Escuela

Entre el 2011 y el 2018 el Departamento de Educación cerró más de 600 escuelas. 

El Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reconocieron en una vista pública de la Comisión de Educación del Senado que la mayoría de las 649 escuelas cerradas entre 2011 y 2018 se encuentran en el abandono, y pelean por quién es el responsable del mantenimiento de estas instalaciones que se han convertido en hospitalillos, establos para caballos y hogar para personas sin residencias.

Miguel Colón, gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), aceptó que aproximadamente 520 escuelas- entre las 649 de las que fueron cerradas- pasaron al DTOP y aceptó que las mismas se encuentran en estado de abandono.

“Ese mantenimiento le tocaría al DTOP porque ya no es propiedad del departamento a pesar de lo que dice la ley. La realidad es que es una propiedad del DTOP y hay que buscar fondos para darle servicios a estas escuelas”, señaló.

Explicó que hay una disputa de quién debe darles mantenimiento a estas escuelas. "Hay que trabajar la procedencia de los fondos para poder otorgarle servicios a estas escuelas. Nosotros trabajamos fuertes para mantener las escuelas que están en uso”, dijo.

Yaitza Maldonado, secretaria auxiliar de Asuntos Legales y de Política Pública del DE, también insistió en que el DTOP es el responsable del mantenimiento.

“Desafortunadamente no podemos tapar el cielo con la mano y vemos escuelas vandalizadas y que el pasto les llega por encima del techo. La realidad del caso es que el mantenimiento le corresponde al titular y quién es el titular pues el DTOP”, sostuvo.

Maldonado mencionó que haría falta legislación para subsanar el hecho de que el DTOP no puede mantener las avenidas y encima tenga que hacerse cargo de cientos de planteles.

Explicó que el cierre de escuelas comenzó en 2011 y que terminó en 2018.

En ese periodo, según trascendió en la vista, cerraron alrededor de 649 planteles escolares en la Isla y la mayoría pasó a manos del DTOP. En la vista, otras agencias tampoco pudieron establecer cuántas de las escuelas cerradas se transfirieron a organizaciones sin fines de lucro o entidades privadas.

Gustavo Mesa, encargado del pago de utilidades en el DE, dijo que le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cortar los servicios de agua y luz. Es decir, si hay alguna escuela cerrada que cuenta con ese servicio es porque esas corporaciones no han cortado el servicio.

“El DE no ha pagado ni un solo centavo por una escuela cerrada”, manifestó.

Apuntan a Educación

La designada secretaria del DTOP, Eileen Vélez, estableció en su ponencia que la Ley 85 de 2018 de reforma educativa dispone que el mantenimiento de los planteles debe seguir en manos de la OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos.

“Toda la información sobre las condiciones actuales de las estructuras y terrenos pertenecientes a las escuelas debe ser suministrada por el DE”. Mencionaron además que la Ley 85 de 2018 de reforma educativa dispone que el mantenimiento debe seguir en manos de la OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos.

José Torres, subdirector de la Oficina de Administración de Propiedades del DTOP, reiteró la posición de la agencia cuando compareció a la vista y reconoció que los planteles se encuentran en mal estado. “Ahí le tengo que decir que la mayoría sí, pero en ocasiones a petición de comunidades y alcaldes el DTOP hace malabares y asigna un recurso para que vaya en ese momento y bale las áreas verdes, pero no es un mantenimiento programado constante. No recibimos recursos para darle mantenimiento constante como debería”, expresó.

Torres indicó que “también hay un problema registral, pero la responsabilidad registral no es el DTOP”. Este de inmediato fue interrumpido por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien argumentó que “ah claro, ahora nadie las quiere”.

“Las quiero, pero si registralmente no es mía no puedo entrar a las escuelas, respondió Torres.

No justifican el cierre

El DE no logró establecer claramente cuáles fueron los criterios que utilizaron para el cierre masivo de escuelas públicas y tampoco proveyó una cifra sobre los ahorros que se buscaban con esta iniciativa de política pública.

Maldonado indicó que no podían responder por las acciones de pasados cuatrienios, aunque por otro lado mencionó que el cierre fue debido a la merma en la población estudiantil.

“En ese sentido, me voy a reiterar en las cartas circulares que se empezaron a emitir desde 2013 y ahí es que se detalla uno por uno el criterio para el cierre de las escuelas. Obviamente, hago la salvedad de que cada escuela tiene su particularidad, pero cuando vamos a los criterios utilizados pues son la matrícula y la proyección de matrícula, la infraestructura versus matrícula, las condiciones de la infraestructura, indicadores de aprovechamiento académico, evaluación de costos y un estudio de comparabilidad”, expresó la funcionaria.

Estableció, sin embargo, que no puede dar fe de los criterios específicos que se utilizaron individualmente para cada escuela.

“No puedo dar fe porque no estaba en ese momento. Como le indiqué a la comisión esto es una radiografía de 10 años. Es un estudio bien profundo lo que se nos pidió y estamos produciéndolo poco a poco y será un trabajo progresivo. En efecto, la respuesta es que no puedo decir si una escuela cerró porque cumplió con los siete criterios de las cartas circulares”, sostuvo.

El legado de Keleher

La también abogada afirmó que el cierre de planteles se intensificó en 2018 bajo la administración de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

“La responsabilidad final (para el cierre de escuelas) recae sobre el secretario de turno”, dijo al argumentar que la Ley 85 de 2018, mejor conocida como la reforma educativa, facultaba al secretario para regular la apertura y cierre de planteles escolares.

“Es decir, se le confirió el poder y la facultad al secretario de Educación para entre muchas otras cosas, ejecutar las determinaciones de política pública del Ejecutivo y las de la propia Junta de Control Fiscal”, afirmó.

Según Maldonado, el proceso de análisis se llevó a cabo mediante mesas de trabajado creadas para evaluar cada uno de los criterios. Las mesas de trabajo estuvieron constituidas por el director regional, ayudantes y personal de la agencia a nivel central, personal del área académico y de educación especial.

En ese proceso las comunidades no tuvieron participación, reconoció Maldonado a preguntas del senador de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe.

“Coincidimos con su preocupación y con que el pueblo y los niños están deseosos de que eso se resuelva. Sin embargo, la política pública es del secretario o secretaria según se dispone en las cartas circulares”, dijo Maldonado.

La funcionaria tampoco pudo precisar además si el nuevo secretario de educación continuará con la política de cierre de escuelas. “Sería irresponsable de nuestra parte anticipar si el secretario o secretaria va a implantar una política de cierre de escuelas”, expresó.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.