Departamento del Trabajo

El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, aseguró que habrán más revisiones en los documentos de los solicitantes.

Las autoridades federales y locales serán las que intervendrán y tomarán acción con las posibles violaciones de ley en el acceso a fondos del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en ingles), mientras que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) se limitará a la gestión para el recobro de miles de dólares.

El secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago —tal y como ya había adelantado EL VOCERO— dijo que los presuntos actos de fraude no se limitan simplemente a personas que no les correspondía recibir el beneficio y dieron información incorrecta u omitieron datos, sino también a esquemas de robo de identidad.

“Desde el punto de vista del Departamento, a mí lo que me corresponde es hacer una acción de recobro y las autoridades estatales y federales son los encargados de determinar si radican cargos o no, o la acción a seguir desde el punto de vista criminal”, explicó Rivera Santiago.

En Puerto Rico suman 32 las personas intervenidas desde el 14 de julio por fraude a este programa y la División de Robos a Bancos ha recuperado $157,642. El programa de ayuda ha enfrentado situaciones en otras jurisdicciones, como en el estado de Hawáii, donde se habla de hasta $92 millones en reclamos fraudulentos por robo de identidad, y casi 6,000 residentes locales han informado que son víctimas. Al momento, el gobierno federal pudo bloquear más de $76 millones en pagos, pero al menos $15 millones habían salido, según reportes de prensa internacional.

“En Hawáii lo que yo había leído es que tenían sobre $90 millones, que había una situación de fraude en el estado de Hawaii. Sé que Nevada tiene ese problema. El FBI también está muy activo en estos estados, algo que se ha ido replicando, que ha ocurrido en otros estados. Puerto Rico ha tenido también la misma situación, pero definitivamente pudiese conllevar quizás mayores restricciones por parte del gobierno federal de los estados o algún tipo de garantía”, añadió Rivera Santiago, en entrevista con EL VOCERO.

Precisó que a diario se reciben alegaciones de distintas situaciones y que hay patronos que saben de personas que están reclamando el seguro de desempleo como si fueran empleados cuando no lo son.

“Son múltiples las alegaciones de posible fraude que se reciben. Todas ellas, pues se canalizan”, dijo el funcionario.

Esta semana EL VOCERO reveló que entre los esquemas bajo pesquisa, llama la atención el perpetrado supuestamente por varios estudiantes de un colegio. Sin embargo, el secretario dijo desconocer si hay ahora mismo otras escuelas y colegios en esta misma situación.

En estas solicitudes de PUA y desempleo, según dijo, el ciudadano reclamante debe certificar que está diciendo la verdad, pues se advierte que —si omite información, es falsa o incorrecta, con el propósito de obtener beneficios— se expone a sanciones tanto civiles como criminales.

En el caso de PUA, para recibir el beneficio el secretario indicó que se solicitaban algunos de los documentos, pero algunas personas alegan que al principio —por ejemplo— no se pedía el registro de comerciante, entre otros.

“Se estaba solicitando algún tipo de corroboración. Sí, en un momento dado, el proceso no requería eso. Estaba un poco más flexible, pero es una certificación bajo juramento”, señaló. “Cuando comenzó la situación de la pandemia, todas las agencias de gobierno en su mayoría estaban cerradas. Así que no estaba abierto el mercado y la economía. Así que por ejemplo, para sacar una certificación de cualquier índole, el ciudadano no tenía esa accesibilidad. Ya posteriormente, al haber una reapertura, pues es mucho más fácil comenzar a solicitar documentos porque la persona puede gestionarlo”, detalló.

En la compensación pandémica que duró hasta el 25 de julio, los solicitantes recibían $600 de fondos que son regulados por el gobierno federal y que, por tanto, son auditados. Precisamente, a la llegada de Rivera Santiago al DTRH, ya el gobierno federal había comenzado a pedir información relacionada al PUA.

Posterior a esto, el personal del gobierno federal ha tenido una presencia más activa en el DTRH, monitoreando todas y cada una de las distintas transacciones, en conjunto con la Oficina del Inspector General.

“Aquí también hay una División donde la gente puede denunciar el fraude que… también se les canalizaron a las autoridades”, subrayó.

Desde el pasado 15 de marzo al 24 de julio, se han recibido 640,339 solicitudes, de las cuales 333,288 son de desempleo y 307,051 son de PUA. De estas solicitudes, ya se está pagando beneficios a 471,866 solicitantes, de los cuales 208,749 son por desempleo y 263,117 por PUA.

Al momento, el número de solicitudes que no cualifican son 90,172 y con puntos controvertibles hay 58,202. Estas últimas son porque al solicitante le falta alguna información o documento para poder determinar si es elegible o no, explicó el secretario del Trabajo.

Actualmente, la cantidad de casos que se atienden de forma diaria entre las nueve regiones son aproximadamente 1,200 personas y, en el caso del Centro de Convenciones, en adición a los 300 presenciales, que todavía se están honrando hasta el 31 de julio, pues se atienden en adición sobre 3,500 casos en total, comentó. Pero pese al alto volumen de solicitudes, mencionó que cuentan con el dinero para continuar pagando el beneficio.

Con respecto al proceso de las solicitudes y cómo las están atendiendo, dijo que están utilizando la tecnología a través del sistema interno de la agencia. Añadió que la plataforma de Turnospr, al momento, no se está utilizando para que el ciudadano saque la cita, pero que esta herramienta tecnológica permite que se puedan asignar internamente los casos al personal de la agencia para que los atendidos por teléfono.

En ese aspecto, explicó que la agencia tiene un listado por antigüedad, desde las reclamaciones más antiguas a las más recientes, y lo que hacen es que le envían un mensaje de texto o correo electrónico al ciudadano donde se especifica el día y la hora donde se van a estar comunicando con ellos.

“Ese ciudadano recibe esa llamada del personal y a través del teléfono se atienden toda la situación de reclamación. Si debe o falta algún documento, ahí mismo se le dan varias alternativas desde enviar por email al momento si tiene acceso al internet el documento al funcionario que está hablando, subirlo en la página internet del departamento o, en la tercera alternativa, si la persona no tiene acceso a internet, pues llevarlo físicamente a algunos de los buzones de las nueve regiones o en oficina central”, abundó.

Plataforma para PUA

En el caso de PUA, dijo que espera tener para mediados de agosto una plataforma que agilizará grandemente el proceso porque “al compartir información con el Departamento de Hacienda, pues validamos de manera instantánea información contributiva de ese cuentapropista, pues obviamente salario, registro de comerciante o el negocio que sea”. Añadió que la ventaja de eso es que se valida al momento y el ciudadano no tendría que proveer mayor documentación.

“Lo validamos inmediatamente con Hacienda y lo otro es que una vez se valide, el pago principalmente va a ser por depósito directo. La persona pone el número de ruta, su número de cuenta y el pago se estaría efectuando en lo que toma un depósito directo que es prácticamente hasta 72 horas. Así que esa tecnología, que esperamos ya a mediados de agosto poder tenerla, nos va a permitir liberar también personal humano para enfocar en el área del desempleo. Así que eso es lo que estamos trabajando”, añadió.

*El periodista Miguel Rivera Puig colaboró en esta historia.