Natalie Jaresko

Jaresko sostuvo que Promesa ha dado paso a reestructuraciones sustentables que permitirán el repago de la deuda a largo plazo.

Mientras los demócratas defienden en el Congreso estadounidense que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) debe recibir una decena de enmiendas para aliviar la austeridad que enfrenta la Isla, los republicanos no lo apoyan por entender que la culpa de la deuda es de Puerto Rico y no de Estados Unidos.

El derroche de posiciones a favor y en contra de funcionarios locales y federales se dio en la primera audiencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal para discutir un borrador de proyecto presentado por el congresista demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, también presidente del comité, con el que se pretende hacer cambios al estatuto.

Algunas de las enmiendas promueven que se pueda realizar una auditoría de la deuda gubernamental, cancelar las obligaciones no aseguradas, que el Departamento del Tesoro federal asuma la financiación de la Junta Federal de Control Fiscal y que se establezca un coordinador general para la reorganización de la deuda.

“Las opciones detalladas en el borrador buscan hacer de Promesa una legislación más democrática que la existente. Esa es la tarea que tenemos a la mano y no es para nada fácil”, reconoció Grijalva.

Allí, los más cuestionados fueron la directora ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal, Natalie Jaresko, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, quien depuso en representación de la gobernadora Wanda Vázquez. Estos fueron fuertemente increpados sobre la lentitud en el proceso de reestructuración de la deuda de la Isla.

“La responsabilidad no es de EE.UU.”

Tom McClintock, congresista republicano por California, argumentó en la audiencia que ninguna de las dos partes ha sido efectiva en el manejo de la deuda ascendente a más de $70,000 millones y que Promesa resulta ineficiente dado a que no ha habido ningún avance en el restablecimiento de las finanzas de Puerto Rico.

“Se prometió que se reestructuraría la deuda, se pagaría a los bonistas y se abriría camino al mercado de capital y evidentemente nada de esto ha sucedido y hay una inestabilidad política”, comentó.

“Puerto Rico tiene que responder por su propio caos. La culpa es de los puertorriqueños por elegir funcionarios irresponsables. La deuda no es responsabilidad de Estados Unidos. Promesa comete el error de quitarle la responsabilidad de responder a los funcionarios elegidos que causaron la deuda”, añadió el congresista.

$23,000 millones reestructurados

Marrero difirió del representante McClintock y defendió que la responsabilidad de Puerto Rico es compartida. Argumentó que los republicanos están ignorando el hecho de que en tres años se ha logrado la reestructuración de $23,000 millones.

“Las reestructuraciones no han sido solo en bonos, pero también en deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Banco Gubernamental de Fomento. Unos $6,000 millones de eso ya se ha repagado. Hemos también asegurado con el 22% de nuestro presupuesto el pago a los retirados y tenemos un plan de ajuste que ya fue radicado”, puntualizó.

En cuanto a las enmiendas propuestas, Marrero indicó que le preocupa que algunas de los cambios que se buscan no aborden cuestiones críticas que han obstaculizado la efectividad de Promesa e imponen una burocracia innecesaria en áreas donde ya se ha avanzado. Reiteró el rechazo del gobierno a la auditoría de la deuda y a que se imponga un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero respaldó que se nombre a un coordinador federal para agilizar los fondos de reconstrucción de la Isla.

Con fecha de vencimiento

Por su parte, Jaresko sostuvo que la ley Promesa ha dado paso a reestructuraciones sustentables que permitirán el repago de la deuda a largo plazo. A su entender, el borrador en juego resulta en una distracción y afectaría el trabajo que ya está en proceso y que está proyectado a culminar en 2024.

“Hay que concentrarse en lo verdaderamente importante, respaldar la reestructuración de la deuda y garantizar que Puerto Rico continúe implementando reformas estructurales, la responsabilidad fiscal y una mejor prestación de servicios públicos… Esperamos que el plan de ajuste sea confirmado en 2020 y tener cuatro años de presupuestos balanceados. Ese será el final de Promesa”, argumentó Jaresko.

La directora ejecutiva de la junta también fue cuestionada en varias ocasiones por el congresista republicano Louie Gohmert sobre la intervención del expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en las elecciones estadounidenses de 2016, mientras ella ejercía como ministra de Finanzas para el gobierno ucraniano. “Estoy aquí para dar información sobre Promesa”, dijo Jaresko, al tiempo que el congresista insistió en que su credibilidad estaba en juego.

Discuten el estatus

La vista congresional se dividió en tres paneles. El segundo estuvo compuesto por el senador novoprogresista Carmelo Ríos, el senador popular Eduardo Bhatia, el representante novoprogresista Antonio “Tony” Soto y el representante popular Rafael “Tatito” Hernández. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tuvo el último turno.

Parte de la discusión en este panel se centró en el estatus de la Isla. Ríos opinó que se debe derogar Promesa porque la verdadera solución a los problemas de Puerto Rico es la estadidad. El congresista republicano Rob Bishop estuvo de acuerdo y aseguró que la mencionada ley “es un paso hacia la estadidad”.

No obstante, Bhatia instó al Congreso a que desista de gobernar a Puerto Rico a base de la Cláusula Territorial de la Constitución estadounidense. El senador entiende que esto da paso a que el trato que se le da a la Isla sea el de una propiedad del gobierno federal.

Por su parte, Cruz apoyó las enmiendas recomendadas para que se audite la deuda y que el Tesoro asuma el costo de la junta fiscal, aunque rechazó que el gobierno federal defina los servicios esenciales en la Isla. Sostuvo que es responsabilidad de Estados Unidos solucionar la crisis económica de Puerto Rico y sugirió paridad en fondos de Medicare y Medicaid y la eliminación de las leyes de cabotaje.