Rivera Schatz

El senador Thomas Rivera Schatz. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado dejaron saber que no darán su voto para ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi al proyecto senatorial (PS 450) que busca cambiar las disposiciones del contrato con Luma Energy como nuevos privatizadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La delegación no va a ir sobre el veto del PS 450 ni en la Cámara ni en el Senado”, dijo hoy el portavoz de la delegación PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz. “Las deficiencias constitucionales que tiene contenidas en la carta que envió La Fortaleza hace evidente que no puede tener nuestro apoyo”.

Rivera Schatz hizo las expresiones al salir de una reunión con el gobernador y Carlos Méndez, portavoz del PNP en la Cámara.

Durante la reunión, La Fortaleza publicó un comunicado de prensa anunciando el veto de este proyecto “debido a que presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley Promesa”. 

“Específicamente, el PS 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre LUMA, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el PS 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de LUMA. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, estableció el gobernador.