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Carlos Saavedra, secretario del Departamento del Trabajo. 

La medida impulsada por el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta Federal de Control Fiscal para que más de 100,000 personas trabajen de forma gratuita, de no conseguir empleo, como requisito para participar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pudiera implicar violaciones constitucionales y un impacto grave en la economía, advirtieron estudiosos de los derechos humanos y las ciencias sociales y políticas entrevistados por EL VOCERO.

“Si te están dando el PAN condicionado a que trabajes, y la paga equivale a un dólar y pico la hora, dime si no es relación de servidumbre”, observó el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Alejandro Torres.

Su aseveración responde a que el nuevo requerimiento de trabajo que el gobierno ha de implantar para los participantes del PAN, también incluye el trabajo gratuito, si estas personas no consiguen empleo. La exigencia de invertir 80 horas mensuales en voluntariado a cambio de recibir un promedio de $120 mensuales en asistencia nutricional equivaldría a un prestación de $1.50 la hora, inferior a lo que se devenga en la mayoría de los países de la región. Aplicaría para personas de 19 a 59 años, dependiendo del acuerdo negociado con el gobierno federal.

Insertar a miles de personas a hacer mano de obra gratuita tendría un efecto negativo en el mercado laboral, a juicio del profesor de la Facultad de Administración Pública y Estudios Internacionales de City University of New York, Héctor Cordero. Tiene también unas implicaciones inconstitucionales, que organismos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados se dedican a combatir.

Cabe destacar que ninguno de los entrevistados se opone a política pública que incentive el empleo en la población apta para trabajar. Sus objeciones se centran en el medio por el cual se pretende alcanzar ese objetivo, el cual les parece no solo contraproducente, sino peligroso desde el punto de vista social, moral y económico.

Torres recordó que la sección 12 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece que “no existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria”.

Dijo que la Comisión de Derechos Civiles, Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados, que preside el licenciado, Osvaldo Burgos, tiene jurisdicción para entrar a evaluar violaciones de este tipo.

Atenta la ACLU

También se expresó el director de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, quien consideró que existe necesidad de servicios y dinero suficiente para pagarlos, pero escasea la voluntad de crear empleos dignos. “Lo que realmente buscan es que esta gente trabaje gratuitamente, voluntariamente entre comillas. Eso es una forma de crear mano de obra gratis”, criticó.

“No es que uno esté en contra de que esas personas trabajen si hay posibilidad de trabajar, pero no se puede usar eso como subterfugio para justificar que las personas trabajen gratuitamente en contra de todos los derechos humanos y del trabajador”, agregó.

Coincidió el catedrático de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, Miguel Rivera, quien dijo que exigir trabajo a cambio de una prestación similar a la tasa salarial de 1960, “no reduce la pobreza ni tampoco va a dinamizar la economía”.

Buscan “cambio cultural”

El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, rechazó equiparar este requisito a mano de obra gratuita al asegurar que lo que pretende el gobierno es un “cambio cultural” o “incentivar” al participante para que “salga de la ayuda”.

“Con ese cambio cultural de que estés dando horas en organizaciones sin fines de lucro, que estés haciendo gestiones de empleo, ya eso te hace un cambio cultural y te aumenta la tasa de participación laboral”, insistió.

Explicó que una vez logren el acuerdo con el gobierno federal, el primer año será de orientación. El segundo año comenzaría un proceso gradual de reducción de la asistencia nutricional a aquellas personas que no hayan hecho gestiones de búsqueda de empleo ni tomado adiestramientos o hecho trabajo gratuito. “Si decides no hacer gestión de buscar empleo, rechazar ofertas de empleo ni hacer horas con organizaciones sin fines de lucro, pues en vez de tener un año los beneficios, los vas a tener nueve meses y así gradualmente, eso bajaría a seis meses el siguiente año”, ilustró Saavedra.

Cuántas gestiones de búsqueda de empleo son suficientes para recibir la ayuda, será un asunto a ser negociado con el gobierno federal, dijo.

Impacto en el mercado

Sin embargo, Cordero anticipó que esta medida tiene un impacto en el mercado laboral y en la gente que está trabajando porque “estás aumentando la cantidad de brazos, y si no hay ninguna compensación por ese trabajo, ¿qué va a pasar con el empleado que está trabajando? Va a ser desplazado”.

El catedrático mencionó que lo mejor para permitir la transición de estas personas al empleo es conseguir flexibilidad del gobierno federal, para permitir que las personas permanezcan elegibles durante dos años después de haber conseguido empleo. Si no penalizan a la persona, ésta puede planificar su cuido, su transportación y otra planificación financiera, sin “arriesgar la alimentación básica de sus niños”, dijo. Entonces, en el segundo año, se comienza a reducir gradualmente la ayuda.

Dijo que en los estados les permiten una cantidad de ingreso mucho más alta, previo a retirar la ayuda. En Nueva York, por ejemplo, son $15,000 anuales y en Florida, son $18,000 anuales. En Puerto Rico existe un tope de $6,000, para eliminar la asistencia. “Lo que deberían hacer es subir esa cantidad de $6,000 a $10,000 o $12,000, antes de que empieces a descontar el ingreso. Es una desventaja bien grande para las familias en Puerto Rico”, comentó.

En tanto, Rivera recomendó que si quieren mejorar la tasa de participación laboral, lo que deben impulsar es la creación de empleos bien remunerados, con buenas garantías laborales, así como trabajo con altas destrezas y altas tasas de productividad; en lugar de promover condiciones esclavistas.

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.