Natalie Jaresko

La directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko.

La Junta Federal de Control Fiscal advirtió hoy mediante misiva que la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29-2019) es inconsistente con el plan fiscal certificado por el organismo rector.

Según explicó ente a través de su directora ejecutiva Natalie Jaresko, la administración de Ricardo Rosselló falló en proveer un estimado certero sobre el impacto fiscal que tendrá esta ley en los gastos del gobierno.

La ley, que el gobernador firmó a mediados de mayo, persigue eximir a los municipios de la obligación de aportar al plan de salud y al sistema de pensiones “Pay as you Go” como una manera de alivianar la carga fiscal de los gobiernos municipales de la Isla.

Jaresko detalló en la misiva que la Certificación de Cumplimiento sometida por el gobierno el pasado 3 de junio no detalla, en primer lugar, el impacto fiscal de la Ley 29 en base a las proyecciones actuariales del sistema PayGo para el año fiscal 2020.

En segundo lugar, no incluye un análisis sobre el impacto de la ley en el plan fiscal. Según la junta, el documento no identifica los recursos que cubrirán los “miles de millones de dólares asociados con la Ley 29”.

La medida establece que los municipios no tendrán la obligación de hacer aportaciones al plan de seguro de salud del gobierno ni al plan de pensiones "Pay as you Go" a partir del 30 de septiembre próximo. De igual forma, establece que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no tendrá la obligación de remesar estos pagos.

El proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no identifica cuál será la nueva fuente de fondos para emitir los pagos. No obstante, la medida estima que el impacto fiscal para los municipios entre esas partidas será de $400 millones anuales.

La junta da al gobernador siete días para proveer el costo estimado y la Certificación de Cumplimiento enmendada. De no hacerlo, el ente enfatizó que “se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias, incluyendo evitar la ejecución de la Ley 29”.

El ente había advertido previo a la firma de la ley que esta no cumplía con el plan fiscal. La junta tiene autoridad para anular esta ley o cualquier otra que viole el plan fiscal, según establece la ley federal Promesa.

(2) Comentarios

Eric Ruiz

Hay acatar los que la juntilla dice. Todo lo que el gobierno reporte y esta fuera de los números de Jalisco y la juntilla no es valido. Solamente dos personas hablan es Carrion y Jalisco los otros tienen una mordaza solamente hablan trasbastidores.

Allthetime Sin Gao

do~na yaris dele clases de como hacer las cosas bien a estos imbelices del hescremento boricua llamado ELA.

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