vr-10-14-003juntaft.jpg

>Archivo/EL VOCERO

El Tribunal Supremo de Estados Unidos atenderá mañana el primer caso que llega al máximo foro judicial vinculado a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en el cual pasará revista sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal, lo que a juicio de varios analistas consultados por EL VOCERO tendrá serias implicaciones para la Isla.

El pasado mes de julio, la corte acogió la solicitud de ‘certiorari’ de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la consolidó con otras cuatro que —con argumentos diferentes— buscan que se invalide la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos realizados por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y que nunca fueron sometidos al Senado federal ni confirmados por este cuerpo. Están de acuerdo con la determinación de la corte apelativa de declarar inconstitucional las designaciones, pero rechazan —por lo cual acuden al Supremo— que se sostengan vigentes las decisiones tomadas por la junta en los pasados años, como decidió el tribunal.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib, las implicaciones de la audiencia son de tal magnitud que podrían trastocar la Constitución de Puerto Rico y reafirmar el estatus colonial de la Isla.

“La premisa básica —si es que la atienden— la levantó el Departamento de Justicia federal. Si fuese que resultan inconstitucionales o ilegales los nombramientos, plantean que entonces el nombramiento del gobernador de Puerto Rico debería correr el riesgo de pasar por la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense porque resultarían nombramientos federales”, detalló Báez Galib a EL VOCERO.

Esto se desprende del recurso de ‘certiorari’ presentado por el gobierno federal en el que alega que la invalidez de las designaciones a la junta fiscal también implicaría que el gobierno de Puerto Rico es inconstitucional desde su creación. Según argumenta, los nombramientos no son inconstitucionales porque la cláusula de nombramientos federal no es aplicable a la ley federal Promesa por estar dentro de los confines del gobierno territorial de Puerto Rico.

Las partes opositoras defienden que la junta es una entidad federal e insisten en que los nombramientos de sus integrantes debieron ser confirmados por el Senado estadounidense.

En junio, el procurador general de EE.UU., Noel Francisco, sostuvo que “por primera vez en la historia de la nación, un tribunal ha declarado que los funcionarios territoriales deben ser nombrados de conformidad con la cláusula de nombramientos. Esa participación, que no puede ser cuadrada con los precedentes de esta corte, necesariamente implica que el gobierno de Puerto Rico ha sido inconstitucional desde su inicio”.

Para Báez Galib, la posición de Estados Unidos implica que “el tribunal podría resolver el estatus de la Isla de un solo plumazo”.

“El Supremo normalmente trata de resolver los asuntos de la forma más limitada posible. ¿Quién sabe si se apean por una cuestión técnica? Pero indiscutiblemente si no lo hacen y resuelven algo, tendrá impacto sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos”, agregó el también exsenador popular.

La Utier y el fondo de inversiones Aurelius Investments se sostienen en que se configura la violación a la cláusula constitucional de nombramientos porque no hubo confirmación del Senado federal. La Utier también pide que se revise el remedio del tribunal apelativo porque —a pesar de haber declarado inconstitucionales los nombramientos— validó las acciones de la junta e incluso le permitió seguir funcionando.

“Si ocurre lo que pide la Utier podría dar paso a un problema serio porque no se sabe si el presidente Donald Trump va a nominar a estas personas, si nominará a otras o haya una combinación de ambas. Esto además, representaría un atraso en los trabajos que el ente ha realizado hasta el momento y comenzaría un proceso de investigación sobre los acuerdos (de reestructuración de deuda) que se hicieron. Sería bien complicado”, comentó por su parte, el analista y abogado John Mudd.

El abogado —que también ha participado de los procesos relacionados con la reestructuración de la deuda— resaltó que otros posibles fallos podrían ser que los siete nombramientos del ente federal sean catalogados como constitucionales o que el máximo foro adopte la doctrina del circuito de apelaciones que valida las acciones del organismo pese a que las designaciones de sus integrantes son inconstitucionales.

Llueven “amigos de la corte”

Por su parte, el abogado de la Utier, Rolando Emmanuelli, recalcó que lo que es inconstitucional no genera derechos y obligaciones, por lo que se debe invalidar el proceso de quiebra incoado por la junta fiscal. Indicó además, que se han radicado 16 recursos de “amigos de la corte”, de los cuales 14 son a favor del planteamiento del sindicato.

“Este caso presenta una serie de situaciones fundamentales para Puerto Rico, no solamente con relación a la ley Promesa, sino el futuro de los Casos Insulares. Evidentemente toda la jurisprudencia que hay se funda en los Casos Insulares y Promesa es una ley que se funda en la Cláusula de Territorios”, comentó Emmanuelli.

No obstante Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal, aseguró en entrevista previa con este medio que confía en que prevalecerán ante el máximo foro judicial. “No creemos que hay nada malo con nuestros nombramientos porque no somos una entidad federal, somos una entidad territorial. Esa es nuestra defensa y estamos esperanzados de que ganaremos en el Supremo”, sostuvo Jaresko.

La audiencia ante los nueve jueces del Supremo federal comenzará a las 10:00 a.m. de mañana y tendrá una duración de 80 minutos. Las partes involucradas tendrán hasta 10 minutos para argumentar su defensa y comenzarán con la junta fiscal, seguida por el gobierno de Estados Unidos, Aurelius Investments y luego la Utier.