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La vista que celebró ayer la Junta Federal de Control Fisca contó con la presencia de Arthur J. González (izquierda), Ana Matosantos y David A. Skeel. >Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO

El pobre desarrollo de presupuestos basados en recaudos por parte de distintas administraciones es una de las causas que llevó al País a acumular una deuda ascendente a $74 mil millones, según los resultados del Informe de Investigación de la Deuda preparado por la agencia independiente Kobre & Kim y que fue discutido por el Comité Especial de Investigación de la Junta Federal de Control Fiscal en vista pública.

Durante la audiencia, que tomó lugar en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Ana Matosantos, Arthur González y David Skeel escucharon al equipo del investigador especial que informó que Puerto Rico no desarrolló presupuestos basados en recaudos, lo que llevó a generar más gastos que ingresos. Asimismo, sostuvo que el gobierno no estableció una infraestructura con recursos que contribuyeran a un manejo adecuado de las finanzas y que falló en optimizar el uso de auditores independientes.

“En lugar de implementar planes a largo plazo para estimular la economía de Puerto Rico, balancear el presupuesto y financiar el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) durante el Período Relevante, las ramas políticas y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) recurrieron a los mercados de deuda en busca de soluciones a plazos más cortos”, mencionó la firma.

Entre esas soluciones a corto plazo que llevaron a la deuda, Kobre & Kim resaltó la creación del impuesto sobre ventas y uso (IVU), parte del cual se utilizaría para garantizar las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina); la creación de acuerdos de permuta para generar efectivo para cubrir déficits presupuestarios; un aumento en la financiación del déficit y la emisión de bonos de Puerto Rico presuntamente garantizados por aportaciones al Sistema de Retiros.

“Las Entidades Gubernamentales de Puerto Rico incurrieron en miles de millones de dólares en deuda, pero no incluyeron dichas cifras al calcular cuán cerca estaba Puerto Rico de alcanzar su límite constitucional de deuda… El Banco Gubernamental de Fomento permitió que las entidades gubernamentales subsistieran con asignaciones del Fondo General, inyecciones de efectivo a corto plazo y ganancias generadas por los bonos”, sostuvo el investigador independiente.

Hilera de recomendaciones

El informe de 600 páginas y realizado a un costo de $16 millones, contiene recomendaciones específicas para varias de las entidades gubernamentales emisoras de la deuda, así como sugerencias para la elaboración de presupuestos, las prácticas de administración financiera, presupuestaria y contable del gobierno, las reformas de gobernanza de las utilidades públicas y la gestión de informes.

La firma de investigación fue enfática en que el gobierno debe recomponer las juntas de directores de las utilidades públicas para que se incluyan integrantes nombrados por el gobernador y profesionales independientes con plazos más largos y escalonados. Igualmente, recomendaron establecer juntas tarifarias independientes para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como enmendar la Constitución para que las deudas estructuradas bajo titularización de impuestos, como Cofina, cuenten para el cálculo del límite de la deuda constitucional.

El informe también sugiere adoptar un estatuto que requiera que los bonos o la estructura del emisor sean validados por un tribunal de jurisdicción antes de que se emita la deuda; adoptar un sistema de contabilidad y presupuesto conjunto y modernizado que incorpore controles automáticos de suspensión de pagos para las categorías presupuestarias agotadas; reducir permanentemente el porcentaje de activos de Puerto Rico en el que deben invertir los fondos en la Isla y hacer que la Oficina de Ética Gubernamental emprenda reformas específicas, incluida la implementación de un programa de denuncias o recompensas.

Que no se repitan los errores

“Las recomendaciones contenidas en el informe intentan evitar que Puerto Rico vuelva a enfrentar el tipo de crisis de deuda que enfrentamos ahora. La evaluación seria de estas recomendaciones es fundamental para garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir. Lo más importante es que (el informe) provee una base sólida para el trabajo que está por venir: resolver la deuda y los asuntos fiscales que tenemos ante nosotros, y para que el gobierno de Puerto Rico y su gente decidan qué cambios hacer para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Matosantos.

La firma indicó en la vista que, para poder obtener los resultados discutidos, evaluaron más de 250 mil documentos y entrevistaron a sobre 120 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno y personal de las agencias de calificación, cuyas identidades se mantendrán en el anonimato.