José Luis Dalmau

En el último día de aprobación de medidas, el Senado -que cerró sus trabajos mientras la Cámara permanecía en receso- aprobó una avalancha de medidas, entre las que sobresalen una legislación que asigna los fondos para el bono a empleados públicos contemplado en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). 

La Resolución Conjunta de la Cámara 415 establece $556,150 millones para estos fines, de los cuales $475 millones son destinados para el pago del bono y los restantes $81 millones para el pago a los bonistas. Recientemente, se adelantó que el bono podría rondar entre los $2,000 y los $3,000. 

De igual manera, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 414, que establece la forma en que se otorgará el bono de Navidad correspondiente a este año fiscal 2022-2023. La medida indica, entre otras cosas, que el bono a los empleados públicos será pagado en o antes del 15 de noviembre. 

Igualmente, se avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 410, que tendría el efecto de detener cualquier negociación de la Administración de Seguros de Salud (Ases) que vaya dirigida a incorporar a las grandes cadenas a la red de proveedores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) bajo el Plan Vital. 

“Se ordena a la ASES a paralizar cualquier trámite o consideración sobre la apertura, modificación o conversión de la Red de Farmacia actual dentro del Plan Vital”, indica la RCC 410, la cual también establece que, con la aprobación de esta resolución, "se reitera la política pública vigente de mantener inalterada la red de proveedores de farmacia existentes dentro del Plan Gubernamental”.

El senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves expresó que “estamos hablando de sobre 850 farmacias de la comunidad que generan catorce mil empleos directos y sobre cinco mil indirectos y han seguido dando el servicio a cerca de 1.3 millones de proveedores".

"Aún con el problema de los PBM y los pagos, las farmacias de la comunidad siempre han dicho presente. A veces pasan meses esperando que el proveedor emita los pagos y siguen estando ahí… esta resolución busca que los proveedores sigan dando el servicio… buscamos con esta medida proteger esas farmacias de la comunidad”, agregó el legislador popular. 

En la misma línea, el senador independiente José A. Vargas Vidot, indicó que “las farmacias de la comunidad no es una red comercial es parte de una estructura de salud pública... creo que un voto positivo por este proyecto es un apoyo directo a esta estructura que justamente ya es una competencia directa hacia las cadenas invasoras que han maltratado la salud del país”.

También, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 139 que ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos (OARTH) y a todas las agencias del gobierno a que implementen en su Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución un salario mínimo para los servidores públicos que bajo ningún concepto sea menor al salario mínimo establecido en Puerto Rico para el sector privado vigente, conforme a la Ley 47-2021.

Otra pieza legislativa avalada por el Senado fue la Resolución Conjunta del Senado 329, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y la senadora por el distrito de Mayagüez, Ada García Montes, que ordena al Departamento de Educación cumplir con los protocolos de monitoreo de estudiantes desertores establecidos en la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, para evaluar las causas.

Además, pasó el aval del cuerpo legislativo la Resolución Conjunta de la Cámara 387 que busca asignar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal la cantidad de $78 millones, que serán distribuidos de manera equitativa entre los 78 municipios, a razón de $1 millón para cada uno con el propósito de financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracán Fiona.

De igual forma, se aprobó el sustitutivo al Proyecto de la Cámara 863 y 811 incorporando las enmiendas propuestas, tiene como propósito enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito, para ampliar a 15 días el término que tendrá el usuario de AutoExpreso para recargar su cuenta sin recibir una multa administrativa por no pagar el importe del peaje sin balance. También establece que la penalidad por no recargar durante ese periodo de 15 días será una multa fija de $15.

 

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