Beatriz y Ricardo Rosselló

La controversia sobre las escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló se agudizó en los últimos días tras la seguridad policial otorgada a la ex primera dama Beatriz Rosselló.

Luego de la reasignación de escoltas a la ex primera dama Beatriz Rosselló tras su reciente llegada a Puerto Rico, Orlando José Aponte Rosario, a quien se le desestimó una demanda contra el gobierno sobre esta controversia, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para que revoque la sentencia del juez de Primera Instancia, Anthony Cuevas Ramos, a fin de que el caso sea reabierto y se vea en sus méritos.

En septiembre pasado, Cuevas Ramos desestimó la demanda —interpuesta contra el gobierno y el comisionado de la Policía, Henry Escalera— al acoger los planteamientos de los demandados de que la controversia se había tornado académica, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez ordenara el 29 de agosto el regreso de las escoltas de la familia Rosselló a Puerto Rico.

Aponte Rosario demandó al alegar que las escoltas son un derecho para aquellos exgobernadores que cumplan con la definición incluida en la Ley 2 de 1965 que dispone, entre otras cosas, que tienen que haber cumplido un término de cuatro años.

“Radicamos un recurso de apelación en el cual le estamos solicitando a un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones que revoque la sentencia de desestimación del Tribunal de Primera Instancia. Estamos impugnando la asignación de las escoltas porque de conformidad con las leyes en derecho y la orden general de la Policía... él (exgobernador Ricardo Rosselló Nevares) no ostenta ese beneficio porque no cumplió los cuatro años y porque él renunció a su puesto y no le corresponde ese beneficio…”, señaló el abogado Alberto Rivera.

Agregó que “el demandante que es un abogado, tiene una preocupación de que no se despilfarren fondos públicos”.

De acuerdo con el recurso legal, la corte erró al desestimar la demanda, a pesar de que “existen hechos medulares que están en controversia, sin haber celebrado la correspondiente vista evidenciaria, o sea, determinar si la suspensión del servicio de escoltas al gobernador renunciante tiene carácter provisional o si por el contrario es definitiva e irrevocable”.

Atribuye error de la corte

A su vez, expone que el tribunal erró al abusar de su discreción al realizar determinaciones de hechos medulares que están en controversia sin que se hubiera presentado prueba a esos efectos. “O sea, que fue la gobernadora quien ordenó que se removiera la escolta y que el mero hecho de que el comisionado (Escalera) haya expresado su opinión sobre un tema en la prensa no significa que, si los hechos cambiaran, se le asignaría escolta, nuevamente, al señor Rosselló Nevares”, indica el recurso.

De igual forma, afirma que la corte erró al negarse a dictar la sentencia declaratoria solicitada por el demandante para establecer la improcedencia de la asignación de escoltas vitalicias a un gobernador que no cumplió el término para el que fue elegido y luego de haber renunciado a su cargo, “al no existir controversia sobre la interpretación de la ley”.

“Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a emitir un mandamus contra el comisionado de la Policía para que desista de asignar escoltas al señor Rosselló Nevares y sus familiares cuando están en Puerto Rico, al determinar que no surge de la ley un deber ministerial para lo que solicita el demandante”, reza la moción.

Radicarán relevo de sentencia

Rivera adelantó que en los próximos días radicarán un relevo de sentencia en el que se le expondrá al Tribunal de Primera Instancia que es improcedente la desestimación por academicidad, por entender que el gobierno hizo falsas representaciones al afirmar que se le habían suspendido las escoltas.

“Y no era cierto. Henry Escalera había dicho que cuando vinieran aquí las iban a tener. Nosotros teníamos un contraargumento a todas las posturas del gobierno y comoquiera el juez entendió que era académico e hizo una alusión de la película ‘Weekend at Bernie’s’, de que este caso no podíamos cargarlo porque el caso ya había muerto y se podía seguir cargándolo como en la película”, dijo el letrado.

“El juez entendió que el caso ya no tenía méritos porque el gobierno le había dicho que las escoltas se habían suspendido ‘for good’”, afirmó Rivera.