Quiquito Meléndez

José Enrique “Quiquito” Meléndez, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez pidió a la gobernadora Wanda Vázquez que ordene una investigación a través del Departamento de Hacienda y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a una compañía de cabilderos con contratos en el gobierno por supuesta violación a la Ley 20 de Servicios de Exportación.

Meléndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), envió ayer una carta a la gobernadora y a los secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico, Francisco Parés y Manuel Laboy, respectivamente, en la que expresa su preocupación por alegada evasión contributiva de parte del licenciado Manuel “Manny” Ortiz y la empresa de la cual es dueño y fundador, Vantage Knight. Esa empresa, según el representante, goza de un decreto contributivo amparándose en la Ley 20, que concede beneficios tributarios a compañías que exportan servicios desde la Isla.

Ortiz fue asesor y amigo del exgobernador Ricardo Rosselló y adversario de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. En noviembre de 2017, González acusó a Ortiz en Twitter de llevar información falsa sobre gestiones en el Congreso federal para incluir a Puerto Rico en la reforma contributiva federal.

Además de los beneficios contributivos que provee la Ley 20, Vantage Knight también obtuvo varios contratos millonarios con el gobierno de Puerto Rico bajo la administración Rosselló. “Mi llamado es que investiguen los procesos que dieron lugar a que ese decreto se otorgara, de qué manera se otorgó, qué negocios tiene esa corporación en Puerto Rico porque la información que tenemos es que no es residente en Puerto Rico y no cumple con los requisitos de la ley”, expresó el representante en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Ordenan examen interno

En declaraciones escritas, Laboy, secretario de Desarrollo Económico, dijo que ordenó un examen interno del proceso de otorgamiento del decreto que se concedió a Ortiz. “También solicitaremos información al Departamento de Hacienda para verificar posibles cambios en las condiciones de la empresa cuestionada que ameriten una revocación del incentivo. Los resultados se harán públicos”, indicó.

Mencionó, además, que bajo la Ley 20 cualquier empresa que exporte servicios desde Puerto Rico puede obtener un decreto y que esto no impide que tenga, principales, sucursales o subsidiarias en otros estados. “La exención versa única y exclusivamente sobre aquellos servicios exportados desde Puerto Rico”, expresó.

Laboy advirtió, no obstante, que la ley posee herramientas para revocar cualquier decreto cuando el mismo haya sido obtenido por representaciones falsas o fraudulentas sobre la naturaleza del negocio elegible, o la naturaleza del servicio o cualesquiera otros hechos o circunstancias que motivaron la concesión del decreto.

Mensajes a los federales

Meléndez, por su parte, envió cartas con las denuncias al comisionado de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), Charles P. Rettig, con copia a la jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, y el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Douglas Leff.

El representante novoprogresista alegó que Ortiz no es residente en la Isla como ordena la Ley 20. Igualmente, proveyó evidencia de que Vantage Knight rindió informes anuales que ubican a la entidad con sede en Washington, aunque aparece registrada en Florida.

Señaló además, que Ortiz vive en Maryland con su familia y hasta preside un club de tenis en el Washington Tennis Educational Fund. “No existe una operación en Puerto Rico que sustente que esta persona se acoja a la Ley 20. De hecho, en las redes sociales de esta persona se identifica que está radicado fuera de Puerto Rico”, apuntó.

Vantage Knight recibió un contrato de casi $700,000 con el DDEC para cabildear a nombre del gobierno y le ha facturado a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, por sus siglas en inglés) alrededor de $1.6 millones durante los pasados dos años y medio. No obstante, Laboy aclaró que la entidad ya no tiene contratos con Pridco ni con el DDEC.

“Queremos que esto se detenga, se investigue y si es necesario se procese. No puedo procesar a nadie y hago la denuncia utilizando mis facultades legislativas, pero le corresponde a la licenciada Vázquez que se investigue”, expresó.

Meléndez opinó que el gobierno debe cancelar los contratos o evitar a toda costa la renovación de los mismos. “La corrupción es corrupción y las denuncias hay que hacerlas”, respondió cuando se le preguntó por qué aguantar su reclamo hasta ahora.

(3) Comentarios

Tom Jones

Krikito deja esa gente quieta que la marea se vuelve contra ti y pierdes la soga y la cabra!!

jose acosta

COMO ESTA EL PILLO EN ESE VERTEDERO????Y KAKITA MELENDES BUSCANDO PAUTA?????NINGUNO SIRVE PARA NADA???PUERCO RICO ESTA EN EL FANGO,,Y NO HAY POR QUIEN VOTAR??? ESE ES EL ASUNTO,,

Allthetime Sin Gao

y quien paga ese pillaje los pndjs que pagamos impuestos por eso nuestro joyete goza de muccho orgullo boricua cuando nos jienden con las morcilla cruditas pero este pueblo estan chat que se creen que sacando un kbrncito todo se resuelve .

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