Juan Dalmau

En la foto el senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

Un nutrido sector de la niñez con diversidad funcional en el país permanecería desatendido, sin acceso a la Educación Especial debido a trabas establecidas bajo la nueva “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”, aprobada en abril de este año, denunciaron madres, padres, terapistas y organizaciones afiliadas a esa comunidad, aseguró hoy el senador Juan Dalmau Ramírez, portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Estableció que, a días escasos del inicio virtual del nuevo año escolar, nuevamente quedan en precario los servicios de educación especial, esto porque el Artículo 13.B(5) de la Ley 48-2020 establece categóricamente que, durante la vigencia de la emergencia, los servicios a ser provistos serán de forma individual, lo cual atenta contra los mejores intereses de esos alumnos.

“Esta disposición coloca a algunos proveedores de servicios en la posición de verse obligados a violentar los Programas Educativos Individualizados (PEIs) de estudiantes que, por designación clínica, necesitan terapias grupales. Hay terapias que, por su naturaleza, propósitos y necesidades del estudiantado, requieren el desarrollo de destrezas que no pueden cultivarse en un vacío”, manifestó el senador.

Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación por el PIP, consideró que la intervención indebida de este estatuto con el juicio clínico de los profesionales de la salud y conducta humana implica la usurpación de prerrogativas que van en detrimento de la niñez.

“Durante el cierre general de la economía provocado por la pandemia, y hasta muy recientemente, diversos proveedores continuaron ofreciendo las terapias grupales de manera remota. No obstante, los servicios quedaron interrumpidos al entrar en vigor la nueva ley”, anotó.

Puntualizó que la imposición de terapias exclusivamente individuales a estudiantes cuyos PEIs requieren la participación en sesiones colectivas tiene, a su vez, otros efectos indeseables.

“Estadísticamente, en Puerto Rico no contamos con terapistas suficientes para atender de manera individual a todos los niños y niñas que tienen derecho a recibir terapias. Consecuentemente, poner en vigencia la Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico, según fue aprobada con mi voto en contra, implicará necesariamente el desplazamiento de niños y niñas que no tendrán acceso a los servicios”, afirmó Dalmau Ramírez.

El dirigente independentista sostuvo que, como si esto fuera poco, la eliminación de terapias grupales tampoco es sostenible desde una perspectiva fiscal.

“Las terapias individuales son más costosas que las grupales, por lo cual su expansión y uso exclusivo tendrá un efecto agregado en las arcas gubernamentales que, a largo plazo, no sólo hará los tratamientos disponibles a menos estudiantes, sino que también propenderá a reducir la cantidad de terapias ofrecidas por estudiante activo en el Programa de Educación Especial”, expuso el portavoz del PIP.