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El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, Víctor Parés, emplazó a la gobernadora Wanda Vázquez a que conceda una moratoria en la implementación de un reglamento conjunto que preparó la Junta de Planificación y que afecta a gran parte del sector comercial en Puerto Rico.

El llamado de Parés surgió tras una vista pública en la que al menos ocho organizaciones expresaron sus preocupaciones con el reglamento, al que describen como uno contradictorio a las disposiciones de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos. Entre estas entidades, figuran la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Centros de Inspección, Empresarios por Puerto Rico, la Asociación de Funerarios y la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado.

Las entidades sometieron una ponencia en conjunto en las que dijeron sentirse preocupadas porque el reglamento faculta que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) exija a los negocios permisos de usos distintos para una misma operación, obliga la renovación anual del permiso único y requiere que para el permiso único los negocios sometan documentos que incluyen croquis de la estructura, dimensiones y perímetros. Según la ponencia, para el trámite de todos los documentos requeridos, como parte de la renovación anual, se ven obligados a contratar profesionales y gestores en esa área.

“Nos topamos con un reglamento que no simplifica los procesos, sino que impone unos más complejos. Que no disminuye costos, sino que duplica, y en otros casos triplica los costos asociados. Peor aún, un reglamento que impone la aplicación retroactiva de códigos, que a su vez traen requerimientos nuevos y onerosos”, expresó Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico.

En el caso de las funerarias, OGPe está requiriendo un permiso para los servicios de velatorio y otro para la sala de embalsamamiento, aún cuando ambos constituyen componentes de una misma operación.

Monge fue enfática en que el gobierno debe facilitar la gestión empresarial si quiere obtener un desarrollo económico real.

“La ley entiendo que va por encima de cualquier reglamento y aquí no se está respetando”, expresó.

Mencionó que la interpretación que se le da a esta ley es diferente en muchas agencias y que la Junta de Planificación nunca consultó con los comerciantes al momento de implementar el reglamento conjunto.

Por su parte, Rafael Delgado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolineras, solicitó a la Cámara que abogue para detener la implementación de la medida hasta tanto no esté claro cuál será el costo y el impacto de las renovaciones anuales.

“Aquí se crean estos programas y estas estructuras para que alguien se beneficie y nosotros los comerciantes paguemos los costos en temas operacionales”, dijo.

Al final de la vista, Parés hizo un llamado a la gobernadora a detener la imposición de ese reglamento y no descartó enmendar la ley que rige el sistema de permisos. “Mi expresión con mucha deferencia a nuestra gobernadora es que evalúe la moratoria y que cuente con nosotros para poder evaluar qué es lo mejor para el País. Ese reglamento afecta a los comerciantes puertorriqueños”, sostuvo.

La gobernadora comunicó la semana pasada que evalúa aprobar una moratoria a la disposición del nuevo reglamento de permisos. También admitió que el reglamento ha traído problemas y múltiples deficiencias.