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A Fundador Rosario Cortés le imputan cobrarle a clientes de la AEE por restablecer el servicio tras el huracán María. >Archivo / EL VOCERO

El presidente de ElectriCoop, Fundador Rosario Cortés, tiene pendiente una vista administrativa ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Hace cuatro años lo suspendieron de su cargo tras imputaciones de haber cobrado dinero a clientes como condición para restituir el servicio de energía tras la emergencia causada por el huracán María.

Rosario Cortés, por el contrario, alega que lo suspendieron por insubordinación ya que se negó a restablecerle el servicio a un donante del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin embargo, las razones por las cuales se activa una suspensión, que es una de las sanciones más duras en la corporación, no incluyen la insubordinación.

“El papel aguanta todo lo que tú le tires allí… pero es totalmente falso”, declaró Rosario Cortés en entrevista con EL VOCERO.

La cooperativa que preside Rosario Cortés acaba de firmar un contrato con LUMA Energy por un tope de $2 millones para prestar servicios por un año.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Empleados de la Industria de Energía y Riesgo (UTIER), dijo que esa contratación confirma que LUMA no tiene el personal suficiente ni preparado para resolver los problemas en las líneas de transmisión y distribución de energía, lo que ha provocado una porción de los apagones registrados en los pasados meses.

LUMA se ha negado a entregar detalles de los empleados y salarios. Actualmente, hay un caso judicial pendiente, pero ya el Tribunal Apelativo y el Supremo concluyeron que se trata de información pública.

Cuando se le preguntó a Rosario Cortés si la privatizadora necesita más empleados, dijo que “ahí es cuando entramos nosotros y nos pusimos a disposición, no de LUMA, sino del país, porque el movimiento cooperativo es solidario con el pueblo”.

Aseguró que son 12 socios, cada uno con su equipo de trabajo, para un total de 140 personas que pueden hacer labores desde cambiar una luminaria en un poste, hasta arreglar las subestaciones.

Por otro lado, fuentes de este diario afirman que Rosario Cortés está confiado en que, si hoy, finalmente, la AEE realizara el proceso administrativo en su contra, saldrá bien porque el principal testigo falleció.

Supuestamente, tanto Rosario Cortés como otro gerencial y un empleado unionado se pusieron de acuerdo para timar a clientes comerciales del área sur desesperados por lograr que les reconectaran el servicio eléctrico luego del huracán. Al parecer, decían que la toma de corriente no servía y que ellos conocían un perito electricista que podía certificar que estaba todo en orden para poder restablecerles la luz. El perito era el empleado unionado que trabajaba en la generatriz de Costa Sur y que nunca iba a inspeccionar las tomas, pero aun así certificaba el comercio como apto.

Por ese esquema cobraron entre $300 a $10,000, según dijo una fuente con conocimiento de la pesquisa interna y que habló bajo condición de anonimato.

El resto de los testigos son los comerciantes quienes, al parecer, ahora se están retractando por diversas razones.

Rosario Cortés suministró a este diario una declaración jurada de un comerciante, firmada en enero de este año, en la que asegura que, en octubre de 2017, firmó otra declaración jurada que ya estaba preparada, que no leyó, y por la cual no pagó honorarios al abogado que la suscribió.

“Querían que yo conectara a un cliente que era ese (mismo de la nueva declaración jurada) que era donante del PNP que lo eximiera de las certificaciones eléctricas y yo me negué… y así mismo se los dije: ‘prefiero que me boten’. Era un garaje de gasolina y, si por yo eximirlo de las certificaciones eso explotaba, esa responsabilidad iba a caer sobre mí, no sobre ellos. Yo decidí no aceptarlo”, aseguró.

Indicó que, en octubre de 2017, el empleado unionado solo hizo dos casos de 192 solicitudes.

“Si eso era beneficiarlo, bendito”, expresó con ironía Rosario Cortés.

Al cierre de esta edición, la AEE no había respondido a un pedido de comentarios en torno al constante retraso de la vista, aunque el mismo Rosario Cortés contó que han sido muchas las excusas, desde que no había quien transcribiera o grabara los procesos, hasta conflicto de intereses con su abogado Víctor Openheimer, quien fue director de Recursos Humanos en la Autoridad de Energía Eléctrica.