Rivera
Rivera dejó claro que tiene preguntas sobre la Ley 80 de retiro incentivado.
 

Ramón Luis Rivera, presidente del comité de transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, recomendó ayer a los empleados públicos que no se acojan a un programa de retiro hasta que haya una determinación final de la Junta de Control Fiscal.

Durante el primer día de vistas de transición, el también alcalde de Bayamón dejó claro que tiene preguntas sobre la Ley 80 de retiro incentivado. En conferencia de prensa cuestionó, entre otras cosas, qué sucederá en una agencia donde haga falta ocupar un puesto, pero el mismo haya quedado congelado mediante el referido estatuto. Preguntó, además, qué sucedería con los empleados públicos que se acojan a esa ventana de retiro, pero luego tengan que regresar si es que la ley no pasa el cedazo de la junta fiscal o de un caso judicial.

“Si al final del camino la junta determina no aprobar esa ley, pudiera quedarse el empleado en un limbo. La ley dice que le vas a pagar a ese empleado el 50% (de su retiro), más plan médico hasta los 62 años, pero si usted necesita esa plaza, ¿qué va a hacer?”, cuestionó Rivera. “Si se anula la ley y ya se eliminó la plaza, ¿qué va a hacer? Si el gobierno lo vuelve a recoger, pero acumuló ocho meses de vacaciones, pues tiene que esperar ocho meses para volver a trabajar”, añadió.

Entonces, hizo una recomendación a los empleados del gobierno: no renuncien.

“Mi sugerencia a los empleados, quizá entrando un poco en el campo que no debo entrar, es que llenen todos los papeles y no los activen hasta que termine la negociación con la junta, no sea que se queden sin la soga y sin la cabra”, advirtió.

En agosto se aprobó la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80) para “establecer un programa mediante el cual empleados elegibles del gobierno puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad del retiro”.

La directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, aseguró que han ofrecido a la junta toda la información que ha solicitado. Aún no puede precisar cuántos empleados públicos podrían acogerse al programa de retiro incentivado.

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Desde la izquierda, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón y la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez.

“En este momento estamos evaluando. Hay una cantidad de personas que serían elegibles. Estamos en proceso de identificar si se quieren acoger o no. Una vez determinen si se quieren acoger o no, tendríamos una idea del impacto que tendría la implementación de esta ley”, indicó la funcionaria.

Apoyan activación de Guardia Nacional

Pierluisi favoreció la activación de la Guardia Nacional para manejar la pandemia del Covid-19 en la Isla.

En una conferencia de prensa junto a la gobernadora Wanda Vázquez, reiteró que sus planes ante la crisis del coronavirus incluyen preparar las escuelas para una eventual reapertura. Habló también de sus planes para —una vez termine la pandemia— extender el horario escolar más allá de las 3:00 p.m.

“Veo con buenos ojos activar la Guardia Nacional. Por lo que tengo entendido, eso no tiene impacto en las finanzas porque el gobierno federal asume el costo de activación”, dijo Pierluisi.

A partir de ayer y por orden ejecutiva, la Guardia Nacional comenzó a trabajar con la Policía para revisar que los comercios estén cumpliendo con las disposiciones de la nueva orden ejecutiva para frenar la propagación del Covid-19.

“De parte del gobierno, es importante que se cumpla con esa orden y la Guardia Nacional puede dar apoyo a la Policía de Puerto Rico y las policías municipales para que cualquier incumplimiento acarree consecuencias y el que no cumpla, responda. Si hay que cerrar un negocio, se cierra”, afirmó el gobernador electo.