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El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, reveló que el pasado viernes hubo una reunión con el Departamento de Justicia. 

Alrededor de 15 mil empleados públicos, cientos de estudiantes menores de edad y confinados como Jensen Medina Cardona—pendiente de ser juzgado por la muerte de Arellys Mercado Ríos— se encuentran bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA por siglas en inglés).

El secretario del Departamento del Trabajo Carlos Rivera Santiago confirmó ayer que el pasado viernes se celebró una reunión en la que participó la secretaria interina de Justicia, Inés del Carmen Carrau Martínez, la jefa de los fiscales Arlene Gardón Rivera, varios oficiales de la Policía y fiscales de Delitos Económicos, entre otros.

“Básicamente estamos trabajando la logística de trabajo de los referidos para investigar y alegaciones de fraude” expresó Rivera Santiago.

El funcionario —quien fue procurador de menores y familia, y desde junio dirige el Departamento del Trabajo— indicó que se trata de muchos casos y se busca que “el proceso fluya tanto para la Policía y el Departamento de Justicia”.

La expresión la hizo al responder a preguntas de EL VOCERO sobre que tanto Justicia como la agencia que dirige habían expresado preocupación de que se hiciera una querella para cada caso.

“Hay sobre 10 mil empleados públicos” admitió y no descartó que la cifra pueda alcanzar varios miles más. Distintas fuentes han señalado a EL VOCERO que entre maestros, enfermeras, policías, empleados municipales y de todas las agencias de gobierno, la cifra de los que cometieron fraude usando distintas modalidades llega a 15 mil, muchos de ellos mediante información falsa sometida al solicitar los beneficios del PUA.

Investigan a los presos

En los casos de confinados, no descartó que se encuentre el de Medina Cardona, quien ha sido señalado por fuentes de Justicia y de la Policía como uno de los reclusos beneficiados. El expediente no ha sido referido para investigación, para poder conocer quién recibió, cambió o depositó el cheque.

“Puede haber casos de pago por desempleo con fraude de personas que están trabajando y no lo informan”, indicó, señalando que en otros casos se trata de robo de identidad y que a varios empleados de su departamento le han robado la identidad.

Según Rivera Santiago, la ciudadanía ha respondido devolviendo cheques por un monto total de $12.5 millones producto de reclamaciones fraudulentas al PUA, y se han recibido miles de confidencias, además de los casos detectados internamente.

Destacó que en el caso del Colegio San Ignacio de Loyola, donde se estima que entre 30 a 40 estudiantes —en su mayoría menores de edad— solicitaron y recibieron dineros del PUA, los expedientes están en manos del Departamento de Justicia.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, dijo que espera reunirse hoy con Pedro Janer, secretario de Seguridad Pública para discutir el asunto, ya que sus agentes necesitan tener un número de querella para investigar.

Escalera Rivera fue informado por el comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales, teniente coronel Rolando Trinidad y otros oficiales, de una supuesta resistencia por parte de funcionarios de Justicia para que se radiquen querellas, y de esa forma el contenido de las mismas sea público.

“Sin querellas no se puede investigar”, dijo Escalera Rivera, quien ha dejado en manos de los agentes de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras las querellas recibidas hasta la fecha.

Aunque en la reunión del viernes hubo recomendaciones para que fueran los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) los que investiguen, el NIE tiene muy poco personal y la agencia —al igual que la Policía— opera bajo el Departamento de Seguridad Pública.

La Policía tendrá que evaluar si se utilizan agentes del CIC y parte de los cerca de 800 efectivos asignados a la agencias federales, para agilizar las investigaciones.

Pocos casos radicados

Entre el 14 de julio hasta el 13 de septiembre, el Departamento de Justicia ha radicado cargos contra 11 de las 67 personas intervenidas por agentes de la División de Robos a Bancos de la Policía cuando intentaban cambiar cheques del PUA por un monto total de $414,196 dolares. Muchos de los intervenidos habían logrado cambiar cheques previamente.

Las denuncias se han radicado por distintas modalidades de fraude, como tentativa de apropiación de fondos públicos, posesión de licencias de conducir falsificadas, y en algunos casos, por robo de identidad. Al menos 10 de los acusados habían prestado fianza y se encuentran en libertad, la mayoría bajo la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio.

La última intervención se registró el pasado sábado cuando Ángel D. Rodríguez Montañez, de 20 años de edad, presuntamente intentó cambiar un cheque del PUA por $11,454 en la sucursal del Banco Popular, en San Lorenzo.

El hombre, quien es vecino de la barriada Roosevelt, en San Lorenzo, y quien dijo ser empleado de una compañía de seguros, presentó un cheque que presuntamente fue obtenido con información falsa e intentó cambiarlo con una licencia falsificada.

Por otro lado, el viernes fue intervenida Neysha Lee Font Fontánez, de 22 años, cuando supuestamente intentó cambiar un cheque del PUA por $11,520, el cual tenía una orden de que no se cambiara, después de que el Departamento del Trabajo se percatara que el número de Seguro Social no pertenecía a la reclamante. La intervención ocurrió en la sucursal del Banco Popular, en la Parada 16, en Santurce.

Ambos casos serán citados en fecha próxima ante un juez.

Silencio en Justicia

La portavoz del Departamento de Justicia, Brenda Quijano, no respondió a la llamada de EL VOCERO. La secretaria Carrau no ha estado disponible para ser preguntada sobre las pesquisas del PUA y sobre la aparente inacción en casos como los del Colegio San Ignacio de Loyola, que lleva prácticamente dos meses ante la consideración de esa agencia.