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A solo horas del inicio del próximo año fiscal, la Junta Federal de Control Fiscal aprobó hoy, unánimemente, un presupuesto revisado, con recortes adicionales, mientras dejó claramente establecido que las diferencias sobre la aplicabilidad de la reducción de jornada laboral las podrá terminar decidiendo un tribunal.

"Estamos anticipando que el gobierno va a cumplir, pero si ese no es el caso, las diferencias serán resueltas por un tribunal", postuló el presidente de la junta, José Carrión Rubert.

"Solo hay un plan fiscal, el certificado por la junta, que incluye las contingencias propuestas por la junta", agregó José Ramón González, ante la disputa creada con el gobierno y a preguntas del portavoz de minoría senatorial, Eduardo Bhatia.

La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, exigió entre sus enmiendas una reducción de $13 millones a la rama legislativa, a la cual le extendió una invitación a "compartir sacrificios" que ha adoptado la rama ejecutiva. Las enmiendas implican también un recorte adicional para la rama judicial. Jaresko justificó ambos recortes como remedios para evitar la reducción de jornada y bonos de Navidad a los empleados públicos.

La exministra de finanzas de Ucrania exigió además que no se reduzcan $15 millones aportados por el gobierno como parte del acuerdo con las plantas elaboradoras de leche.

Señaló que se debe aplicar una reducción unilateral de 13.3% en todas las partidas incluyendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), de modo que ninguna partida tenga una reducción distinta o “arbitraria”.

Los asesores de la junta de Ernst & Young argumentaron que la mayoría de los fondos estaba asignada a la educación ($3.9 mil millones), seguridad ($2 mil millones), el programa de salud ($4 mil millones), además de asignar dinero adicional para las pensiones. “El presupuesto es generalmente consistente con el plan fiscal”, mencionó uno de los asesores.

Las principales reducciones de costo de este presupuesto son de nómina -entre ello, la terminación de contratos de transitorios-, subsidios a la UPR, municipios y empresas privadas. Mientras, los incrementos en gastos provienen principalmente del pago de pensiones, pérdida de fondos federales para el programa de salud gubernamental y reducción de recaudos por la crisis económica.

Durante la parte de los turnos, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, les llamó la atención por la falta de transparencia y recalcó que “en cualquier democracia, debe primar el derecho de la gente a estar informada sobre los asuntos y las medidas que afectan su diario vivir”.

“El primer presupuesto aprobado por la legislatura y la junta ha provocado un ambiente de incertidumbre. Al no ser transparente, la junta está promoviendo un ambiente de estrés que afecta las vidas diarias de la gente”, agregó Hernández.

Carrión Rubert admitió que el cuerpo que dirige debía mejorar el flujo de información.

Otra integrante de la junta, Ana Matosantos, puntualizó que “son requeridas decisiones difíciles”.

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