Elías Sánchez

Elías Sánchez fue el primer representante del gobierno de Ricardo Rosselló ante la Junta Federal de Control Fiscal.

El cabildero y figura cercana al ahora exgobernador Ricardo Rosselló, Elías Sánchez, no quiere entregar su celular al Departamento de Justicia como parte de la pesquisa por el polémico chat de Telegram que ocasionó la primera renuncia de un gobernante en la Isla.

Así se reveló en una orden emitida hoy por el juez Alberto Luis Pérez Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en respuesta a una moción presentada por el abogado de Sánchez, José Andréu Fuentes, "para que se deje sin efecto orden para la comparecencia y producción de dispositivo digital".

La moción de Sánchez fue presentada ayer martes. El juez superior concedió un término de 20 días a Justicia para replicar por escrito, por lo que "queda en suspenso la citación hasta que el tribunal resuelva la controversia planteada".

Posteriormente, salió a relucir en las redes sociales que el presidente de la agencia de publicidad KOI, Edwin Miranda —y también integrante del chat— tampoco quiere entregar su celular a Justicia, que de igual forma tendrá 20 días para responder a la orden.

Reacciona representación legal

En declaraciones escritas, el licenciado Andréu Fuentes aseguró que Sánchez "siempre ha estado dispuesto a cumplir con cualquier orden o citación que cumpla con las leyes y las disposiciones constitucionales aplicables". Sin embargo, sostuvo que lo cobija "el derecho a la intimidad y privacidad de toda la data y el contenido de su teléfono celular".

"Este derecho constitucional es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y está concebido, entre otras razones, para proteger a aquellos ciudadanos que se consideran inocentes de haber cometido delito, pero que no están dispuestos a ceder ante intromisiones indebidas a su privacidad", planteó.

"El Sr. Elías Sánchez todo lo que ha hecho es invocar sus derechos constitucionales ante tal intromisión. Por dicha razón, el Sr. Elías Sánchez válidamente ha impugnado la referida citación por ser contraria a la ley y sus derechos constitucionales", concluyó al cuestionar los "intentos por parte del gobierno de obligarlo, so pena de desacato, a entregar y autenticar" la data en su dispositivo.

Las órdenes por parte de Justicia para que Rosselló y los 11 integrantes del chat de 889 páginas entregaran sus dispositivos móviles como parte de la investigación liderada por la jefa de fiscales Olga Castellón, se impartieron el pasado 17 de julio.

En el chat participaron Rosselló, Sánchez —identificado como ‘F do’—, Miranda, el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el entonces portavoz del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal, Christian Sobrino; los asesores en comunicaciones Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor en asuntos legales, Alfonso Orona; el entonces secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín y el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

Han entregado sus celulares Llerandi, Orona, Rosario, Bermúdez, Rosselló y Maldonado. Este último se había negado a entregar su celular a Justicia al expresar desconfianza en la integridad de la investigación.

El pasado 2 de agosto —fecha en que se hizo vigente la renuncia de Rosselló— Justicia informó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), que realizará una investigación preliminar para determinar la existencia o no de la posible comisión de delito en el intercambio de mensajes.

Con esta notificación se activa el término de 90 días, dispuesto en el estatuto, para realizar la investigación preliminar para entonces informar al Opfei si recomienda o no la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el proceso de rigor. El término de Justicia para publicar sus hallazgos vence el 31 de octubre.