Natalie Jaresko

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal.

La Junta de Control Fiscal anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de apoyo al plan con, entre otros, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., y National Public Finance Guarantee Corporation, que refleja los términos del acuerdo en principio anunciado el 12 de abril de 2021 para resolver las reclamaciones de recuperación (clawback) contra el Gobierno de Puerto Rico.

El acuerdo de apoyo al plan también brinda un marco para reestructurar las deudas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y la Autoridad del Distrito del Centro Convenciones de Puerto Rico (ADCC), y una plantilla para el trato de otras reclamaciones de acreedores similares contra la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno Puerto Rico (AFI) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El acuerdo cuenta con el apoyo de los acreedores que tienen más de $2,000 millones en reclamaciones contra la ACT, incluidos más del 85% de los bonos de la ACT 1968, cerca del 50% de los bonos senior de la ACT 1998 y alrededor del 40% de los bonos de la ADCC.

"Este acuerdo es otro paso significativo hacia la resolución del proceso de bancarrota de Puerto Rico", expresó la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

"Hoy, estamos añadiendo otro acuerdo consensuado al Plan de Ajuste del Gobierno y estableciendo un marco para que la ACT salga del proceso del Título III bajo PROMESA, todo ello con un apoyo considerable por parte de los acreedores. La Junta de Supervisión continúa su camino hacia las reestructuraciones de deuda consensuadas y sostenibles sin litigios extensos y costosos. Puerto Rico necesita continuar adelante, recuperarse y crecer". 

Los tenedores de bonos de la ADCC recibirán $112 millones en efectivo, que incluyen cargos por restricción y costos de consumación, desde cuentas asociadas con el impuesto a las habitaciones de hotel históricamente asignados condicionalmente por la ley del Estado Libre Asociado a la ADCC. Esta cantidad representa una reducción fija de la cantidad de las reclamaciones de la ADCC de aproximadamente el 70%.

Asimismo, los tenedores de bonos de la ACT recibirán aproximadamente $1,200 millones en nuevos bonos emitidos por la ACT y $389 millones en efectivo, que incluyen los cargos por restricción y costos de consumación. Estas cantidades, en conjunto, representan una reducción fija de la cantidad de las reclamaciones de la ACT de aproximadamente el 70%.

Los términos del acuerdo de apoyo al plan, junto con la liquidación previamente anunciada de reclamaciones de tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE), se incorporarán a un Tercer Plan de Ajuste Enmendado para reducir la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles asequibles y sostenibles.

El acuerdo de apoyo al plan no afecta los demás términos del Plan de Ajuste existente, que se espera reduzca la deuda del Gobierno de $35,000 millones en reclamaciones pendientes en aproximadamente un 80% a $7,400 millones en deuda futura. Junto con la reestructuración de la deuda de COFINA ya completada, se espera que el Plan ahorre al Gobierno cerca de $60,000 millones en gastos del servicio de la deuda. Para el 13 de julio de 2021 está prevista una audiencia para considerar la aprobación de la declaración de divulgación relativa al Tercer Plan Modificado.

Las negociaciones continúan con los acreedores generales no garantizados y otros titulares de reclamaciones de recuperación.

Reacciona el gobernador

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi expresó que el acuerdo contiene términos económicos positivos para Puerto Rico.

"Mi administración reconoce que los esfuerzos de la Junta de Supervisión para llegar a un acuerdo con las Aseguradoras de Bonos son un paso constructivo en el camino para dejar atrás la quiebra del gobierno de Puerto Rico y dirigirnos hacia un futuro de estabilidad fiscal y prosperidad económica. Reitero, sin embargo, que la Junta debe modificar un enfoque para proteger mejor a la clase trabajadora y a los pensionados del gobierno de Puerto Rico".

Asimismo, añadió que "continúan revisando los detalles del acuerdo, mi administración se mantendrá firme en su posición de que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico no debe requerir recortes adicionales a nuestros pensionados ni imponer cargas económicas que afecten desproporcionadamente a la clase trabajadora de Puerto Rico. Seguiré colaborando con la Junta, pero continuaré defendiendo enérgicamente los mejores intereses de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico".