.

“La transparencia es un valor fundamental para LUMA, sobre todo porque un mejor sistema eléctrico mejorará las vidas de todos los puertorriqueños y habremos de colaborar con el comité en su encomienda de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.