Jenniffer González

La comisionada residente Jenniffer González. >Brandon Cruz González / EL VOCERO

La comisionada residente Jenniffer González exhortó a todas las personas que solicitaron de forma fraudulenta el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) a que devuelvan el dinero, antes de verse obligados a enfrentar la justicia por ser un delito federal.

“Esto es un delito federal. Mucha gente quizás dice ‘bueno, un fraude al Departamento del Trabajo, me dan un cantacito en la mano y ya, se acabó’… pues tengo que decirles que no. Estos son fondos federales, así que aquí las agencias federales, Fiscalía federal, tienen intervención directa”, señaló en entrevista radial (WKAQ 580).

La comisionada residente catalogó como una “vergüenza” el que sobre 15,000 empleados públicos, estudiantes menores de edad y confinados se encuentren bajo investigación por presuntamente obtener fraudulentamente el PUA.

“El tú ver el que haya personas en Puerto Rico, aun sabiendo que están empleados, como empleados municipales, empleados de gobierno estatal, que siempre se mantuvieron cobrando, que siempre se mantuvieron en nómina… el que hayan solicitado esto te habla de cuán mal podemos estar cuando quieren también aprovechar un beneficio que es para aquellas personas que están en la calle y que no tienen trabajo”, planteó.

El PUA fue aprobado en el Congreso para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 en negocios e individuos.

“El que usted se crea que no lo van a identificar, déjeme decirle que con su seguro social ya le tienen nombre y apellido. No espere a que lo visiten a su casa con una orden de allanamiento, con una orden de arresto, con un caso federal y estatal, porque hay doble jurisdicción aquí. Ese dinero se puede devolver”, dijo González.

La comisionada residente sostuvo que esta controversia podría afectar los fondos federales a los que tiene acceso la Isla.

“Yo exhorto nuevamente a esos empleados públicos a que devuelvan el dinero, y si ya los gastó busquen la forma de devolverlo. Ya el Departamento del Trabajo está en coordinación directa con el Departamento de Justicia y Fiscalía federal”, abundó.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, confirmó que investiga —junto al Departamento de Justicia y otras agencias— unos 10,000 empleados públicos.

Distintas fuentes han señalado a EL VOCERO que entre maestros, enfermeras, policías, empleados municipales y de todas las agencias de gobierno, la cifra de los que cometieron fraude usando distintas modalidades llega a 15 mil, muchos de ellos mediante información falsa sometida al solicitar los beneficios del PUA.