Wanda Vazquez

Gobernadora Wanda Vázquez (Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO)

La defensa de la gobernadora Wanda Vázquez solicitó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) la desestimación y el archivo del caso en su contra por no existir ninguna evidencia para sostenerlo. 

El abogado de la gobernadora Edgar Vega Pabón radicó esta tarde el documento en el que afirma que de la resolución emitida, no surge que la licenciada Ygrí Rivera Sánchez-otro miembro del panel-haya sido convocada a la reunión donde se discutió el correspondiente informe referido por el Departamento de Justicia. 

Expuso que la Ley 2 de 1988 sobre el PFEI requiere que los tres miembros del panel tomen sus decisiones colegiadamente y por mayoría simple. Como único tienen autoridad para elegir unánimemente dos de sus miembros es en caso de inhibición y que no haya un juez alterno que sustituya al que se inhiba. 

Si la licenciada Rivera Sánchez fue convocada y se inhibió del proceso, así debería surgir de la resolución. 

En un cuerpo colegiado de tres integrantes como lo es el PFEI no puede obviarse livianamente a uno de sus componentes como si no existiera y tomarse una decisión  únicamente por dos de sus miembros. 

Además, la moción establece que la hija de uno de los miembros del PFEI-Rubén Vélez Tores-, Zhamira Vélez Ortega, es una activista del contendor de Vázquez en las primarias, Pedro Pierluisi. Además, señala que el propio Vélez Ortega es seguidor de Pierluisi en las redes sociales. En tanto, la defensa estableció que esto "crea una apariencia de conflicto de intereses cuando se evalúa en el contexto de la contienda primarista". Al mismo tiempo pidió que se inhibiera de este caso. 

De otro lado, la defensa sugiere que fue el propio PFEI quien distribuyó a la prensa el informe que debía ser confidencial. 

Además, la moción reitera que prescindir de un secretario-en referencia a la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar- es una prerrogativa constitucional. 

La investigación

Según la investigación de Justicia, la gobernadora Vázquez y otros funcionarios pudieron haber cometido infracciones a la Ley de Ética Gubernamental, al Código Anticorrupción y al Código Penal, según informó el PFEI, con relación al manejo de suministros para damnificados por los terremotos de principios de año.

Pudo haber violado el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental al utilizar la posición para beneficiarse o beneficiar a un tercero. Esa infracción y la del Código Anticorrupción implican la toma de represalias contra una persona por denunciar la comisión de un delito.

Mientras que la violación al artículo 252 del Código Penal sería por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios para beneficio propio o de un tercero.

Así las cosas, el PFEI determinó que hay “causa suficiente” para comenzar una investigación a fondo sobre los hechos.