Playa

A pesar de que Puerto Rico se encuentra rodeado de playas no existe un mandato de ley que defina lo que son y a quién pertenecen, lo cual puede tener el efecto de que muchas estén desprovistas de protección ambiental. 

Aunque las playas de la Isla son de "dominio público" y su libre acceso está enmarcado en diferentes leyes, no hay una que las defina específicamente.

A raíz de esa problemática, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) por Mayagüez y Aguadilla, Ada García Montes, radicó recientemente un nuevo proyecto de ley que busca especificar lo que sería una playa pública.

La medida surge en medio de la controversia por la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa en Rincón. Desde comienzos del mes de junio, un grupo de manifestantes condenó esta construcción al sostener que invade el espacio público de la playa y es una zona donde anida el carey y el tinglar, una especie en peligro de extinción.

El Proyecto del Senado 557, que crea la “Ley de Playas Públicas de Puerto Rico”, está en manos de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales desde el lunes, la cual preside el senador popular Albert Torres Berríos.

¿Qué hará esta ley?

Buscará definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como dominio público, conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Código Civil de Puerto Rico de 2020, y a la Ley Núm. 3 del 22 de agosto de 1990, según enmendadas.

“A esos efectos, he radicado el Proyecto del Senado 557, para crear la “Ley de Playas Públicas de Puerto Rico”, definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como bien de dominio público, conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Código Civil de Puerto Rico de 2020, entre otras leyes relacionadas con los muelles y deslinde en la zona marítimo-terrestre, entre otras”, indicó la también vicepresidenta de la comisión de Agricultura y Recursos Naturales en declaraciones escritas.

De igual forma, la senadora añadió que la carta magna dispone que “será política pública la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”, y que a través de jurisprudencia, ha quedado establecido que dicha disposición, por ser de rango constitucional, ostenta superioridad sobre cualquier legislación o reglamentación que se apruebe, pues su misión es un decreto al gobierno de velar por la conservación de los recursos naturales del país.

“A pesar de este mandato constitucional, y de contar con agencias, vasta legislación y reglamentación conducente a proteger nuestros recursos naturales, y, por ende, las playas de Puerto Rico, son múltiples las comunidades que se han visto afectadas, así como las situaciones que han enfrentado ciudadanos en particular, respecto al libre uso y disfrute de las playas. Esto ha generado disputas en los tribunales, denuncias en foros públicos, manifestaciones y malestar en general. En consecuencia, se ha dificultado armonizar el desarrollo económico y turístico, con la protección de nuestros recursos naturales. Para lograr una política pública clara y efectiva, es que estoy presentando esta medida”, indicó García Montes.

Lee el proyecto de Ley del Senado 557 aquí:

En el año 1999 se creó la Ley de la "Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico" con el propósito de fijar de forma integrada la política pública para el manejo de las playas de Puerto Rico; que tendrá la responsabilidad de coordinar esfuerzos y recursos de los sectores público y privado para fomentar la seguridad, ornato y la conservación de las playas de la Isla.

En el año 2014, la firma Estudios Técnicos elaboró el “Plan Maestro de Acceso Público a las Costas de Puerto Rico”, que se esperaba le sirviera al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como guía en la conservación de recursos naturales y por ende, las playas.

Según el documento, fueron identificadas 369 áreas costeras y georeferenciadas en Puerto Rico y detalla que 40 zonas son inaccesibles -porque requiere sobrepasar obstáculos naturales, legales o intereses particulares-, 171 con una accesibilidad limitada -existen situaciones que obligan a pedir permiso a los dueños o a cruzar solares baldíos o interrupciones de calles sin salida- y 143 que son totalmente accesibles -acceso está totalmente ubicado en propiedad pública libre de gravámenes-.

En Puerto Rico, la única playa privada reconocida es la del hotel Caribe Hilton, en San Juan. En 1946 el Gobierno de Puerto Rico -Jesús Toribio Piñero Jiménez, quien fue el gobernador para ese entonces- traspasó la playa del hotel a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) y esta le cedió los derechos a los hoteles Hilton. Mientras que en 1998 el hotel fue privatizado por la administración del exgobernador Pedro Rosselló y el acuerdo de compraventa traspasó en su totalidad a los hoteles Hilton.