Pedro Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi mencionó do leyes que facultan al gobierno local a tomar decisiones en emergencias. >Nahira Montcourt / EL VOCERO

Para el gobernador Pedro Pierluisi, las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la vacunación contra el covid-19 no alteran los decretos en la Isla que imponen a los empleados públicos y privados, así como a los estudiantes, tener la serie de vacunas completa, incluyendo la dosis de refuerzo.

“Las decisiones dictaminadas (el jueves) por el Tribunal Supremo federal no afectan los mandatos de vacunación en Puerto Rico emitidos por medio de las órdenes ejecutivas. Al contrario, estas se mantienen en todo vigor”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

“En particular, la decisión del Tribunal Supremo federal … solo concluyó que el estatuto habilitador de esa agencia federal no le confería autoridad para requerir un mandato de vacunación contra el covid-19. En cambio, en Puerto Rico estatutos como la Ley del Departamento de Seguridad de Puerto Rico y la Ley Orgánica del Departamento de Salud, expresamente confieren al gobierno de Puerto Rico la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia. Esto incluye los mandatos de vacunación a distintos sectores de la población”, agregó.

El pasado jueves, el Supremo estadounidense emitió dos decisiones sobre el poder para obligar a los empleados a vacunarse contra el covid-19. La primera determinación deja sin efecto el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que todas las empresas con más de 100 empleados exijan la vacuna a los trabajadores. Según los jueces del Supremo, el presidente se excedió en su autoridad al determinar que estas empresas deben obligar a los empleados a vacunarse. La orden permitía que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) impusiera multas de hasta $14,000 a quienes no cumplieran con la orden de Biden. Al momento de ser revocado, el mandato todavía no había entrado en vigor.

El Supremo federal tomó otra determinación para permitir el mandato que exige la vacunación contra el covid-19 a 17 millones de trabajadores que laboran en hospitales y centros que reciben fondos federales para los programas de Medicare y Medicaid.

El gobernador Pierluisi expresó que esta segunda determinación “validó la autoridad del secretario de Salud federal para emitir un mandato de vacunación de covid-19 a los empleados de salud en las facilidades participantes de Medicare y Medicaid, sujeto únicamente a excepciones por razones médicas y religiosas”.

“Esa decisión refuerza nuestros mandatos de vacunación, al validar un esquema similar. Es decir, un mandato de vacunación que permite las excepciones médicas y religiosas. La decisión del Tribunal Supremo federal reconoció la información científica en la que se fundamentó el mandato, que la vacuna es un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus, la razonabilidad de la medida, entre otros asuntos importantes de estos mandatos. Ante ello, continuamos enfocados en atender adecuadamente la emergencia e implementando las medidas necesarias para combatir esta pandemia de covid-19”, sostuvo Pierluisi.

“Para Borinquen bella, el tema no cambia”

La abogada en asuntos laborales María Judith Marchand Sánchez, indicó que la determinación del Supremo no habla sobre las políticas de vacunación de los patronos privados ni sobre las órdenes de los estados o territorios.

“Así las cosas, la interpretación es que las órdenes ejecutivas en Puerto Rico continúan vigentes”, afirmó. “Los patronos pueden adoptar políticas de vacunación compulsoria dentro del marco que establecen las órdenes ejecutivas. Así es que para Borinquen bella, el tema no cambia porque nosotros tenemos una orden ejecutiva y eso es lo que los patronos en Puerto Rico tienen que cumplir”, agregó.

Para el profesor de derecho administrativo y exsecretario de Justicia, William Vázquez Irizarry, aunque la decisión no tiene efecto inmediato sobre las órdenes en la Isla, podrían persuadir decisiones futuras.

“Yo diría que el gobernador tiene razón en que estas decisiones del Tribunal Supremo no tienen un efecto directo sobre las órdenes ejecutivas que él ha emitido porque se trata de un uso de poder distinto al del gobierno federal. Dicho eso, sí tiene una importancia y es que demuestra que aun en situación de una pandemia, las actuaciones del gobierno tienen que siempre estar sujetas a la revisión que se lleve por parte de los tribunales. En ocasiones los tribunales están dispuestos a poder identificar que hay cosas que se han hecho de manera errónea y equivocada y eso es importante para todo gobierno, incluyendo para este”, indicó.

Mensaje a los tribunales

Vázquez Irizarry agregó que el hecho de “que la Corte Suprema esté dispuesta a decidir como decidió envía un mensaje al resto de los tribunales —tanto federales como tribunales a través de Estados Unidos y Puerto Rico— de que el poder judicial siempre tiene que tomar en consideración que es un espacio de control a las actuaciones del gobierno”.

En su página de internet, la organización Ayuda Legal Puerto Rico expuso que la determinación del Supremo federal no implica que los patronos no pueden exigir a los trabajadores que se vacunen contra el covid-19.

“Este caso no decide que las órdenes de vacunas son inconstitucionales. Tampoco limita la autoridad actual de los patronos de pedir vacunas. Esta decisión es sobre la autoridad de una agencia federal (OSHA) de establecer órdenes de vacunación. Lo que hizo el tribunal fue paralizar la orden de OSHA en lo que se resuelve el caso”, se indicó. “El tribunal entiende que OSHA no tiene esa autoridad. La ley que crea OSHA autoriza a la agencia a atender riesgos ocupacionales relacionados con el trabajo, no riesgos de salud pública que aplican a toda población”, señalan.