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La salida de Erik Rolón se da en medio de serios señalamientos que incluyen supuestas irregularidades subastas realizadas en la agencia que dirigía. > Archivo / EL VOCERO

La permanencia de Erik Rolón como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se había vuelto “insostenible” tras las múltiples denuncias de irregularidades que han salpicado a esta agencia en los pasados meses, opinó ayer el representante popular Jesús Manuel Ortiz.

“Iban cuatro muertes en poco más de mes y medio, serios problemas en falta de equipo… todos los detalles dan a indicar que no hubo sentido de urgencia en la agencia para reclamarle a la Junta (Federal de Control Fiscal) más recursos”, dijo Ortiz a EL VOCERO.

El sábado en la tarde, la gobernadora Wanda Vázquez solicitó la renuncia de Rolón al puesto que ocupaba en Corrección, así como la dimisión del subsecretario de la agencia, Irving Otero.

La salida de Rolón se da en medio de señalamientos que incluyen supuestas irregularidades en las subastas realizadas en la agencia que dirigía —matizadas por la muerte de varios confinados el pasado mes— y porque la empresa que administra el programa de salud correccional ya no estaría operando en las instituciones debido al recortes de fondos por parte de la junta fiscal.

Sobre esto último, Rolón dijo que se había reunido con miembros del organismo fiscal a finales del pasado mes en aras de que se reasignaran $28 millones a la agencia y evitar el abismo presupuestario. No obstante, Ortiz señaló que la acción del ahora extitular fue “demasiado tarde” y que esto solo evidencia “dejadez”.

Por otra parte, el senador Miguel Pereira dijo que no le sorprendió la determinación de la primera ejecutiva y que —dadas las circunstancias y lo que ya se ha discutido públicamente— todo indicaba que era “necesario que se diera lo que sucedió (la salida de Rolón)”.

“Había como que una serie de eventos preocupantes para la gobernadora. Pero no estoy informado de las interioridades del proceso”, se limitó a decir el exsecretario de Corrección.

Se mantienen al margen

Eddie Charbonier, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), tomó distancia cuando este diario le cuestionó cómo catalogaba la determinación de la gobernadora de solicitarle la renuncia.

Dijo que en los pasados meses han habido “unos cuestionamientos que tienen que ser aclarados por el bienestar del pueblo”. “Debo decir que hasta ese momento (antes de la salida de Rolón) lo que había escuchado era que él tenía buena comunicación con (algunos) legisladores y alcaldes”, sostuvo.

Agregó que debe hacerse una “investigación formal” en cuanto a los señalamientos que han habido hasta el momento.

Mientras, Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) dijo que “la gobernadora sabe lo que hace”.

“(Ella) tomó la información que tenía a su disposición y de ahí hizo la determinación”, señaló Román.

El pasado 3 de julio EL VOCERO informó en primicia que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) investiga la adjudicación de una subasta de $300 millones a Carolina Catering Corporation (CCC) para el servicio de alimentos a la población penal, mantener las lavanderías y operar las comisarías (tiendas) en las cárceles.

Ese proceso de subasta llegó hasta el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y un panel de jueces paralizó el proceso a favor de TKC Intermediate Holdings y su subsidiaria Trinity Services, las cuales denunciaron que había ocurrido intervención indebida de funcionarios de Corrección en dicho proceso.

Mientras, tan reciente como el viernes pasado, el senador popular Cirilo Tirado denunció que Corrección otorgó una subasta de manera irregular a una compañía que ofrece servicios para impedir comunicaciones celulares no autorizadas —aunque permiten llamadas de teléfonos móviles legítimas y de emergencia—dentro de las instituciones correccionales.

EL VOCERO intentó contactar a Rolón, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Periodista y asistente en Mesa de Información.