Fernando Scherrer

Fernando Scherrer Caillet, socio administrador de BDO, a su llegada al edificio federal en Hato Rey.

Una investigación especial realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) encontró que excontratistas y exempleados de la firma BDO Puerto Rico, P.S.C. aún mantienen vínculos con el gobierno, bajo nuevas compañías contratadas.

Además, la investigación reveló que funcionarios gubernamentales pudieron haber cometido faltas éticas y legales en el proceso de formalización de contratos y certificación de facturas.

“En cumplimiento con nuestra facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, resulta meritorio realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de estos funcionarios públicos a los estatutos aplicables”, sostuvo la OIG.

Fue el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, quien hizo un referido público a la OIG, donde solicitó que se realizara una auditoría de todos los contratos que BDO tenía con el gobierno.

La investigación halló que, durante el 2019, BDO tuvo cerca de 44 contratos por $30,283,634.80 con entidades en la Rama Ejecutiva.

En el caso de los contratos entre BDO y el Departamento de Hacienda, la OIG identificó que mientras se contemplaba la cancelación de los acuerdos con dicha agencia, la mayoría de los exempleados —que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por la agencia— continuaron sus operaciones bajo contratos formalizados con nuevas compañías.

Además, la pesquisa reveló que algunos funcionarios de Hacienda eran exempleados de BDO previo a llevar a cabo funciones en la agencia y tras su nombramiento, estuvieron directamente involucrados en el proceso de contratación —solicitud, formalización, desembolsos y cancelación— de las nuevas compañías contratadas.

“Para salvaguardar la pulcritud del proceso ante dicho referido, no es posible abundar en más detalles de la investigación”, concluyó la OIG.

El pasado 20 de junio, el gobierno ordenó la cancelación de los contratos con BDO tras salir a relucir que el FBI investigaba el proceso de contratación en el Departamento de Educación, en el Departamento de Hacienda y en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

El 10 de julio, agentes del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud (OIG-HHS) arrestaron al socio administrador de BDO, Fernando Scherrer y al contratista de la compañía, Alberto Velázquez Piñol —entre otros— por tres alegados esquemas en el otorgamiento de contratos ascendentes a $15.5 millones en Educación y $2.5 millones en ASES.