AEE

El informe señala que la Autoridad de Energía Eléctrica pagó en exceso por los contratos con Whitefish Energy y Cobra Adquisitions en 2017. 

En medio de la emergencia por el reciente evento atmosférico y la vulnerabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) reveló que la corporación pública pagó en exceso por los contratos con Whitefish Energy y Cobra Acquisitions en 2017, pese a que no cumplían con los requisitos federales.

Ambos contratos -que fueron suscritos para reparar el sistema eléctrico tras el huracán María a un costo de $2,000 millones- no cumplieron con los principios de costos federales y los montos debían ser razonables con las adjudicaciones destinadas para la recuperación.

Según el informe, se identificaron irregularidades en la supervisión de los contratos por parte de la AEE y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Ante esta situación, la corporación pública podría no tener derecho a un rembolso pleno mediante el Programa de Asistencia Pública (AP, por sus siglas en inglés) de FEMA.

EL VOCERO se comunicó con los portavoces de prensa de la AEE, Edith Seda y Jorge Luis Burgos para obtener una respuesta, pero al cierre de esta edición no se recibió contestación.

Costos no eran razonables

Aunque la OIG certificó que la corporación pública cumplió con los requisitos federales para contratar los servicios de Whitefish, el informe señaló que la AEE falló al determinar que los costos eran razonables. El cumplimiento con las disposiciones se da luego de que el contrato fuera enmendado para corregir deficiencias.

El informe explicó, además, que la AEE incurrió en tarifas más altas que las sometidas originalmente por Whitefish. “Esto ocurrió así porque la Autoridad no evaluó la razonabilidad de las nuevas tarifas más altas. Como resultado, parte de los costos del contrato con Whitefish podrían no ser elegibles para reembolso por medio del AP. La AEE está en riesgo de no recibir un reembolso pleno por los costos del contrato”, sostiene.

El contrato de $300 millones que se le otorgó a Whitefish fue cancelado luego de que trascendiera que la empresa solo contaba con dos empleados, no tenía el equipo necesario para ejecutar los trabajos y que no se siguió el proceso normal de subasta.

Pobre supervisión

En cuanto al contrato con Cobra Acquisitions -que excedió los $1,200 millones-, la auditoría federal denunció que la supervisión que ejecutó la corporación no cumplió con los requisitos de elegibilidad del programa AP de FEMA, que les requiere supervisar las obras acordadas.

“El programa de Asistencia Pública requiere que la AEE proporcione un alto grado de supervisión de los contratos de tiempo y materiales. Sin embargo, la AEE no supervisó suficientemente el contrato con Cobra. Esto ocurrió porque Puerto Rico no vigiló las actividades de la AEE para asegurarse que cumplían con las guías del programa”, señaló la OIG.

Como resultado de la pobre supervisión, algunos de los costos detallados en el contrato tampoco eran razonables y, por tanto, pueden no ser elegibles para ser sufragados con subvenciones, agregó el informe.

El contrato con Cobra -que se dio tras la cancelación del acuerdo con Whitefish- resultó en el arresto de Ahsha Tribble, exadministradora regional adjunta de FEMA; Donald Keith Ellison, expresidente de Cobra Acquisition y Jovanda R. Patterson, exsubjefa de personal de FEMA, por fraude a los fondos para la recuperación del sistema eléctrico.

FEMA también incumplió

La pesquisa federal también señala irregularidades por parte de FEMA por reembolsos que le realizó a la AEE por algunos gastos en los que incurrieron bajo el contrato con Cobra. Según señalan, la agencia federal desembolsó $852 millones para sufragar estos gastos sin confirmar primero si la AEE había supervisado adecuadamente el contrato.

“FEMA reembolsó el dinero… sin antes confirmar si la AEE proveyó un alto grado de supervisión con el cumplimiento de dicho acuerdo. FEMA no determinó si el contrato con Cobra era razonable y elegible para recibir el reembolso de AP”, indicó la OIG.

Asimismo, el informe denunció que FEMA también incumplió con sus propias guías por no constatar si la AEE procuró el cumplimiento de Cobra con las fechas acordadas, los materiales establecidos en el contrato y la razonabilidad de estos. Sentencian, además, que los pagos realizados son inelegibles al AP.

“El tiempo nos dio la razón”

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, sentenció que la pesquisa federal demuestra que la organización sindical -que lleva alertando sobre las irregularidades en ambos contratos desde 2017- ha hablado con la verdad.

“Los arrestos que se dieron por fraude no eran las únicas irregularidades en relación con estos casos. Nunca tampoco entendimos cómo una compañía que no tenía celadores disponibles pudo facturar sobre $1,200 millones por trabajar año y medio. Eso equivale a seis años de la nómina total de la AEE”, sentenció Figueroa.

El líder sindical considera que la investigación puede dar paso a unas investigaciones más profundas que podrían poner en jaque la ejecutoria de los últimos dos directores ejecutivos de la corporación y dar a conocer otras irregularidades con otros contratos suscritos con otras empresas.

Cobra fuerza la privatización

Por su parte, el senador William Villafañe, presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, dijo que las faltas en el manejo de contratos hace imperante la necesidad de que se asegure el buen manejo de los fondos federales.

“El contrato con el consorcio Luma para la concesión del sistema eléctrico se supone que en gran medida asegure el manejo correcto de los programas federales. Uno de los componentes del consorcio es una empresa dedicada específicamente al manejo de programas similares al que está en cuestión”, mencionó el senador.