José Luis Dalmau

Dalmau advirtió que si el gobernador desea enviar a representantes de la estadidad a cabildear por el estatus, "tendrá que hacerlo con fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP)". > Archivo / EL VOCERO

Si al 3 de noviembre del corriente año el Congreso no se ha expresado sobre el resultado de la consulta de estatus —llevada a cabo en las pasadas elecciones generales— la falta de respuesta será interpretada por la Asamblea Legislativa “como una negativa inequívoca” de ese cuerpo federal “al objetivo de esta votación”, comunicó ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

En el mensaje dirigido al País y difundido a través de las redes sociales, el senador anunció un plan de acción que incluye varias resoluciones relacionadas con el estatus político de la Isla, dejándose llevar por la pasada consulta que se realizó en noviembre pasado en la que el “sí” a la estadidad prevaleció con un 52% de los votos mientras que el “no” obtuvo el 48%.

“Según la propia ley que aprobó dicha consulta, el mandato del sí está sujeto a una respuesta del Congreso en un año, de los cuales —por si no lo sabían— ya solo les restan 8 meses y una semana. Como fiel creyente en la democracia, aun sin coincidir con ese resultado, tengo el firme convencimiento de que esa votación debe recibir una respuesta honesta y directa del Congreso de los Estados Unidos y de todos aquellos que tengan responsabilidad sobre sus consecuencias”, expresó el presidente senatorial.

Entre las acciones que se propone realizar Dalmau, está solicitar que tanto el Congreso federal como la Junta de Control Fiscal se expresen sobre las implicaciones de un cambio de estatus.

El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que el uso de fondos públicos para enviar seis emisarios de la estadidad al Congreso —a los que habría que pagarles el salario— nunca fue consultado en la papeleta de votación. Por tal motivo, Dalmau ordenará la reducción de $1,250,000 del presupuesto destinado para el próximo año fiscal a la Oficina de Puerto Rico en Washington.

Dalmau advirtió que si el gobernador Pedro Pierluisi desea enviar a representantes de la estadidad a cabildear por el estatus, “tendrá que hacerlo con fondos del Partido Nuevo Progresista (PNP)”.

Emplaza a la comisionada residente

Dalmau señaló que la ley de consulta de estatus establece que 30 días después de la certificación de los resultados del plebiscito, la comisionada residente Jenniffer González debió someter un plan de transición “detallado”.

“Deseamos examinar ese plan, si es que existe”, expresó el presidente senatorial.

Otra resolución que encaminará Dalmau es la creación una comisión especial sobre el estatus político, para examinar los posibles mecanismos procesales, el contenido y alcance de las propuestas, y los modelos de transición de todas las fórmulas de estatus.

También radicó una medida para exigirle al Congreso que conteste las cinco preguntas que considera importantes sobre el proceso de transición hacia la estadidad.

Según detalló, el Congreso deberá responder cuál es el impacto de las contribuciones federales en la economía y si el resultado de la pasada consulta de estatus tiene el aval del Departamento de Justicia federal.

Además deberá contestar, según expone Dalmau, si 52% es mandato suficiente para anexar la Isla a la Unión; si se requerirá de Puerto Rico el pago de contribuciones sin representación —como ocurrió con Alaska y Hawái antes de su admisión—, y cuál será el efecto de anexar a una nación latinoamericana que es distinta a Estados Unidos.

Análisis financiero sobre estadidad

Dalmau también le requerirá a la junta fiscal un memorando formal para saber si en el diseño de los planes fiscales y de ajuste de deuda —que comprometen los recursos de la Isla por cuatro décadas— se contempló un cambio de estatus que reduciría los ingresos al fondo general, que resulta ser la fuente de financiamiento para el pago de la nómina, los sistemas de retiro y los acuerdos de pago de deuda.

Reacciona Pierluisi

“No deja de sorprender que el presidente del Senado piense que Puerto Rico debe conformarse con una representante —por efectiva y trabajadora que es— pero sin voto y solo presente en uno de los cuerpos del Congreso, para abogar por todos los residentes de nuestra Isla. Por eso, es que necesitamos esas seis personas adicionales que aboguen por la igualdad de cada ciudadano y ciudadana americana en Puerto Rico”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.

“Estoy de acuerdo en que la bola está en la cancha del Congreso, pero le recuerdo al senador, que aun si se tardara más tiempo en contestar, la voluntad de nuestro pueblo no tiene fecha de expiración. Decir que va a ignorar el deseo de igualdad de nuestro pueblo es una falta de respeto a cada puertorriqueño y puertorriqueña que se expresó en las elecciones del pasado noviembre”, subrayó Pierluisi.

Añadió, también, que “el rechazo al plebiscito de estatus de parte del Departamento de Justicia solo se retrae al uso de fondos federales para la consulta. De ninguna manera, el Departamento de Justicia ni el Congreso pueden limitar la expresión democrática de un pueblo, en particular de sus ciudadanos americanos”.

EL VOCERO intentó comunicarse con la comisionada residente, pero no fue posible al cierre de esta edición.

Periodista y asistente en Mesa de Información.